Van por compañías facturadoras de operaciones simuladas y que deducen operaciones falsas.

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia aprobaron el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; Ley de Seguridad Nacional; del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, referente a empresas fantasmas.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, indicó que el análisis, discusión y valoración de las tres Iniciativas se llevó a cabo en mesas de trabajo, donde se escucharon distintas posiciones e inquietudes respecto al contenido de las mismas para enriquecer e incluir las propuestas de las y los legisladores, del Consejo Coordinador Empresarial y de la Asociación Nacional de Bancos de México.

El documento establece que en la Iniciativa presentada por el senador Alejandro Armenta, del Grupo Parlamentario de Morena, propone incluir la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada al catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada.

Plantea combatir a los que evadan al Fisco Federal y combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y a las empresas que deducen operaciones simuladas, y a cualquier otra conducta delictiva de contenido económico.

Se propone adicionar en el artículo 5 de Ley de Seguridad Nacional, los delitos fiscales y el daño o perjuicio al Fisco Federal, toda vez que afectan las finanzas públicas del país y ponen en peligro su estabilidad o permanencia.

La Iniciativa del senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, propone aumentar las penas para quienes expidan o enajenen comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Busca imponer penas de cinco a ocho años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que posibiliten operaciones inexistentes. Además de tipificar el contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Dispone un cambio sustancial en el marco legal para lograr una mayor trasparencia, eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, mayor control y vigilancia por parte de las instancias competentes para prevenir, investigar, denunciar e imponer sanciones.

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