Será una constitución con un carácter feminista con pleno respeto a la libertad de expresión y de protesta, entre otros.

El Secretariado Técnico para el Análisis de la Reforma Constitucional del Estado de México analizó el Título Segundo ‘Del sistema de derechos humanos’, en el que se garantizan los derechos de la población en general, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la pluralidad de las familias mexiquenses, a la protesta social y al buen gobierno, el ejercicio periodístico, el disfrute de la ciudad y el acceso al agua potable.

En sesión del Tercer Periodo del Parlamento Abierto para la reforma constitucional, encabezada por Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general del Sectec, y conducida por Arturo Huicochea Alanís, vicepresidente de la Mesa Directiva del Parlamento Abierto, Rubén Islas Ramos, secretario técnico del Sectec, sostuvo que la nueva Constitución tendrá un carácter feminista, mientras que las y los parlamentarios destacaron que se deben garantizar los derechos de pueblos originarios y de las mujeres.

De acuerdo con el actual anteproyecto, los artículos están seriados de lo individual a lo colectivo y se basan en la territorialidad, lo que significa que cualquier persona que se encuentre en la entidad estará bajo el amparo de estos derechos, que serán inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, exigibles e irrevocables.

El título se basa en los principios pro persona, de igualdad y no discriminación, de perspectiva de género, de enfoque diferenciado (adultos mayores, menores, LGBT), y de protección a grupos en situación de vulnerabilidad, mientras que las autoridades deberán garantizar la aplicación de los derechos humanos, e investigar, sancionar y reparar su posible violación.

Se plantea que, ante la violación de estos derechos, la nueva Constitución otorgue protección, indemnización, reparación del daño y acceso a las acciones de inconstitucionalidad.

Durante la sesión las y los parlamentarios analizaron los derechos al desarrollo individual, a la Identidad, a la Identificación Digital Única, a la No Discriminación, a la Seguridad Jurídica, a la Protesta Social y a la libertad de expresión. Se incluyen el derecho a la Integridad y a la seguridad de las mujeres, sus derechos sexuales y reproductivos, los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como el derecho a decidir la forma, tipo y estructura de las familias, reconociendo su pluralidad y diversidad.

También incluye los derechos sociales y económicos, a la educación, a la cultura, a la alimentación y la nutrición, a la vivienda digna, a la ciudad, acceso al agua potable y saneamiento, buen gobierno y la administración pública, de acceso a la información pública y gubernamental, a la transparencia, a los beneficios del desarrollo tecnológico y científico, a la conectividad y los servicios de telecomunicaciones y los derechos digitales.

De las y los parlamentarios, David Rodríguez pidió precisar el alcance de la identificación digital única y establecer un límite en el derecho a la vivienda con respeto al medio ambiente; Sobre el derecho a la seguridad jurídica, Miguel Ángel Pavón propuso considerar la imputación de delitos y hacer precisiones sobre los derechos políticos y reproductivos de las mujeres, con focalización a las mujeres indígenas, y Nancy Mendoza pidió no integrar a los pueblos indígenas entre los grupos vulnerables.

Claudio Contreras propuso mayores precisiones respecto a la protección a los adultos mayores y el acceso al agua, así como garantizar el respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas; Elías Velázquez, propuso la protección de sustantividad en organizaciones policiales, y derechos de policías; Eugenia Hernández, pidió una educación desde una perspectiva bilingüe e intercultural, y puntualizar los mecanismos para otorgamiento de becas en este sector.

Ángel Castillo propuso lineamientos sobre postulaciones de grupos indígenas; Joaquín Vela, precisar derechos de las comunidades ejidales sobre sus tierras, así como la creación de empresas tripartitas que incluyan al sector social; Enrique Soteno, especificar los derechos colectivos de los pueblos originarios; Miguel Reina, reforzar la protección a los mantos acuíferos y que las comunidades indígenas se contemplen en la elaboración de los planes de desarrollo.

Anelís Reyes planteó mecanismos para garantizar los derechos de todas las comunidades indígenas; Juan Carlos Hernández, el fomento de principios y valores para la construcción de la democracia en infancias y adolescencias; Regino Héctor, solicitó el registro de más pueblos originarios y que sean así denominados, no indígenas; Rodolfo Soriano, privilegiar el ordenamiento ecológico antes que el urbano en lo referente al derecho a la Ciudad y considerar el alcantarillado en lo referente al acceso al agua.

Todas estas observaciones fueron registradas y mencionadas al final de las rondas de intervenciones por Estefany Posadas Márquez, secretaria de la Mesa Directiva del Parlamento Abierto y del Parlamento Abierto Regional.

Finalmente, Oscar Silva Macedo realizó la declaratoria de receso de estos trabajos, para reanudarse el 31 de octubre, luego de agradecer la participación del grupo técnico que realizó la propuesta de borrador.