Otumba e Ixtapaluca serían las sedes de los Centros Penitenciario de Reinserción Social.

La 60 Legislatura mexiquense recibió las iniciativas del titular del Poder Ejecutivo en las que le solicita autorice el financiamiento y las obligaciones que contraerá para desarrollar los proyectos de los Centros Penitenciario de Reinserción Social de los municipios de Otumba e Ixtapaluca, bajo el esquema de Asociación Público-Privada, de conformidad con lo establecido en la legislación en la materia.

Las diputadas Imelda López Montiel (PT) e Iveth Bernal Casique (PRI), vicepresidentas de la Directiva, dieron lectura a las iniciativas, en las que se señala que el objeto de ambos proyectos es ampliar la capacidad instalada de los centros penitenciarios, reducir la sobrepoblación y tener un costo-beneficio mayor que el obtenido cuando el Estado construye y mantiene su propia infraestructura, y se subraya además la importancia de considerar una asociación público-privada que brinde los servicios para centros penitenciarios con visión a largo plazo.

Las propuestas indican que los beneficios de los proyectos son significativos, y destacan entre estos la generación de mano de obra calificada a través de la capacitación de los internos para el trabajo, impulsando el desarrollo de actividades “laborterapeúticas” y fomentando una cultura de participación laboral activa al incorporarla al régimen ocupacional con el apoyo de diversas empresas, con la posibilidad adicional de que, al obtener su libertad, puedan desempeñar un oficio.

La iniciativa puntualiza que la Secretaría de Finanzas cumplió el requisito relativo a la evaluación y aprobación del dictamen de factibilidad presentado por la Secretaría de Seguridad, en su carácter de unidad contratante.

También especifica que el desarrollo de ambos proyectos es congruente con los requisitos y lineamientos señalados en la Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado de México y Municipios y su reglamento, al haber demostrado su viabilidad desde el punto de vista técnico, patrimonial, ambiental, jurídico, de rentabilidad social, de inversión, económico y financiero.

La propuesta fue remitida para su estudio a las comisiones de Seguimiento de la Operación de Proyectos para Prestación de Servicios, de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas.