La pobreza limita las oportunidades de aprendizaje, la integración de herramientas de utilidad para el futuro. Las infancias que viven en pobreza acceden a escuelas de menor calidad, además de que tienen menos acceso a servicios de salud y prevención, exponiéndolos a diversos riesgos.
La pobreza en América Latina y el Caribe tiene un claro sesgo intergeneracional: la incidencia de pobreza para el grupo de niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años es mayor en 19 puntos porcentuales que la del grupo de personas entre 35 y 44 años, y 31 puntos porcentuales más con respecto a personas de 65 años o más.
Para reflexionar sobre los impactos de la desigualdad económica en la vida de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe la iniciativa Tejiendo Redes Infancia realizó un Webinar, con la participación de Juan Martín Pérez García, Coordinador de la iniciativa #TejiendoRedesInfancia, Rodolfo Mendoza de Equidad en Perú y Orlando Scoppetta, Investigador en Colombia.
La cultura de desigualdad y “aporofobia”, que es el rechazo hacia la pobreza y las personas pobres, aumenta las exclusiones acumuladas que afectan los proyectos de vida de millones de niñas, niños y adolescentes, precisó Juan Martín Pérez.
Rodolfo Mendoza, precisó que la pandemia por Covid-19 ha visibilizado la situación de pobreza monetaria y desigualdad que atraviesa la niñez y sectores vulnerables, quienes son discriminados por razón de etnia o condición geográfica.
Para el investigador Orlando Scoppetta es necesario modificar la creencia de que la pobreza es inevitable, ya que representa una dificultad para la realización efectiva de derechos humanos y da lugar a la limitación de capacidades humanas y afectaciones en la esperanza de desarrollo, bienestar y calidad de vida.
Por su parte, Juan Martín Pérez, expresó preocupación ante las narrativas sociales enmarcadas en un positivismo tóxico, que refieren a la pobreza como resultado de la falta de esfuerzo o trabajo de madres y padres de familia para generar las condiciones y los ingresos suficientes para colocar a la niñez en condiciones de igualdad.
Para que el Estado haga frente a la situación de pobreza que atraviesan las infancias en la región, Rodolfo Mendoza sugirió que desde la sociedad civil y la academia es posible plantear alternativas o políticas públicas. “El rol del estado debe de cambiar a uno más activo que elabore estrategias más igualitarias y de bienestar que reduzcan las brechas de desigualdad”, dijo.
Desde la opinión de Orlando Scoppetta, existen cuatro elementos fundamentales que deben analizarse para comprender el impacto de la pobreza en la vida de la niñez. Es necesario realizar un análisis del contexto histórico y cultural, de la transformación tecnológica acelerada que pone en condición de desigualdad a los más vulnerables, la desigualdad estructural presente en diversos ámbitos y el rol del Estado como garante de derechos.
Los discursos políticos no necesariamente dan como resultado políticas públicas, por lo tanto, es indispensable que los ciudadanos pasen de un rol de espectadores a participes, comunicó Juan Martín Pérez: “Hemos avanzado en la formulación de legislación sobre los derechos de las infancias, pero a pesar de todo las disparidades siguen siendo fuertes, económicas y sociales. Las niñas y los niños que viven en pobreza tienen pocas oportunidades de dar un salto cuantitativo en su vida y que sus próximas generaciones puedan salir de pobreza”, reflexionó.
Los especialistas coincidieron en que la pobreza limita las oportunidades de aprendizaje, la integración de herramientas de utilidad para el futuro. Las infancias que viven en pobreza acceden a escuelas de menor calidad, además de que tienen menos acceso a servicios de salud y prevención, exponiéndolos a explotación o trabajo infantil.
Para hacer frente a la desigualdad económica que atraviesan niñas y niños en América Latina, la sociedad civil puede fomentar mejores experiencias sobre el gasto público en los Estados, en donde el ciudadano sea el eje, como una alternativa a la desigualdad, apuntó Orlando Scoppetta.
Finalmente, Juan Martín recordó que desde el Estado se deben impulsar políticas de gasto ético, en donde la asignación de recursos también mejore las condiciones de vida de la niñez.
