martes, abril 13, 2021
Autoridades simulan con familiares de los 13 emboscados

El gobierno del Edoméx debe pagar más de 9 millones de pesos en indemnización por las 13 víctimas masacradas en dos emboscadas en Coatepec Harinas.

Por Gabriela Landetta

“Justicia nada más –pido-, nadie me va a regresar a mi niño”, exclama llorando la madre de uno de los policías emboscados en Coatepec Harinas, el pasado 18 de marzo, mientras se aleja presurosa de la prensa”. “Que van a hacer lo posible por aclarar todo, pero eso siempre queda así, no hay nada”, comenta el padre de otra de las víctimas. “El armamento es muy obsoleto… hay tristeza, coraje, todo…”, declaró otro familiar, luego de reunirse en privado con el gobernador Alfredo Del Mazo.

María de Jesús Gómora, hermana de José Luis Gómora, policía de investigación que también perdió la vida en esos hechos, fue más tajante y exige que esto no quede impune “y que de verdad la Fiscalía General de Justicia refuerce a su gente porque los mandan en condiciones precarias a trabajar”, ya que dijo, hasta la gasolina tienen que poner de su bolsa para cumplir con sus actividades. Y no, señaló, no hay respuesta por parte de las autoridades mexiquenses.

En el encuentro en el que se rindió homenaje a los 13 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la entidad que perdieron la vida el jueves pasado, la hermana del elemento caído en cumplimiento de su deber le dijo al gobernador: “queremos justicia para mi hermano y sus compañeros, no queremos que esto vuelva a pasar”.

Los 13 elementos no perdieron la vida en una sola emboscada. De acuerdo con Iván Chávez, dirigente de la Asociación Civil Ciudadanos Uniformados, fueron dos ataques los que se perpetraron: “las autoridades estatales hicieron pensar que los 13 compañeros murieron en un solo evento; sin embargo ahora sabemos que no es así, murieron en dos eventos, estaban aisladas las unidades y eso es algo que no es posible porque es un hecho certero que la zona sur no puede patrullarse sin el equipo necesario y los mandaron al matadero”.

Es por ello que esta asociación civil pedirá que se investigue a los mandos responsables de haber enviado a sus hombres así: sin el equipo necesario y a una zona que, se sabe, es dominada por el narcotráfico, para que se levanten cargos contra quienes sean responsables. Pero también apoyarán a las viudas para que reciban lo que por derecho les corresponde en situaciones así y que no les pongan trabas administrativas.

“Las viudas fueron coaccionadas para que no se acercaran a nosotros. Les dijeron que les iban a dar todo el apoyo, pero eso ocurre siempre en este tipo de situaciones. Los consienten dos tres días para evitar el escándalo social y pues, al final, el trámite de pensión se alarga año o año y medio. Vamos a pedir que el gobernador gire instrucciones para que tanto Issesmym como la aseguradora que es Metlife no ponga trabas”, destacó Chávez.

De acuerdo al dirigente de Ciudadanos Uniformados, la indemnización que deben recibir las viudas de los elementos emboscados equivale a cinco mil días de salario mínimo. Esto equivale a 708 mil 500 pesos por cada uno de ellos, por lo que en total, las autoridades a través del Issemym y la compañía aseguradora (Metlife) tendrían que pagar en total 9 millones 210 mil 500 pesos, más lo correspondiente a daño moral.

“Las autoridades van a buscar la forma de ahorrarse todo el dinero que puedan, la indemnización es un derecho constitucional y además está plasmado en la Ley del Issemym, pero desgraciadamente las autoridades siempre están buscando cualquier documento, cualquier falla para no entregar las prestaciones” declaró Chávez y lo confirmó María de Jesús Gómora: en la reunión con Del Mazo no se tocó, para nada, el tema de la indemnización.

Después de las declaraciones a la prensa, los pocos integrantes de esta asociación civil que lograron llegar a la Plaza Cívica y algunos familiares de las víctimas que todavía estaban presentes se manifestaron frente a Palacio de Gobierno en demanda de justicia. Ignacio Chávez explicó a COMUNICADORESMX por qué no se tuvo mayor participación. “desde antier que se convocó, fueron amedrentados como siempre, les inventaron servicios ficticios, los amenazaron”.

Destacó que, en contraste, en entidades como Oaxaca, “si se manifestaron todos con sus patrullas porque allá el propio mando les dio la facilidad de que se manifestaran, se facilitaron las unidades para estar en la capital en demanda de sus derechos”. Mencionó que esto también sucede en Baja California y Morelos.

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