La iniciativa de los grupos legislativos del PVEM, MC y NA busca contrarrestar los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania: Juana Bonilla

Como una política ante el encarecimiento y desabasto de productos del campo y fertilizantes a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, el Congreso local aprobó reformas al Código Administrativo de la entidad para establecer que la Secretaría del Campo garantice la producción y distribución de productos agrícolas que se desarrollen en el territorio mexiquense, cuya prioridad sea el abasto y comercialización de consumo interno.

En sesión deliberante, el Congreso dio su aval por unanimidad a la iniciativa de las legisladoras María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, coordinadora e integrante del grupo parlamentario Verde Ecologista; las y los diputados Juana Bonilla Jaime y Martín Zepeda Hernández, integrante y coordinador legislativo de Movimiento Ciudadano, así como de Rigoberto Vargas Cervantes y Mónica Miriam Granillo Vargas, coordinador e integrante de la bancada de Nueva Alianza.

La legisladora Juana Bonilla expuso el dictamen, el cual establece que la Carta Magna señala que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y que le corresponde al Estado garantizarlo.

No obstante, debido al conflicto bélico, en México podrían escasear y subir de precio productos de alta demanda que usan abonos minerales o químicos nitrogenados provenientes de Ucrania, para cultivar maíz, trigo y arroz, “lo que nos lleva a prever cualquier situación de inestabilidad de mercado, así como garantizar la producción y distribución prioritariamente dentro de nuestra región”.

DESAUTORIZA EL CONGRESO SUBASTA DE DOS PREDIOS DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN

Por unanimidad, el Congreso mexiquense rechazó la solicitud del ayuntamiento de San José del Rincón para desincorporar dos inmuebles de su propiedad para ser enajenados mediante subasta pública y que los recursos que se obtuvieran se destinaran al cumplimiento de la obligación de pago derivado de las sentencias 672/2014 y 673/2014 promovidas por la empresa Ulsa Consorcio Urbanista e Inmobiliario, S.A. de C.V.

De acuerdo con el dictamen desaprobatorio, previamente avalado por la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal, que preside la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, al analizar por segunda vez esta petición se encontró que ambos inmuebles cumplen con funciones públicas que no pueden trasladarse a otros lugares, lo que implicaría una afectación al ejercicio del buen gobierno y a la población.