domingo, septiembre 26, 2021
Ayuntamientos cobijan a policías reprobados

Municipios del Edoméx pueden firmar responsivas de elementos policiacos que no aprobaron exámenes de control y confianza: Iván Chávez.

De acuerdo a la organización Causa en Común, cada día se asesina a un policía en territorio nacional y en lo que va del año se contabilizan 254 uniformados caídos. Con la actualización de datos al 13 de agosto, Guanajuato ocupa el primer lugar con 37 elementos, seguido del estado de México con 31, le sigue Chihuahua con 22, mientras que Veracruz y Zacatecas contabilizan 18 homicidios de policías cada uno.

En la mayoría de los casos, los homicidios se presentan por la falta de capacitación de los elementos y sobre todo por carecer de portación de armas, “salen a arriesgar su vida y la de las personas a su alrededor, pues en un enfrentamiento los matan, porque no les dan armas”, sentencia Iván Chávez, presidente de Ciudadanos Uniformados AC.

Para proporcionar a los elementos de las diferentes corporaciones policiacas del país del equipo necesario para hacer frente a la delincuencia, es obligatorio dotarlos de capacitación a fin de que aprueben los exámenes de control y confianza y lo más importante, obtengan su Certificado Único Policial (CUP).

En caso de que no aprueben la primera etapa que tiene que ver con los exámenes de control y confianza, se tendrían que iniciar los trámites para darlos de baja pero “desafortunadamente el procedimiento de separación de policías es un tema muy complicado para las Comisiones de Honor y Justicia de los ayuntamientos de todo el país, porque desconocen cómo se lleva a cabo el proceso cuando no aprueban los exámenes, hay mucho desconocimiento”.

El presidente de Ciudadanos Uniformados, explicó que en el estado de México, soló los municipios de Nezahualcóyotl y Tecámac tienen bien constituidas sus Comisiones de Honor y Justicia, pero en el resto de los municipios desconocen los procedimientos teóricos y prácticos para dar de baja a elementos que reprueban los exámenes de control y confianza e incluso esas comisiones ni siquiera existen en varias demarcaciones a pesar de que lo exige la ley.

Puso como ejemplo los municipios de San Mateo Atenco y Aculco, en donde varios de sus elementos ganaron un amparo contra el procedimiento de baja por no aprobar las evaluaciones de Control y Confianza “y esto pasa porque para esas encomiendas, contratan a sus familiares, a sus compadres y eso provoca que no tengan los conocimientos para enfrentar este tipo de situaciones”.

Tampoco se les demuestra a los policías que presentaron las cinco etapas de las evaluaciones en dónde estuvieron los errores que los llevaron a reprobar los exámenes, no les proporcionan copia de los resultados.

Además, explicó Iván Chávez, “a los compañeros muchas veces se les cita a realizar los exámenes cuando van terminando su jornada de 24 horas de servicio, sin desayunar, desvelados y así cómo quieren que vayan con la mejor actitud, luego los amedrentan y ni siquiera pasan el primer filtro”.

LA TRAMPA

Para solventar este tipo de enredos, el Centro de Control y Confianza, organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad del estado de Mexico, permite que los alcaldes firmen una responsiva de los elementos que hayan reprobado, a fin de que sigan trabajando.

“La mitad de los policías de una corporación reprueba el examen, pero el ayuntamiento les proporciona una constancia de que ahí trabajan  e incluso les da armas; lo peor es que hay alcaldes que tienen a gente armada que no está inscrita en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que operan como escoltas y directores que en algunas ocasiones resultan ser psicópatas, mentirosos, etc”.

El también abogado de policías, reiteró que es un red de corrupción y complicidades al interior de las corporaciones que no permite avanzar y contar con el Certificado Único Policial, es por ello que el 26 de agosto se realizará un foro virtual en la Cámara de Diputados federal en el que se abordará el tema de la certificación policial, la reforma laboral en seguridad pública y la militarización de la seguridad que pretende instaurar el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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