De tres meses a seis años de prisión a quien adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

El pasado mes de abril, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al Código Fiscal de la Federación con el propósito de endurecer las sanciones para aquellos que expidan o vendan facturas falsas.

Se trata de la reforma al artículo 113 y la adición del 113 Bis, en los que se establece una sanción de tres meses a seis años de prisión a quien adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, y de tres a seis años de cárcel a quien expida o enajene los mismos.

En este sentido, Leopoldo Antonio Núñez González ex presidente del Colegio de Contadores y auditor de Gestión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, explicó que la sanción involucra tanto al que compra como al que vende, por ejemplo: “si realizas una operación real con una empresa a la que le compraste cinco computadoras y te emitió factura, tienes un comprobante de esa transacción, pero si esa misma empresa efectúa por otro lado una operación ficticia, cuando la descubran la van a tipificar como una EFOS (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas) y entonces tu facturación quedará inválida, lo que te deja sin la deducibilidad de tu compra”.

En cuanto al decreto presidencial que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación para eliminar la condonación de impuestos a grandes empresas, Núñez González consideró que muchos pequeños contribuyentes quedaron en la indefensión, pues se apegaban a este beneficio no por evasión, sino por errores en su contabilidad. “No hay que satanizar la condonación, lo que es criticable es que se aplique de manera sesgada y brindando privilegios sólo a ciertas empresas”, sentenció.

Cabe recordar que la jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, informó que, en los últimos dieciocho años se condonaron impuestos por 400 mil 902 millones de pesos (valor actual), a 153 mil 530 contribuyentes, con base en esquemas de condonación de adeudos sobre contribuciones, multas y recargos, distintos a lo que prevé el Código Fiscal de la Federación que dispone en qué casos excepcionales podría el Titular del Poder Ejecutivo permitir esa medida.

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