El PAN propone reformas al Código Penal para quien obtenga un beneficio indebido.

El Grupo Parlamentario del PAN en la 60 Legislatura, a través de los diputados Edgar Armando Olvera Higuera y Karla Leticia Fiesco García, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México para imponer una pena de 2 a 12 años de prisión y de 70 a 150 días de multa, así como la destitución e inhabilitación que corresponda al servidor público que retenga cuotas o aportaciones pertenecientes al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).

Estas sanciones también se aplicarían cuando se obtenga beneficio indebido con perjuicio al Instituto y a los servidores públicos, destaca el documento presentado en sesión plenaria presidida por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez (morena).

En sesión plenaria presidida por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez (morena), el legislador Edgar Olvera estableció que de este modo Acción Nacional busca garantizar el acceso a la salud y a un retiro apropiado, derechos fundamentales para una vida digna, así como fortalecer las finanzas del Issemym, porque es a través de instituciones fuertes como el gobierno puede cumplir sus funciones.

La propuesta fue remitida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su dictamen.

PLANTEA EL PRD AGRAVAR SANCIONES POR VIOLENCIA OBSTÉTRICA

A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Araceli Casasola Salazar presentó una propuesta de reforma al Libro Segundo del Código Administrativo, así como al Código Penal, ambos del Estado de México, para erradicar la violencia obstétrica en la entidad y establecer penas de uno a cinco años de prisión y de 30 a 150 días de multa, además de la destitución del cargo e inhabilitación de dos a ocho años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos a quien cometa este delito.

La legisladora dijo que la violencia obstétrica es una forma de inequidad de género y de violación al derecho a la protección de la salud como garantía social, muchas veces ignorada en el Estado de México, la cual se puede expresar en un trato deshumanizado por parte de los profesionales de la salud públicos o privados relacionado con los procedimientos que conlleva un embarazo; abarca desde el periodo de gestación hasta el posparto.

Casasola Salazar también llamó a la 60 Legislatura a analizar y dictaminar las iniciativas que proponen la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de embarazo y la Ley de Amnistía a favor de las mujeres privadas de su libertad por el delito de aborto en el territorio mexiquense, ambas presentadas por el Grupo Parlamentario del PRD en marzo y abril de este año y hasta la fecha sin dictamen.

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