miércoles, junio 23, 2021
Cárcel para tres responsables de maltrato infantil

Ingresan a un penal estatal tres personas investigadas por el maltrato a un menor de edad con discapacidad en Huehuetoca.

Elementos de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) ingresaron a un Penal Estatal a Isabel “N”, Lucia “N” y Jonathan “N”, investigados por su probable participación en el delito de violencia familiar en agravio de un menor de 12 años de edad, que tiene una discapacidad.

Los tres detenidos quedaron a disposición de un Juez, quien habrá de determinar su situación legal, sin embargo, se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Isabel “N”, Lucia “N” y Jonathan “N” fueron detenidos derivado de una denuncia ciudadana dada a conocer en redes sociales, mediante la cual se alertó que un menor de edad con discapacidad, al parecer era golpeado por sus familiares, encerrado en una zotehuela de una vivienda del Fraccionamiento El Dorado, en este municipio, en donde era bañado con una manguera y estaba descalzo.

Por ello, elementos policiacos se trasladaron a un inmueble referido en Huehuetoca, donde fue rescatado el menor, además fueron detenidas dos mujeres y un hombre, los cuales fueron remitidos al Centro de Justicia de la zona. Derivado de la puesta a disposición de estas personas ante el Representante Social, personal de la FGJEM llevó a cabo diversas diligencias en el inmueble señalado y realizó entrevistas a vecinos de la zona, los cuales refirieron que el menor era maltratado por sus familiares.

Aunado a ello, la víctima fue certificada medicamente, con lo que se pudo establecer que presenta el síndrome de Kempe, por omisión de cuidados y maltrato físico, ya que tiene cicatrices de lesiones no recientes.

Todas estas diligencias fueron integradas a la carpeta de investigación iniciada por el delito de violencia familiar, en tanto que los probables partícipes de estos hechos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde la Autoridad Judicial determinará su situación jurídica.

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