lunes, noviembre 4, 2024
Carreteras mexiquenses, herencia corrupta de Peña y del Mazo

Por contratos ventajosos firmados en administraciones pasadas, el gobierno del Edomex paga millones a empresas que no dan mantenimiento a carreteras.

Cuando miles de automovilistas mexiquenses y usuarios del transporte público de pasajeros escuchan los nombres de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Alfredo Del Mazo Maza (2017-2023) saben perfectamente que fueron gobernadores del PRI, pero ignoran que las pésimas condiciones en que se encuentran las principales vialidades por donde circulan millones de automóviles tiene su origen en los contratos absolutamente ventajosos que otorgaron a dos entes privados: “Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades” y “Conservadora Mexiquense de Caminos del Sur”.

Mario Ariel Juárez Rodríguez, titular de la Junta de Caminos del Gobierno del Estado de México, ente público desconcentrado que en teoría tiene la obligación de dar mantenimiento a las denominadas vías primarias como Periférico, López Portillo, Adolfo López Mateos, Paseo Tollocan, entre otras 67 vías, aproximadamente, precisó que el presupuesto que año con año llega a la dependencia, 2 mil 680 millones de pesos, prácticamente, en su totalidad, se le entrega a dichos prestadores de servicios, “Empresa” y “Conservadora” a raíz de los contratos que detentan por 20 y 12 años, respectivamente.

En entrevista con Luis Pantoja Ríos, periodista y titular del programa “De Análisis” que se transmite de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas por la plataforma de información https://comunicadores.mx/ Ariel Juárez explicó que esas dos empresas fueron las ganadoras de los procesos de licitación que en su momento lanzó el gobierno estatal cuando tenía al frente a los referidos ex gobernadores priistas.

El ex alcalde y actual diputado local con licencia de Morena, asumió el cargo de la Junta luego de que la gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez lo invitó a encabezar dicho órgano desconcentrado, puntualizó que en teoría dichas empresas tienen la obligación de mantener en perfectas condiciones las vías de comunicación primarias, ya que ganaron el concurso en los referidos sexenios-.

Dichos contratos “ventajosos” se los asignó el GEM bajo la figura financiera “Proyecto para la Prestación de Servicios” (PPS) y “Asociación Público Privada” (APP).

En el primer esquema financiero, precisó Ariel Juárez, el ex gobernador Peña Nieto otorgó un PPS a la “Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades”, el contrato fue por 20 años de vigencia y un monto de 7 mil 980 millones de pesos, el periodo del “servicio” se pactó de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2032.

En el primer año dicha empresa se comprometió a dar una conservación inicial y durante los restantes 19 años el esquema de mantenimiento sería permanente, ininterrumpido y bajo programación, es decir cuando ellos quisieran y no cuando la carretera o vialidad lo necesitará.

Ese contrato aplica para las vialidades más importantes de todo el Estado de México.

En el caso del segundo esquema financiero del que echo mano el gobierno priista de Alfredo Del Mazo, explicó el titular de la Junta, fue la APP que ganó la empresa denominada “Conservadora Mexiquense de Caminos del Sur”.

A dicho corporativo se le otorgó un contrato por 13 mil 38 millones de pesos y el periodo acordado de servicio fue del 19 de mayo de 2021 al 19 de mayo de 2033, es decir durante esos 12 años, en teoría, dicha empresa realizaría, en los primeros 2 años un esquema denominado rehabilitación inicial y durante los 10 años restantes del contrato un proceso de conservación.

Y entonces ¿Por qué no cumplen con el contrato y dan mantenimiento a las vialidades primarias? para mantenerlas en buenas condiciones, se le cuestionó.

Ariel Juárez explicó que dichos contratos fueron firmados por funcionarios de esos gobiernos y avalados por los referidos ex gobernadores, pese a saber perfectamente que las empresas tenían un gran número de ventajas ante el Gobierno del Estado de México.

Ejemplificó lo anterior puntualizando que en caso de que el gobierno estatal se inconforme e incluso demuestra que no se esta cumpliendo el esquema de mantenimiento de determinadas vías de comunicación, dichas empresas pagan una multa “menor” y el problema no pasa a mayores, es decir no se les puede rescindir el contrato porque el gobierno mexiquense estaría obligado a seguir pagando la mensualidad en tanto se desarrolla el juicio.

Lo anterior, profundizo, pese a que los trabajos de mantenimiento se detuvieran por completo, es decir el GEM está prácticamente imposibilitado de proceder legalmente contra las empresas por el mal servicio que están otorgando y ante ello se está en la búsqueda de un buen acuerdo y se desarrollan mesas de trabajo con los representantes de ambos corporativos.

Ariel Juárez recordó que al asumir las riendas de la Junta de Caminos y detectar las graves irregularidades en las que se estaba incurriendo, inició con un esquema de supervisión y ello permitió que las empresas pagaran, por primera ocasión desde que detentan los contratos, una especie de sanción económica, identificada como deductivas, por aproximadamente 25 millones de pesos en el caso de la APP (de octubre 2023 a mayo de 2024).

Juárez Rodríguez dijo que eso fue posible a partir de demostrar a las referidas empresas que los trabajos no se habían realizado o simplemente incurrieron en alguna irregularidad.

Recordó que, en el caso de las malas condiciones de la cinta asfáltica en un gran número de tramos de periférico norte, esto tiene su origen bajo el argumento de que la construcción de lo que se conoce como segundo piso de periférico, generó afectación a dicha cinta de rodamiento y la empresa que detenta ese PPS, colocó en estatus de “no disponible” el esquema de mantenimiento y supervisión.

Un argumento que el contrato se lo permite y ante eso el GEM no puede hacer nada porque así estaba pactado en una de las cláusulas.

Cuando es un tema ajeno a la empresa (edificación de segundo piso de periférico, escurrimientos de agua y otras circunstancias) el contrato establece la no disponibilidad, dijo Ariel Juárez.

Por ello, y muchas otras circunstancias, sostuvo que la firma de esos contratos estuvo diseñados para beneficiar, económicamente, a dichas empresas y no para brindar un servicio a los miles de automovilistas.

No son contratos que podamos parar, insistió y por ello recordó que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, le dio instrucciones de acordar con dichas empresas la prestación de un buen servicio con la única finalidad de no generar más afectaciones a las y los miles de automovilistas que circulan por dichas vialidades.

Por último, Ariel Juárez puntualizó que el GEM paga al mes 150 millones a la APP y 71 millones al PPS. Montos que prácticamente consumen la totalidad del presupuesto anual que tiene la dependencia y por ello le queda muy poco recurso-dinero para bachear, reencarpetear algunas vías de comunicación y/o hacer un mantenimiento profundo.

Al año nos quedan 240 millones para pagar gastos operativos, bachear, pagar salarios y prestaciones de todo el personal, entre otros gastos básicos.

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