viernes, marzo 29, 2024
Caso Atenco, sinónimo de impunidad

Han pasado 16 años de las agresiones contra ejidatarios y mujeres de Atenco y no han sido sancionados los que dieron la orden a los policías de atacar.

A 16 años de registrarse las agresiones contra vecinos del municipio mexiquense de San Salvador Atenco donde de acuerdo con sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Corte Interamericana (CI), funcionarios adscritos a dependencias del Gobierno del Estado de México y federal, cometieron conductas delictivas y abusos de autoridad, entre los que están tortura, violación de mujeres y lesiones, entre otros, las víctimas siguen a la espera de justicia, precisó Ivette Galván, Coordinadora del área de defensa del Centro Prodh.

En entrevista con Luis Pantoja, periodista y director general de la plataforma informativa https://comunicadores.mx/  por donde se transmite, de lunes a viernes de 13:00 a 15:00 horas, el programa De Análisis, la licenciada en derecho Ivette Galván explicó que no se registran avances porque altos funcionarios del gobierno del Estado de México y en especifico de la Fiscalía estatal, se siguen negando a entregar todos los expedientes que están bajo su resguardo.

A través de dichos documentos (peritajes, declaraciones, ordenes, indagatorias, pruebas, nombres, fechas, datos, procedimientos, ordenamientos, diligencias, entre otros) se podría tener accesos a la justicia, ya que se establecería con precisión las responsabilidades de cada uno de los funcionarios mexiquenses que intervino en dicho operativo que derivo en múltiples abusos de la autoridad hacia la población.

El Gobierno del Estado de México se ha negado a entregar la documentación bajo el argumento de que en ese 3 y 4 de mayo de 2006 donde se implementó un operativo de 1,800 policías estales y 700 federales, nunca se actuó en coordinación.

Es decir, la autoridad mexiquense esgrime que las dependencias de ambos niveles de gobierno, estatal y federal, no realizaron maniobras y acciones conjuntas.

Postura que entre otras situaciones ha evitado la emisión de sentencias contra funcionarios que cometieron conductas delictivas durante el referido operativo.

Pretexto inadmisible porque todos observamos que existió una coordinación absoluta en el operativo implementado contra la población, el cual derivó en las conductas delictivas en agravio de los ciudadanos mexiquenses de San Salvador Atenco.

Ivette Galván explicó que parte de la sentencia de la Corte Interamericana emitida al gobierno mexicano, establece que se debe investigar el caso de manera integral, sistemática, completa y con perspectiva de género.

A partir de dicha exigencia la Fiscalía General de la República solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que entregara todos los expedientes, pero los funcionarios mexiquenses se han negado a esa exigencia, puntualizó la abogada.

“La actitud y la postura de la Fiscalía del Estado de México es no entregar la investigación a la Fiscalía General de la República y seguirla conservando aduciendo que no había conexidad de delitos, que quiere decir esto, que no estuvieron en contubernio, en contacto las distintas corporaciones del Estado de México (participantes del operativo) con policía federal… argumenta que son hechos aislados, en un operativos que todos sabemos fue coordinado por el gobierno estatal y federal”, precisó la representante del Centro Prodh.

Al contar con todos los expedientes del caso que están en posesión del gobierno estatal se podría tener acceso a la cadena de mando, lo que significaría que la sociedad podría conocer quien giró las ordenes para realizar el operativo de determinada manera.

Es de destacar que todo inició cuando el 3 y 4 de mayo de 2006 un grupo de floristas protagonizó un conflicto, por lo que policías federales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco del Estado de México.

El dispositivo implementado fue contra activistas y personas que se habían solidarizado con el movimiento social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que en ese momento estaban apoyando a los floristas.

El operativo se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza y ello desencadenó la muerte de dos jóvenes: Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Ollin Alexis Benhumea, de 20.

Así como la detención de 217 personas, de las cuales algunas fueron torturadas.

Entre los detenidos estaban 47 mujeres, que en su mayoría sufrieron tortura sexual a manos de los policías en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión.

Los agentes aprovecharon la situación de incomunicación y vulnerabilidad de las detenidas bajo su custodia para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico, así como amenazas de muerte y de hacer daño a sus familias; 26 de las mujeres reportaron estas agresiones al ingresar al Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) “Santiaguito” de Almoloya de Juárez, sin que fueran atendidas debidamente.

Los hechos fueron denunciados y la tortura fue documentada por expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).

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