jueves, marzo 28, 2024

El legislador celebró la postura de apertura y diálogo del Presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi.

Tras la postura de rechazo de la fracción del PAN en la Legislatura local a la intención de aprobar una Ley de Amnistía para el Estado de México, el diputado Max Correa Hernández consideró que es una actitud clasista, que una vez más ignora a los más pobres y vulnerables que están presos injustamente y porque no pudieron comprar su libertad.

En la primera reunión de comisiones legislativas para definir una ruta hacia la discusión de cuatro iniciativas sobre el tema, una de ellas propuesta por Morena, la diputada Ingrid Krasopani consideró que en medio de la pandemia, agravaría la crisis de salud y económica, y es de mayor prioridad un paquete económico que beneficie a los empresarios y trabajadores.

Al respecto, Correa Hernández apunto que precisamente porque hay pandemia se justifica la necesidad de despoblar en la medida de lo posible los penales, y que es recomendación de organismos internacionales en materia de derechos humanos por el hacinamiento que se vive en las cárceles.

“La diputada dice no necesitamos que salgan de las cárceles por la pandemia, sino más dinero para los empresarios, así lo argumentó. Ahí están las visiones clasistas de la derecha, un odio a las personas vulnerables, un desprecio a quienes lamentablemente están privados de su libertad, pero que tienen derechos humanos”.

Reiteró que la Ley no busca liberar delincuentes sino a aquellas personas que están presas de forma injusta, a quienes se les violó el debido proceso o sus derechos humanos, y fueron acusados de un delito que no cometieron.

“Son personas que no pudieron comprar su libertad, porque lamentablemente la procuración de justicia en el Estado de México es un ejercicio para personas vulnerables de una verdadera extorsión, porque no le pudieron pagar a un ministerio público o a un juez”, acusó el morenista.

Lamentó que la bancada panista justifique su rechazo a que se otorgue amnistía a mujeres que han ejercido su derecho a abortar, argumentando que no hay ninguna mujer privada de su libertad por esta causa, cuando diversos organismos han demostrado que en el Estado de México son más de 100 las que han sido encarceladas desde 2018 a la fecha, y tan solo 10 han sido detenidas entre enero y febrero de este año.

Y la Ley de Ejecución de Penas a la que apela la fracción panista, en lugar de la Amnistía, como medida para hacer justicia, y ejecutar la pre liberación, significaría que una persona acusada de un delito que no cometió, tendría que admitir su culpa, lo cual sería una contradicción con la justicia que se busca.

Mientras que en el caso de los indígenas injustamente presos, el tema no se resolvería con la asignación de un traductor como lo argumentan los diputados panistas, pues si en su momento no ocurrió, se violó el debido proceso y entonces deberían quedar en libertad.

Max Correa confió en que pese a estas muestras de rechazo, la Ley de Amnistía saldrá adelante y se construirá una ley que sirva, mediante un parlamento abierto en agosto, y la consulta con especialistas, víctimas, colectivos, los poderes Ejecutivo y Judicial, y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

HAY SENSIBILIDAD DEL PODER JUDICIAL CON LAS VÍCTIMAS

El legislador celebró la postura de apertura y diálogo del Presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi para escuchar a los manifestantes y abrir una mesa de diálogo a quienes demandan revisión de casos complicados de personas injustamente presas.

“Es una buena señal de sensibilidad del nuevo presidente del Poder Judicial que espero se traduzca en una simpatía y beneplácito a nuestra iniciativa de Ley de Amnistía”, indicó Correa.

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