La lucha contra la corrupción empieza por entender la norma tanto en lo sustantivo como en lo procesal.

Para combatir la corrupción con mayor eficacia son necesarias leyes más duras que permitan considerar a los corruptos como enemigos de la sociedad sujetos a normas de excepción o “de condiciones de guerra”, planteó Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al presentar en la sede de la 60 Legislatura mexiquense la conferencia magistral “La necesidad de la implementación del funcionalismo jurídico para el combate a la corrupción”, la especialista con estudios jurídicos en España, Italia y Alemania señaló que el derecho penal mexicano que combate este flagelo es demasiado laxo y garantista, lo que facilita a quienes cometen actos de corrupción evitar la justicia o enfrentar sanciones irrisorias.

Ante el diputado independiente Carlos Loman Delgado, quien al clausurar la exposición apuntó la dificultad de transitar a un nuevo modelo jurídico como el expuesto, la autora de libros en la materia, como Derecho administrativo sancionador en el Sistema Nacional Anticorrupción, se pronunció por anteponer la perspectiva funcionalista del derecho para aceptar que un corrupto debe considerarse en términos jurídicos como una no-persona, un sujeto al que se le pueden restringir derechos.

Explicó, frente a la legisladora Juliana Felipa Arias Calderón y Roberto Téllez Monroy, presidente municipal de Atlacomulco, que desde el funcionalismo una persona jurídica sólo lo es quien cumple con la norma, cuando no, entonces pierde esa condición y debe tratarse desde la perspectiva del denominado “derecho penal del enemigo”. Esto no implica que pierda todos sus derechos, pues podrá acceder todavía a un proceso legal y a la presunción de inocencia.

Con la presencia de Homero Segura Gasca, representante de la Fiscalía General Anticorrupción de la entidad, afirmó que lo anterior es posible ya que el marco jurídico mexicano sí contiene tanto el enfoque garantista como el funcionalista, pero de manera imprecisa, por lo que debe promoverse que el funcionalista se adopte mayormente.

Añadió que la lucha contra la corrupción empieza por entender la norma tanto en lo sustantivo como en lo procesal, iniciar una investigación a fondo de todos los servidores públicos, eliminar el fuero y los derechos político-electorales, además de invertir, y mucho, para otorgar buenos sueldos a los investigadores y capacitarlos, entre otras medidas.

Con la asistencia de servidores públicos del orden estatal y municipal, además de estudiantes del IUEM y la Universidad Azteca, el contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, promotor de la conferencia, señaló que se han presentado denuncias por 53 caos de nepotismo en las administraciones locales, y dijo que en el servicio público importan los perfiles para que los cargos sean ocupados por las personas idóneas, pero también, la responsabilidad, la disposición y la ética de los sujetos.

Celebró que se haya atendido la convocatoria a escuchar a la ponente, porque significa que algunos servidores sí valoran la importancia de actualizarse y capacitarse. Es necesario, abundó, superar la desidia, e invitó a quienes no se sientan a gusto en el servicio público a que busquen oportunidades en otros espacios.

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