El combate a la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en el sector público, es una de las tareas fundamentales de la 60 Legislatura mexiquense.

Se tiene como objetivo reconstruir el tejido social mediante un marco jurídico moderno, que incluya las demandas y propuestas de la sociedad, señaló el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Al inaugurar el foro ‘La transparencia y el combate a la corrupción: hacia el empoderamiento ciudadano’, organizado por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, apuntó que la corrupción es una de las principales causas de descomposición social y degradación moral, de tal manera que lo que toque hacer a los diputados para su combate y erradicación “lo haremos con plena conciencia”.

Después de señalar que la 60 Legislatura se integra con representantes de distintas fuerzas y experiencias de lucha social y política, afirmó que la generación del entramado jurídico por el que transitan las actividades de la sociedad, salvaguardando el derecho a la vida digna y construyendo las mejores condiciones de convivencia, pasa por un diagnóstico preciso del tiempo actual, que es “un momento estelar en la historia del país, de transición en la que participamos todos”.

En el primer panel denominado ‘La transparencia y la rendición de cuentas: casos exitosos en México y en el mundo, aportaciones de la sociedad civil’, que coordinó la diputada Liliana Gollas Trejo, Daniel Rosemberg Cervantes, de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) indicó que los gobernantes están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía, que la transparencia busca impedir que los intereses privados se apoderen de lo público y que esta puede promover el reequilibrio del poder a fin de empoderar a los ciudadanos.

Propuso, además, una herramienta para la ejecución de la transparencia en los gobiernos municipales, que propone evaluar aspectos como los gastos de comunicación social, la deuda municipal, las obras públicas realizadas, el estado de las licitaciones públicas, la participación ciudadana, la publicación de actas del cabildo y la existencia del cabildo abierto.

Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red de Rendición de Cuentas (RRC), puntualizó que esta práctica es el mejor antídoto para la corrupción, por lo que destacó la importancia de prestar atención en cómo los municipios distribuyen los puestos públicos, a qué destinan los recursos públicos, en su toma de decisiones y en sus sistemas de justicia, además de señalar que debe promoverse la profesionalización de los servidores públicos.

Mayte García Miravete, de Coparmex Metropolitano, llamó a evaluar a fondo la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, ya que presenta omisiones y lagunas que impiden un funcionamiento más firme, mientras que Palmira Tapia Palacios, presidenta del CPC del Sistema Estatal, apuntó que el modelo es perfectible pero advirtió que la nueva narrativa contra la corrupción podría fallar porque la fuerza punitiva que se propone no será suficiente para su erradicación.

Leonor Quiroz, también del CPC del Sistema Estatal, expuso como propuestas de reforma legal ampliar la presencia de ciudadanos en el Comité, que sus recomendaciones sean vinculantes y directas, que la Secretaría Ejecutiva del Sistema ayude al Comité con insumos y apoyo técnico, que los contratos por honorarios de sus miembros sean blindados, exentar a municipios que no cuentan con la capacidad de instalación y se les preste apoyo y que la sede no sea Toluca, sino cualquier municipio según se requiera.

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