jueves, septiembre 24, 2020
Congelan más de siete mmdp en cuentas vinculadas con posibles casos de lavado de dinero

No hay en México ni en el mundo una metodología para poder medir el volumen de recursos ilícitos: Santiago Nieto Castillo

Ante diputadas y diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, afirmó que hay graves problemas vinculados con lavado de dinero y que los centros cambiarios tienen alto riesgo de ser infiltrados por grupos delincuenciales.

​Especificó que las actividades más vulnerables son las relacionadas con obras de arte, adquisición de vehículos, metales y piedras preciosas, joyas, relojes y los servicios de blindaje de vehículos.

Durante la reunión virtual, Nieto Castillo destacó que las amenazas más importantes que se encontraron en la Evaluación Nacional de Riesgo 2019-2020 fueron: delincuencia organizada, corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados en el país. Además, advirtió, hay una transición de la delincuencia del ámbito físico hacia el cibernético, derivada de la pandemia por el COVID-19.

Esta evaluación llevó a generar la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, con los elementos de prevención, inteligencia, procuración de justicia, coordinación institucional y supervisión, precisó.

En su intervención inicial para dar a conocer la Evaluación Nacional de Riesgo 2019-2020, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, reconoció que se tienen graves problemas vinculados con lavado de dinero, como pueden ser trata de personas, tráfico de armas y de drogas, además de la porosidad en las aduanas.

Sobre el sistema financiero, dijo que se recibieron 9.8 millones de reportes relevantes e inusuales correspondientes al periodo de 2018; se tiene un igual número en 2019 y, si bien habrá una reducción en 2020, por la pandemia, “lo cierto es que sigue habiendo una enorme actividad”.

Estos son: reportes de operaciones con más de siete mil 500 dólares en movimiento; los inusuales y los de operaciones internas preocupantes vinculadas con trabajadores del sector bancario, agregó.

Mencionó que la banca múltiple tiene un riesgo alto de 97 por ciento de ser infiltrada y utilizada por grupos para lavar dinero, así como la banca múltiple relacionada con centros cambiarios, debido a la cantidad de operaciones, usuarios y montos.

En cuanto a las actividades vulnerables, expuso, se presentaron cuatro millones de avisos en 2018 y 5.2 millones en 2019, lo que implica que va aumentado. Los mayores riesgos están en los relacionados con obras de arte; adquisición de vehículos aéreos, marítimos o terrestres; metales y piedras preciosas, joyas o relojes, y los servicios de blindaje de vehículos, sobre todo los de alta gama.

Nieto Castillo resaltó que aumentó de forma significativa la operación de ciertos grupos delincuenciales; hay 19 organizaciones delictivas y dos de naturaleza supranacional “Jalisco Nueva Generación” y “Sinaloa”. Hay alta gama de delitos de estos grupos, entre ellos, tráfico de drogas, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y personas, e incluso el tráfico ilegal de especies.

“Se debe mantener la cero tolerancia a estos grupos, a partir de un esquema de revisión de inteligencia financiera que pueda bloquear y congelar cuentas a estos grupos delictivos”, añadió.

De 2016 a 2019 se había hecho un bloqueo de 5 mil 333 millones de pesos. Tenemos, en la administración del presidente López Obrador, 7 mil millones de pesos bloqueados y aumentaron las carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República relacionadas con el robo de hidrocarburos.

En este tema, expuso, aumentó en 117 por ciento en el número de tomas clandestinas y las pérdidas por robo de combustible llegaron, en 2018, a 66 mil 300 millones de pesos; básicamente se perdían 80 mil barriles diarios en noviembre de 2018 y hoy es entre 4 y 6 mil barriles.

La otra amenaza, resaltó, es la relacionada con el nivel de recursos ilícitos generados en el país, “no hay en México ni en el mundo una metodología para poder medir el volumen de recursos ilícitos”.

En cuanto a la corrupción, dijo, es el eje fundamental del Estado. Añadió que los principales indicadores son: desvío de recursos públicos, peculado, financiamiento privado ilegal, financiamiento del crimen organizado, flujo de dinero, uso de facturas apócrifas, facturación simulada de empresas, empresas fachada, sobrecosto y descuentos de nómina.

“El tema central es la relación con la Fiscalía Especial de Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral; tenemos un sistema electoral fuerte; sin embargo, uno de los temas que se debe revisar es evitar el financiamiento ilícito”, añadió.

El titular de la UIF resaltó que se debe evitar el financiamiento a campañas electorales vía narcotráfico, vía peculado electoral y que no haya aportaciones de grupos empresariales fuera de los marcos y montos establecidos por la ley. “Aquí la relación de la UIF con el INE, la Fiscalía y con el SAT será fundamental para evitar a nivel local que existan candidatos que sean financiados por grupos delictivos”.

En cuanto a las vulnerabilidades, resaltó que el total de recursos incautados son de diez mil millones pesos entre 2016 y 2018. En 2019 y 2020 se congelaron más de siete mil millones de pesos en cuentas vinculadas con posibles casos de lavado de dinero. Ahí, dijo, está la extinción de dominio y uno de los rubros a trabajar será el beneficiario final.

Respecto a la economía informal, expuso que el 57 por ciento de la población vive en ella y la pandemia “seguramente va a hacer que estos números se incrementen; estamos hablando del 2 por ciento del PIB; es importante tener un diagnóstico claro y mejorar el modelo”.

Además, el 37 por ciento de la economía está bancarizada; es importante que se genere la apertura de cuentas de menores y con determinadas restricciones, así como avanzar en que los programas sociales se bancaricen. “Esto permitirá un mayor control de flujos ilícitos y nos ayudará a mejorar la prevención en el lavado de dinero”.

Otra de las vulnerabilidades del sistema, dijo, es el tema de las aduanas y puertos. La mayor movilidad se da en Nuevo Ladero, Tamaulipas; en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Manzanillo y Veracruz. “Lo importante es avanzar en la limpieza de las aduanas, de los agentes aduanales, de los administradores aduanales y de la administración portuaria”.

Santiago Nieto precisó que hay dos riesgos emergentes: el lavado de dinero vía medios virtuales, en donde se han encontrado casos de trata de personas relacionados con la compra de Bitcoin, y los temas relacionados con el COVID-19, porque se han detectado casos de pornografía infantil y aumento en los fraudes financieros. “Hay una transición de la delincuencia del ámbito físico hacia el cibernético relacionado con la pandemia”.

Planteó que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita requiere cumplir con las 40 recomendaciones de GAFI. Se debería regular el financiamiento al terrorismo; reconocer a la persona políticamente expuesta; dar aviso de operaciones sospechosas en actividades vulnerables; establecer un enfoque basado en riesgo; programas de capacitación y sistemas automatizados, así como auditorías externas e internas.

Además, establecer que los fideicomisos son una actividad vulnerable; mayor coordinación con la Guardia Nacional para tener una guardia financiera; información de partidos políticos y sindicatos, y que el futbol también sea una actividad vulnerable.

FORTALECER A LA UIF Y RECUPERAR RECURSOS CONGELADOS

Al dar respuesta a las preguntas, el funcionario señaló que la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad plantea la existencia de una Guardia Financiera en la Guardia Nacional, que tenga soporte jurídico y especialistas. Planteó legislar en materia del beneficiario final, de personas políticamente expuestas y de coordinación con las unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades federativas.

Añadió que en la actualidad son 179 personas en la UIF para todo el país, por lo que solicitó su fortalecimiento y aplicar modelos de otras naciones con elementos administrativos, judiciales y observación de sujetos obligados.

Refirió que se han congelado siete mil 500 millones de pesos, pero la ley obliga a presentar denuncias ante el Ministerio Público para asegurar las cuentas o que se vaya por un proceso de extinción de dominio ante un juez especializado en materia civil, que es, dijo, la única vía para la extinción de dominio, por lo que la UIF, bajo ninguna circunstancia, puede hacerlo.

Señaló que esos recursos se los quedan los bancos. “Debemos hacer algo con las cuentas de los cárteles que nadie reclama”. La única forma es con una modificación legislativa para establecer una facultad que permita solicitar a las instituciones bancarias esos recursos. Actualmente se tiene calculado que hay dos mil 500 millones de pesos congelados que nadie ha reclamado.

 

Sobre la Estafa Maestra, dijo que hay casos en Sedesol, Pemex y el DIF Veracruz, donde se encontraron empresas fachada que recibieron recursos y se disolvieron con millones de pesos en adjudicaciones directas. Indicó que se presentaron denuncias ante la FGR por casos de ex funcionarios de esa dependencias y colaboradores cercanos.

En el caso del equipo de futbol Cruz Azul, señaló que se tiene la denuncia y se han aportado pruebas, por lo que el asunto “está en la cancha de la Fiscalía”. Dijo que se habló con la Liga MX con el objetivo de evitar que estos clubes sean una actividad vulnerable y se detecten abusos en temas de contratación y empresas de marketing.

Sobre vigilancia de procesos electorales, aseveró, tenemos comunicación con el INE y un intercambio de información con la Unidad Técnica de Fiscalización para obtener datos respecto de empresas que a ellos les generen algún tipo de sospecha, y si el Consejo General del INE decide que la UIF puede ayudar a revisar los procedimientos, “estamos en la disposición porque se trata de una actividad fundamental del Estado”.

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