Con 54 votos a favor, 1 abstención y 20 en contra fue aprobada la reforma al Poder Judicial federal en LA LXII Legislatura.

Con 54 votos a favor de legisladores de morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde, 1 abstención de la legisladora priista Paola Jiménez y 20 en contra de parlamentarios del PRI, PAN Movimiento Ciudadano y PRD, fue aprobada en la Cámara de Diputados mexiquense la reforma al Poder Judicial federal.

Al principio de la sesión del pleno del Poder Legislativo Pablo Fernández de Cevallos, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN solicito modificar el orden del día para que no se abordará el punto de la Reforma al Poder Judicial, pero su propuesta fue desechada por lo que el orden planteado por Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de morena, continúo.

Al exterior del Congreso local alrededor de un centenar de trabajadores del Poder Judicial federal con desempeño en la ciudad de Toluca y otros municipios mexiquenses se manifestaron y bloquearon uno de los accesos al recinto legislativo.

En tanto que al interior Jesica Rojas y Carlos Alberto López Imm, legisladores e integrantes de la Mesa Directiva que preside Maurilio Hernández González daban lectura a toda la propuesta de Reforma remitida por el Senado de la República al Congreso mexiquense, así como a cada uno de los Poderes Legislativos locales del país.

El posicionamiento de las y los representantes de cada uno de los siete grupos parlamentarios fue diametralmente opuesto, ya que mientras legisladores del PAN, PRI, PRD y MC, sostuvieron que la reforma no garantiza una solución a los problemas y desafíos que tiene el Poder Judicial federal.

Los integrantes del bloque de la Cuarta Transformación, morena, PT y Verde, argumentaron totalmente lo contrario al sostener que dicho mecanismo permitirá erradicar la corrupción, nepotismo y la emisión de sentencias apegadas a derecho porque los juzgadores estarán respondiendo a la sociedad y no los grupos poderosos y a todos aquellos que cuentan con dinero para inclinar la balanza de la justicia como actualmente sucede en algunos casos.   

El 4 de septiembre la Cámara de Diputados federal, con 357 votos a favor y 130 en contra, avaló la propuesta de reforma al Poder Judicial federal y el 11 de septiembre, en el Senado de la República, dicha propuesta obtuvo 86 votos en pro y 41 en sentido negativo.

La iniciativa de reforma al Poder Judicial federal fue presentada para su estudio y análisis en febrero de 2024 por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Fue así como la LXII Legislatura mexiquense se sumó a los congresos de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Querétaro, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Baja California, Durango, Yucatán, Campeche, Guerrero, Zacatecas y Ciudad de México que brindaron su respaldo a la reforma.

El Poder Legislativo estatal precisó que de acuerdo con el Artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo: “tratándose de asuntos calificados como urgentes o de obvia resolución, la Legislatura o la Diputación Permanente podrá acordar la dispensa de trámites”.

El diputado morenista José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), dijo que el Congreso mexiquense cumplió, sin premuras, con la discusión de la reforma, pues sesionó 24 horas después de ser notificado sobre la minuta.

Es de destacar que el Poder Legislativo federal realizó nueve Foros regionales públicos verificados en diferentes zonas del país.

Espacios de debate, análisis y estudio de donde habrían surgido las poco más de cien modificaciones realizadas a la propuesta original de Reforma al Poder Judicial.

Entre los principales puntos que contempla la Reforma al Poder Judicial, están:

Elección por voto popular directo de juezas, jueces, magistrados y ministros federales (no estatales), así como de la Suprema Corte de Justicia del Nación; eliminando así el proceso que hasta el momento se realiza por la vía de carrera judicial y/o designación por el Poder Legislativo y Ejecutivo, estos últimos para el caso de las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dicha elección, en una primera etapa, se verificará en junio de 2025 y el proceso de votación ciudadana de juezas, jueces y magistrados federales será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

¿De dónde surgirán los candidatos a juzgadores federales?

Podrán participar aquellos que cumplan requisitos como: contar con título profesional en la ciencia del derecho, experiencia de por lo menos 5 años, buena reputación en su comunidad, así como haber aprobado de forma satisfactoria los exámenes y evaluaciones que en su momento aplicarán los órganos especializados del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo federal que se crearán para dicho propósito.

De esos tres Poderes saldrán las propuestas de aspirantes-candidatos a juzgadores federales, los cuales pasarán a una segunda etapa de depuración (vía tómbola en caso de ser muchos) y luego competirán entre ellos haciendo campaña para buscar obtener el mayor número de votos de las y los mexicanos que en su momento participen en dicha elección de juzgadores.

Las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el Instituto Nacional Electoral. Podrán, además, participar en foros de debate organizados por el propio Instituto o en aquéllos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad.

Actualmente se desempeñan en México alrededor de 1,600 juzgadores federales de los cuales alrededor de la mitad serán reemplazados por aquellos que resulten electos por la población (elección de junio de 2025) y en una segunda etapa, año 2027, los restantes serán elegidos bajo el mismo mecanismo, voto directo de las y los ciudadanos.

 Es de destacar que la reforma al Poder Judicial federal no afecta los derechos de ningún trabajador y sí permite que los actuales juzgadores participen en el proceso de elección de forma directa, es decir sin someterse a los exámenes de evaluación en el entendido de que ya cuentan con la experiencia necesaria, y por ende podrán someterse a los filtros y finalmente al escrutinio de la sociedad, a ser elegidos por voto directo.

Otras de las modificaciones que contempla la reforma al Poder Judicial federal, son: reducción de las y los integrantes de la Suprema Corte al pasar de 11 a 9 ministros y su periodo de desempeño será de entre 8 a 14 años con posibilidad de reelegirse por un periodo adicional; se eliminan los beneficios económicos que no correspondan a la ley, es decir no se les permitirá que ganen un salario superior al que percibe la o el presidente del país.