viernes, marzo 29, 2024

Diputadas y diputados cuestionan al funcionario respecto a temas de mafias electorales, violencia política en razón de género y el uso de nuevas tecnologías.

Durante la segunda ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, las y los diputados cuestionaron al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, respecto al manejo del presupuesto, costo de elecciones, proceso de revocación de mandato, mecanismos de auditoría, mafias electorales, y el uso de nuevas tecnologías.

De Morena, la diputada Esther Berenice Martínez Díaz dijo que es inaceptable que el INE se atreva a pedir presupuesto exorbitante después de las anomalías del uso de los recursos públicos. Preguntó ¿Qué acciones ha emprendido para combatir los escenarios de corrupción y abuso de funciones? y ¿cómo asegurarán el correcto manejo de los recursos para 2022? Pidió al consejero que ofrezca una disculpa pública a los pueblos originarios por ofenderlos con sus comentarios.

La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) recordó que la consulta popular organizada resultó en un gasto de 528 millones de pesos que pudieron utilizarse para necesidades que tiene el país, y preguntó ¿cuál será el impacto presupuestal para el INE de organizar y ejecutar la figura de revocación de mandato?

La diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) señaló que la democracia mexicana debe tomar el rumbo hacia los principios de eficiencia presupuestaria, austeridad y el uso de las nuevas tecnologías. Preguntó si la aplicación de celulares que se usarán cuenta con la conectividad necesaria para recabar en tiempo real la intención de las y los ciudadanos, si se ha comprobado la cobertura de la red, qué mecanismos de auditoría se tienen para evitar dobles firmas o firmas apócrifas y, de no usar la app y solo papel, cuál sería el costo.

Al responder Córdova Vianello puntualizó que como funcionario público no tiene nada de que arrepentirse y recordó que en 2014 se le intervino ilegalmente su teléfono; se filtró ilegalmente una conversación, que por cierto “ofrecí una disculpa pública y privada a quienes pudieron haberse sentido ofendidos por esa intervención ilegal”.

Subrayó que van a defender la autonomía e independencia política del INE, incluso frente a sus detractores y principales beneficiarios. “Nosotros estamos aquí gracias a la democracia, esa es nuestra circunstancia, si no la salvamos y la defendemos, no nos vamos a salvar”.

Reiteró que el costo de la revocación de mandato es de tres mil 830 millones 448 mil 91 pesos. Respecto a la consulta popular realizada expresó que el 70 por ciento de los gastos fueron mediante licitación, está práctica genera ahorros, en este caso esos ahorros se invirtieron, 522 millones de pesos para realizar la consulta popular.

Invitó a las y los legisladores a establecer mecanismos de comunicación y coordinación formales y fluidos para que la revocación de mandato, y si hay consulta popular el próximo año, tengan éxito.

Lorenzo Córdova expuso que la revocación de mandato es un ejercicio que puede identificarse como una elección al revés y debe tener exactamente las mismas garantías que tuvo una elección constitucional de donde resultó electo un funcionario público sometido a su revocación.

La revocación de mandato, dijo, es un ejercicio que se realizaría en las 32 entidades, en los 300 distritos electorales, implicará la convocatoria a una lista nominal de ciudadanas y ciudadanos por un monto de 92.4 millones; se estima que se instalarán más de 161,400 casillas, se van a requerir contratar a 37 mil 851 capacitadores y asistentes electorales, insacular a más de 12 millones de ciudadanos, y el día de la revocación se necesitarán más de medio millón de personas de ciudadanas y ciudadanos recibiendo y contando los votos.

Mencionó que esos recursos se destinarán al pago de las dietas para las y los ciudadanos que serán funcionarios de casilla, ese día serán medio millón de personas, las medidas sanitarias, el equipamiento y acondicionamiento de las mesas, y la recolección de los paquetes electoral. Además, dijo, está el despliegue territorial, pues “hacer elecciones en México todavía implica una gran movilización de personas”.

Sugirió encontrar, junto con la Comisión de Presupuesto, los mecanismos que puedan implicar una disminución en los costos e invitó a no poner en riesgo la revocación de mandato pues es un asunto de enorme seriedad, “porque implicaría que el Presidente de la República dejará o continuará en el cargo; es un asunto de enorme delicadeza”.

En cuanto a la aplicación para la recolección de las firmas para la revocación de mandato, dijo tener confianza en ella, “pues se desarrolló desde antes 2018 y paulatinamente en cada ejercicio nos ha permitido avanzar y perfeccionarlo; es un mecanismo muy seguro tanto para la captura como para la preservación de datos personales”.

Mencionó que cada uno de los apoyos en papel va a tener que concursarse, y el INE deberá copiar y transcribir, “lo que implica tiempo y esfuerzo de las personas que se dedicarán a capturar, que deberá ser en una doble ocasión para evitar cualquier error”.

También, explicó que la instrumentación de tecnologías no es nueva, esas han acompañado la vida del Instituto Nacional Electoral como los conteos rápidos, la salvaguarda del padrón electoral, e incluso ha permitido la firma de convenios con el Gobierno Federal como la identificación de cadáveres o de personas desaparecidas.

Expuso que para atender la violencia política contra las mujeres se modificaron los procesos de fiscalización para garantizar el desarrollo y liderazgo de las mujeres, además se pidió a los candidatos en el pasado proceso electoral declarar bajo protesta de decir verdad que no habían sido condenados por algún acto de violencia contra las mujeres, familiar, y no eran deudores alimentarios, no obstante, afirmó que aún falta mucho por hacer.

Subrayó que el Instituto ha restituido a funcionarios de los Organismos Públicos Locales Electorales por no apegarse a los principios rectores de la función electoral. Asimismo, invitó a hacer las denuncias correspondientes, porque eso es lo que procede en un Estado de derecho.

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