Investigación periodística revela que el Estado de México contrató al menos 15 empresas fachada de otros estados, a través de 40 contratos por un valor superior a los 5 mil millones de pesos.

 “No tenemos duda que el Gobierno del Estado ha utilizado todo un entramado de corrupción para desviar recursos y utilizarlos para campañas electorales, para la compra de conciencias, para mantener estructuras que aceitan para los procesos electorales”, señaló el diputado local Faustino de la Cruz Pérez, tras la publicación de una investigación periodística que reveló que entre 2018 y 2022, el Estado de México contrató al menos 15 empresas fachada de otros estados, a través de 40 contratos por un valor superior a los 5 mil millones de pesos.

Manifestó que desde la LX Legislatura las y los diputados de Morena denunciaron el saqueo realizado por parte del Gobierno del Estado y hoy en la LXI Legislatura van a seguir insistiendo desde el Congreso Local y el Órgano Superior de Fiscalización en el Estado de México para que se transparenten las adquisiciones que el gobierno ha realizado.

“Nosotros tenemos reprobadas las cuentas públicas porque tenemos la sospecha clara de que hay evidencia, de que hay indicios de que las cuentas públicas del Gobernador Alfredo del Mazo no son lo más transparente y desde luego…a través de la Secretaría de Desarrollo  Social, estamos ciertos, que se han desviado millones de pesos que van a parar en campañas electorales, para la compra de estructuras y desde luego también para propiciar y seguir propiciando la corrupción en el Estado de México”, afirmó.

El legislador de Morena, puntualizó que van a ir al fondo, porque son recursos públicos de todos los mexiquenses y su mal manejo ha imposibilitado que, en lugar de utilizar estos recursos para atender los graves rezagos en materia de seguridad, agua potable e infraestructura, el dinero ha ido a parar a las bolsas de personajes incrustados en la clase política del Estado de México.

A la vez que se solidarizó con la periodista Teresa Montaño, del sitio web The Observer que inició con la investigación, misma que fue concluida con respaldo de The Guardian y OCCRP, convocados por Forbidenn Storis que rastrearon los contratos con indicios de malversación de recursos públicos de los presupuestos estatales.

De acuerdo con la investigación periodística, detrás de las adjudicaciones con mayores montos destacaba la Secretaría de Desarrollo Social, cuando fueron sus titulares Eric Sevilla y Alejandra del Moral, candidata a la gubernatura por la coalición PRI-PAN-PRD-NA, además de la Secretaría del Trabajo y la del Campo, Cultura y Turismo, Desarrollo Económico.

Una de las firmas Zumby Servicios Profesionales S.A. de C.V recibió contratos por 2 mil 354 millones 565 mil pesos entre 2020 y 2022, por cooperaciones o ayudas, servicio de apoyo técnico en planeación y optimización de proceso o servicio especializado para brindar apoyo técnico en actividades de bienes social, pero no se localizaron oficinas operativas en los domicilios referidos en los contratos, y en una dirección de Toluca, coincidió el domicilio usado para las empresas Servicios y Abastecimientos Comerciales S.A. de C.V. e Insumos Globales de Vanguardia, S.A. de C.V.

 

Mientras que a la empresa Instituto C&A Intelligent, S.C.  que entre 2018 y 2019 junto con su socia Fixs Business, S.A. de C.V. ganó cinco contratos que ascendían a casi dos mil millones de pesos por selección, contratación y administración de personal, y auditorías de seguridad digital, y cuyo domicilio fiscal aparece en Coatzacoalcos en un destartalado escaparate naranja cerrado y vacío desde 2020.

También, en la investigación se señala a Sevacom, en el ramo de la limpieza, con doce contratos públicos por más de 75 millones 841 mil 846 pesos, donde aparece el nombre de Eric Sevilla Montes de Oca, como secretario de Desarrollo Social, hoy presidente del PRI, quien antecedió en la dependencia a Alejandra del Moral.

En la investigación del consorcio con The Observer, la firma de decenas de contratos públicos por más de 5 mil millones de pesos presenta anomalías y podría encajar en el esquema de “sociedades fachada”.

Por último, hay que destacar que de acuerdo con expertos en auditoría forense que fueron consultados por los periodistas involucrados, el Gobierno del Estado podría estar desviando hasta el 90 por ciento de su presupuesto y no se descarta que en las elecciones del domingo haya cientos de millones de  pesos malversados con la ayuda de redes operativas de políticos y altos funcionarios que entre 2018 y 2022 estuvieron a cargo de las licitaciones y adjudicaciones.