El Pleno cameral desechó el dictamen sobre la reducción del financiamiento público a los partidos político.

La Cámara de Diputados desechó el dictamen que reformaría el artículo 41 de la Constitución Política, la cual pretendía la reducción del financiamiento público que se les otorga a los partidos políticos, luego de que no alcanzó la mayoría calificada, al recibir 274 votos a favor, cero abstenciones y 207 en contra.

La Presidenta de la Mesa Directiva, diputada Laura Angélica Rojas Hernández, señaló que de conformidad con lo que establece el artículo 232 numeral I del Reglamento, “al no alcanzarse la mayoría calificada se tiene por desechado, como lo dispone la fracción g) del artículo 72 constitucional”.

El documento planteaba que el financiamiento público para los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El 30 por ciento de la cantidad que resulte, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

En la fundamentación, la Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez, hizo un reconocimiento a las y los autores de las iniciativas que motivaron el análisis de un tema que constituye un reclamo social desde hace décadas, ya que son coincidentes en disminuir el financiamiento público.

Carrillo Martínez resaltó que para nadie es ajeno que el modelo de financiamiento imperante es el resultado de una serie de reformas constitucionales realizadas sobre la base de un sistema con un partido dominante y en el contexto de una naciente oposición partidista. Dicho modelo tiene su origen en la reforma política constitucional de 1977, cuando se estableció expresamente la existencia e importancia de los partidos políticos reconociéndoles el carácter de entidades de interés público. Después en 1987 se previó por primera vez el financiamiento público para actividades ordinarias.

El monto para el sostenimiento de estas actividades se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Del total del financiamiento público que resulte, el 30 por ciento se distribuye entre los partidos políticos de forma igualitaria, y el 70 por ciento restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados anterior.

Mencionó que el problema no es que exista financiamiento público, sino que las erogaciones por este concepto representan un alto costo para la ciudadanía, lo que genera un incremento del descontento social y acentúa la falta de confianza en estas entidades de interés público.

En el ámbito mundial el voto en México representa uno de los más caros, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestro país es el que más subsidio otorga a los partidos políticos.

Notas Relacionadas

PUBLICIDAD

Social

YOUTUBE