Al menos 415 mujeres privadas de su libertad con hijos menores de seis años, permanecen recluidas en alguno de los centros penitenciarios estatales del país.

Por Gabriela Landetta

Es 10 de mayo, a diferencia del pandémico 2020, miles de mujeres saldrán esta vez a celebrar la maternidad. Claro, con los protocolos sanitarios correspondientes. El semáforo amarillo del covid permitirá que los restauranteros puedan recibir al menos un 50 por ciento de comensales como aforo máximo. Se podrá festejar a las madres, luego de meses de encierro por la pandemia. Pero no todas podrán hacerlo: los muros de una prisión se los impide.

Al menos 415 mujeres privadas de su libertad con hijos menores de seis años, permanecen recluidas en alguno de los centros penitenciarios estatales del país, 60 de ellas son mexiquenses, revela el INEGI en un reporte sobre la situación de ese sector de la población penitenciaria. Se trata del 4.4 por ciento de las mujeres que se encuentran encarceladas.

El informe da cifras de  2019 y se refiere solo a quienes tienen niños o niñas de esa edad. La cantidad entonces de mujeres que son madres y que están en un penal es aún mayor, si se considera que más de 13 mil mujeres están privadas de su libertad.

De los 428 centros penitenciarios que existen en el país, únicamente diez son exclusivos para mujeres y de acuerdo con la organización civil Reinserta, en ellos se tiene un registro de 11 áreas de maternidad (Documenta, 2019)”.

“La entidad federativa con más áreas es San Luis Potosí con 2, mientras que Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Yucatán cuentan con una”, destaca esta ONG en su “Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en Prisión”.

Como parte de su análisis, Reinserta realizó una encuesta sobre la situación de madres que se encuentran en prisión. La muestra fue de mil 028 mujeres de 16 centros penitenciarios femeniles de Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Puebla, Nuevo León, Tabasco, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Tamaulipas.

“Aquí nadie me visita. Toda mi familia vive en Puebla, allá están mis hijos. Tengo 2, un hombre de 17 años y una mujer de 22. Hace más de 7 años que no los veo. Tengo un nieto de 6 años y no lo conozco. Habló con él por teléfono, pero no nos conocemos en persona. Tampoco he querido que vengan en todo el tiempo que tengo aquí, porque no quiero que tengan la imagen de su madre en una cárcel”. Testimonio de Martha, 46 años, que incluye Reinserta en su diagnóstico.

Entre otros datos que revela la encuesta efectuada por esta ONG, resalta que el 50 por ciento de las mujeres eran menores de 18 años cuando tuvieron a su primer hijo… la más chica, tenía solo diez años.

En tanto, 18 por ciento de ellas perdió la patria potestad de sus hijos al ser encarceladas mientras que otro 10.5 por ciento están en proceso legal para conservarla. Y es que para el 93.8 por ciento de las más de mil mujeres encuestadas, lo más importante son sus hijos.

Y no…ellas no saldrán a celebrar en algún restaurante, bueno o malo, sencillo o elegante. Tendrán algún convivio en su lugar de reclusión, recibirán algunas,  las visitas de sus vástagos, tal vez… otras quizá solo tengan los recuerdos de cuando los dieron a luz, sus primeras sonrisas, sus primeros llantos… Tal vez solo les queden esas imágenes.

Y mientras ellas, las privadas de su libertad, en su mayoría por delitos que no cometieron, anhelan reencontrarse con sus familias, otras mujeres, también madres, esperan angustiadas, del otro lado del muro, que sus hijos sean liberados, sabiendo que también  son inocentes de los delitos que los tienen en prisión.

TESTIMONIOS

Carmen es una mujer de 39 años que cumple una sentencia por el delito de secuestro en un centro de reinserción social en el Estado de México.  Carmen fue detenida a unas cuadras de la casa de seguridad donde trabajaba.

Al momento de su detención, sus tres hijos de 4, 6 y 8 años la acompañaban y ella tenía 7 meses de embarazo. Sin embargo, y a pesar de las súplicas de Carmen y de su condición, los tres niños fueron abandonados por los elementos policiacos en una avenida principal y Carmen ingresada a la patrulla mientras recibía golpes y descargas eléctricas.

Al respecto, nos narra: “Yo sólo les pedía a los elementos que me detuvieron, que eran puros hombres, que no dejaran a mis hijos solos, pero ellos sólo me golpeaban me gritaban y me dieron descargas eléctricas en mi zona genital y pechos”.

Una vez trasladada a arraigo, Carmen inició un trabajo de parto prematuro debido a las descargas eléctricas y, una vez trasladada al hospital, su bebé nació muerta por estallamiento de vísceras y calcinamiento, también a causa de las descargas eléctricas que Carmen había recibido al momento de su detención y, aunque ella interpuso una demanda contra los elementos públicos que la detuvieron, tal demanda nunca procedió.

Carmen ingresó a prisión padeciendo diabetes. A pesar de que ella compra su propia insulina, que debe administrarse a diario, es el personal médico del centro el único que puede suministrarla, así que, en ocasiones, debe esperar días para recibir la atención:

Carmen estuvo embarazada durante su reclusión. Sin embargo, el centro de reinserción donde cumple su sentencia, a pesar de ser mixto, no cuenta con médico de planta, ni con los servicios ginecológicos adecuados para las mujeres internas, de modo que, debido a la falta de atención, sumada a su historial médico, perdió nuevamente a su bebé.

A pesar de llevar 12 años en reclusión, el proceso legal de Carmen continúa inconcluso debido a que no ha recibido visita de su abogado de oficio en años y su caso no ha recibido continuidad ni seguimiento.