Feminicidios in crescendo en Edoméx

Pasar de procurador a fiscal no le ha servido de nada a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, cuando los feminicidios en el estado de México van in crescendo. Tan sólo en los primeros ocho meses de este año, se han contabilizado 97 que se han cometido en municipios como Ecatepec, Toluca, Valle de Chalco, Texcoco, Chimalhuacán, Tultitlán, Chicoloapan, Ixtapaluca, La Paz y Naucalpan. Todos con alerta de género.

Ante las alarmantes cifras, la actitud de un fiscal empoderado en su prepotente entorno y la debilidad de las alertas de género, es que organismos como Amnistía Internacional (AI) levantan la voz a través de las redes sociales, para denunciar y al mismo tiempo, exigir respuestas inteligentes y firmes ante un tema que entre la burocracia se ha convertido en bandera política con propuestas más bien flácidas.

Para Amnistía Internacional, el estado de México es una de las entidades federativas más peligrosas para las mujeres en México, pues ocupa el primer lugar en número de feminicidios cometidos cada mes y la mayoría de los crímenes quedan impunes.

Al Igual que AI, decenas, sino es que cientos de colectivas y colectivos han documentado e investigado infinidad de casos por cuenta propia y los datos conducen al mismo camino: las mujeres víctimas de los casos de feminicidio que ocurren en la zona oriente del Estado de México tienen algunos rasgos en común como que el crimen en su contra fue precedido por la desaparición.

En este sentido, la Fiscalía minimiza las denuncias que se hacen cuando una mujer desaparece. “Las investigaciones sobre estos feminicidios precedidos por la desaparición son deficientes: en el proceso de investigación se pierden evidencias, no se examinan exhaustivamente las diferentes líneas de investigación y no existe perspectiva de género. Las madres, hijas y familiares de víctimas de feminicidio sufren violencia institucional y son re victimizadas, pues invierten tiempo y dinero en llevar a cabo las diligencias que le corresponden al Estado y en presionar a las autoridades para que investiguen”.

Ante este tipo de agravios y omisiones de la instancia que en teoría debería ser la responsable de dar seguimiento a los casos, acompañamiento a los familiares y actuar con perspectiva de género, es el principal ente en no respetar los protocolos de actuación e incurren en la grave afectación de las familias al negarles el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Ante esta situación Amnistía Internacional México documentó los casos de Nadia Muciño Márquez, desaparecida y asesinada en el 2004, el de Daniela Sánchez Curiel desaparecida en 2015 actualmente en paradero desconocido y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio, el caso de Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017, el caso de Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018. Las madres e hijas de las víctimas siguen en la búsqueda de justicia.

Son sólo cuatro los casos que está abanderando Amnistía Internacional, aunque incluye todos los casos de desapariciones y feminicidios ocurridos en el estado de México

Ante el grave problema que persiste en la entidad es que este organismo internacional invita a la población en general, a firmar la petición de justicia por estos cuatro casos, al tiempo que exigen al gobierno del estado de México lo siguiente:

• Reconocer por medio de un posicionamiento público las deficiencias en las investigaciones de feminicidios y desapariciones en el Estado de México.
• Destinar los recursos necesarios para la atención de delitos de violencia de género en el Estado de México para que las personas servidoras públicas que realizan esa labor, puedan hacerlo de forma eficiente y con condiciones de trabajo dignas.
• Investigar aquellas personas servidoras públicas que hayan cometido faltas o delitos contra las víctimas e imponer medidas disciplinarias adecuadas cuando sea necesario.
• Garantizar a las madres, hijas e hijos y familiares víctimas de feminicidio el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

SILENCIO DEL GEM

Tras esta petición el gobierno del estado de México ha guardado silencio, ninguna manifestación de preocupación… al menos una declaración hipócrita; nada; por el contrario, el Poder Legislativo salió a dar un posicionamiento en voz de la diputada Karina Labastida quien coincidió con las observaciones del informe que dio a conocer en 62 páginas Amnistía Internacional en el documento que tituló “Juicio a la Justicia, deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el estado de México”.

La legisladora por Morena dijo que atenderán la solicitud de llamar al fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez para que comparezca en el pleno legislativo, quien lleva 9 años al frente de la procuración de justicia, 7 como procurador y 2 años como fiscal general.

“Además de solicitar a la Legislatura Mexiquense que se cite a comparecer al Fiscal General, Amnistía Internacional solicita que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuente con los recursos humanos y financieros para operar, así como dotar de presupuesto para que tengan la infraestructura necesaria para llevar a cabo su función de forma eficiente”.

Además dijo: “Valdría la pena que, en su autonomía como institución, el Fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez realizará su propio presupuesto de acuerdo a las necesidades de la FGJEM, ya que es un proyecto que elabora directamente la Secretaria de Finanzas dependiente del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza”.

LA AUTONOMÍA DEL FISCAL ALEJANDRO

Cabe recordar que en diciembre de 2016, la LVIII Legislatura del Estado de México designó a Gómez Sánchez fiscal, quien ya fungía como procurador de Justicia, luego de expedir la Ley por la que se creó la Fiscalía General de Justicia del Edoméx que se convirtió en autónoma del Poder Ejecutivo, es decir, no le rinde cuentas a nadie.