martes, diciembre 7, 2021
EL LARGO ALCANCE ECONOMICO DEL COVID-19

Si bien la pandemia de COVID-19 ha sido una tragedia de salud mundial a medida que el mundo avanza para superar la crisis de salud, otro golpe amenaza con dejar una cicatriz más duradera, el de la inseguridad económica arraigada. 

Por Claudio Jaime

Durante el primer cuatrimestre de este año la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicó los resultados de la encuesta “Riesgos que Importan” el cual revela un panorama desalentador como resultado de los trastornos económicos y preocupaciones crecientes sobre la salud y la seguridad financiera en 25 países socios de la OCDE.

El organismo señala que, a pesar de las inversiones gubernamentales en protección social durante la pandemia, la gente en la mayoría de los países de la OCDE está buscando más apoyo público para sacarlos de la crisis.

Resultados sobresalientes de la encuesta “Riesgos que importan”

  • La inseguridad es profunda durante la crisis de COVID-19. Más de un tercio de todos los que respondieron (37%) a la encuesta de “Riesgos que Importan” (RTM) de la OCDE de 2020 dicen que su hogar ha experimentado al menos una interrupción relacionada con el trabajo en forma de pérdida de trabajo, despido, el uso de un plan de retención de empleo, una reducción de las horas de trabajo y / o un recorte salarial, en promedio, en los 25 países encuestados. 

Las interrupciones en el trabajo fueron relativamente peores entre los jóvenes y los padres con hijos en casa. Cuando se incluyen las vacaciones pagadas, las licencias no pagadas y las renuncias, el total asciende al 44.2%.

  • Entre los hogares que perdieron su trabajo durante la pandemia, el 68% tuvo problemas para pagar las facturas.
  • El COVID-19 genera preocupaciones sobre las finanzas. El 81% de los encuestados cuyo hogar perdió un trabajo refirió que está algo o muy preocupado por el bienestar financiero, social y económico general de su hogar en los próximos dos años. Incluso entre los que no informaron la pérdida absoluta del empleo en el hogar, el 65% dice que está algo o muy preocupado por su seguridad social y económica en los próximos dos años.
  • Más del 60% de las personas cuyo hogar perdió un trabajo desde el inicio de la crisis informan que les preocupa tener las habilidades y los conocimientos adecuados para trabajar en un empleo seguro y bien remunerado dentro de una década, aproximadamente 10 puntos porcentuales más que la proporción entre los que informaron que no habían perdido el empleo en el hogar.
  • Los hogares que perdieron el empleo desde el inicio de la crisis de COVID-19 muestran una mayor disposición a pagar más impuestos para recibir una mejor protección social. 

Existe un apoyo especialmente fuerte en el grupo de pérdida de empleo para mejores inversiones en apoyos para el empleo (por ejemplo, servicios de búsqueda de empleo, capacitación en habilidades, acceso a fondos empresariales), apoyos por desempleo y apoyos a los ingresos como beneficios de ingresos mínimos.

  • A pesar de la expansión de los sistemas de protección social en los países de la OCDE durante la crisis, existe un acuerdo generalizado de que, no obstante, los gobiernos deberían hacer más para garantizar la seguridad económica y social y abordar las brechas en la protección social. 

En la mayoría de los países, como se esperaba, los encuestados con mayor inseguridad económica eran más propensos a pedir una mayor intervención del gobierno.

  • Al igual que en la encuesta de 2018, los encuestados están más preocupados por su salud, llegar a fin de mes y tener seguridad financiera para jubilarse. 

RTM 2020 también encuentra que una mayor proporción que antes está preocupada por asegurar una atención a largo plazo de buena calidad para ellos mismos o para sus familiares ancianos, lo que posiblemente refleje preocupaciones sobre la salud de los miembros de la familia en los centros de atención a largo plazo durante la pandemia.

El organismo de cooperación internacional detalló que la pandemia por COVID-19 ha sido una tragedia para la salud mundial y que, a mediados de abril de 2021, se habían perdido casi 2.9 millones de vidas en todo el mundo y millones más han sufrido física y mentalmente esta enfermedad.

A medida que avanza la distribución de vacunas, otra lesión amenaza con dejar una cicatriz más duradera: la de la inseguridad económica persistente. 

La pandemia ha causado pérdidas de puestos de trabajo, ha reducido los ingresos, ha estancado el aprendizaje de muchos niños y ha interrumpido el crecimiento económico. Ha afectado a hogares de todos los ámbitos de la vida, de diferentes maneras y las repercusiones económicas y sociales pueden durar décadas.

Más de cuatro de cada diez encuestados (44.3%) mencionaron que su hogar experimentó una interrupción relacionada con el trabajo como resultado de COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia, alrededor del 10% de todos los encuestados, en todos los países, informa que su hogar no ha podido pagar un gasto habitual como el alquiler, una hipoteca, una factura de servicios públicos o una factura de tarjeta de crédito. 

El 17.8% contestó que sacó dinero de sus ahorros o vendió activos para pagar los gastos habituales, mientras que el 9% pidió dinero prestado a amigos o familiares. Los hogares con adultos jóvenes y padres con hijos menores de 18 años se vieron afectados de manera desproporcionada.

La OCDE puntualiza que como era de esperar, tanto las personas que mantuvieron sus trabajos como quienes los perdieron durante la crisis de COVID están preocupados por su salud y seguridad económica. Pero el grupo que perdió ingresos tiene mayores preocupaciones sobre los problemas financieros cotidianos: cómo llegar a fin de mes, conseguir o mantener un buen trabajo, garantizar la seguridad financiera en la vejez, proporcionar una vivienda digna y asegurarse de que tengan las habilidades necesarias para competir en el mercado laboral. 

En respuesta a estos altos niveles de inseguridad, una amplia mayoría de encuestados de RTM cree que los gobiernos deberían hacer más para mejorar su seguridad económica y social. Y los que sufrieron económicamente durante la crisis, comprensiblemente, exigen más en términos de servicios de empleo y seguro de desempleo.

Desde el inicio de la pandemia y la crisis económica asociada, los gobiernos de la OCDE han tomado medidas para fortalecer y mejorar los sistemas de protección social. Sin embargo, a medida que los gobiernos continúan desarrollando su respuesta social y económica a la crisis de COVID, los grupos que experimentan altos niveles de inseguridad económica merecen especial atención. 

Los gobiernos deben centrarse aún más en estas inseguridades históricas, o arriesgarse a dejar atrás a personas vulnerables en las próximas décadas.

De acuerdo con los datos publicados el 8 de octubre del 2021 por el FMI, la economía apunta a crecer 6.2 por ciento en 2021 y 4 por ciento en 2022. La manufactura y las exportaciones superan los niveles observados antes de la pandemia, los servicios están reanudándose y el empleo está recuperándose. Las autoridades han logrado preservar la estabilidad externa, financiera y fiscal durante un período sumamente complicado.

No obstante, México está sobrellevando un muy elevado costo humano, social y económico, se ha registrado un exceso de mortalidad de más de medio millón de fallecimientos probablemente vinculados a la COVID-19.

El subempleo permanece por encima del máximo alcanzado durante la crisis financiera mundial; más de 4.5 millones de personas más están desempleadas, subempleadas o dispuestas a trabajar (la categoría amplia de desempleo U6) que antes de la pandemia.

Los niveles de pobreza, que ya eran altos, han aumentado más. Los jóvenes enfrentan importantes pérdidas en términos de aprendizaje, con efectos potencialmente perjudiciales a largo plazo.

El ingreso real per cápita ha continuado su larga trayectoria de divergencia entre México y los Estados Unidos, y las proyecciones indican que la diferencia se ampliará en el futuro. 

Los principales problemas de México siguen siendo el escaso crecimiento de la productividad y los elevados niveles de pobreza. En el futuro, la economía afrontará nuevos desafíos derivados de avances tecnológicos y de los efectos del cambio climático.

El FMI destaca que, ante este contexto, las prioridades consisten en salvaguardar la recuperación, preservar la estabilidad económica y promover un crecimiento inclusivo y sostenible. 

Ante todo, para esto será necesario vacunar lo más pronto posible a la población apta para recibir la vacuna.

Debido a la holgura en la economía, una posición fiscal flexible a corto plazo ayudaría a mitigar las secuelas a más largo plazo y a afianzar la recuperación. La focalización de este apoyo fiscal en programas bien diseñados de asistencia social, educación, salud y gasto en inversión pública aliviaría las cargas que sobrellevan los miembros más vulnerables de la sociedad y fomentaría un crecimiento más inclusivo.

Este mayor gasto por adelantado tendría que combinarse con una reforma fiscal que se adopte gradualmente a mediano plazo a medida que se afiance la economía. Reformas en el lado de la oferta para mejorar la productividad y enfrentar la informalidad aumentarían la inversión y el crecimiento potencial.

La actual coyuntura, con el empuje de un fuerte repunte económico en Estado Unidos, brinda una valiosa oportunidad para abordar decisivamente los retos que México tiene por delante.

Y no lo olvide, no compre lo que no necesita y no gaste más de lo que gana.

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