miércoles, diciembre 11, 2019

Aprueban diputados definir delitos por los que el Presidente podrá ser investigado.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, el dictamen a la minuta que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política, para precisar que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado por actos de corrupción, delitos electorales y los contenidos en el segundo párrafo del artículo 19 de la Carta Magna.

Dicho párrafo puntualiza que éstos son: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquier modalidad, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Asimismo, en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, los cometidos con medios violentos como armas y explosivos, en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, así como los graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

En cuanto al artículo 111 constitucional, se precisa que, para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, el Senado de la República resolverá con base en la legislación penal aplicable.

El documento avalado por 420 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones y devuelto al Senado de la República, resalta que la finalidad es avanzar gradualmente en la eliminación del fuero de los servidores públicos y de quienes lo ostentan, para contribuir a desaparecer esa brecha entre inmunidad e impunidad, provocada principalmente por los altos grados de corrupción en México, entre otras conductas delictivas establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política y otros ordenamientos jurídicos y procesales.

Considera que la inmunidad debe limitarse a la libertad personal de cada uno de los integrantes titulares de tales órganos para que éstos, bajo cualesquiera circunstancias, funcionen con normalidad y no afecten el cumplimiento del servicio público.

Lo anterior, sin que favorezca la persecución política de los propios servidores públicos ni impacte en la estabilidad de la función que desempeñan o intervenga en la capacidad de decisión de los servidores públicos.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), secundó el contenido esencial de la minuta enviada por el Senado, y exhortó al pleno de la Cámara de Diputados a continuar la construcción de las bases de una regulación que elimine el llamado fuero de los altos servidores públicos.

Ello, con la firme convicción de consolidar un mecanismo que en los hechos desestimule la impunidad, sin que favorezca la persecución política de los servidores públicos ni impacte en la estabilidad de la función que desempeñan o intervengan en su capacidad decisional.

 

El fuero ya no puede ser considerado durante más tiempo como privilegio conferido a determinados servidores públicos; las responsabilidades que deben cumplir no pueden ser omitidas, aun durante el periodo que dure su encargo. La principal razón es no continuar salvaguardando al servidor público con la excusa de que se hace al cargo o por eventuales acusaciones sin fundamento.

La inmunidad aludida en esta nueva reforma permite un ejercicio de la acción penal más libre y evita proteger a servidores públicos que han incurrido en algún delito. De esta manera, la figura vigente del fuero constitucional no promueve la responsabilidad pública, por lo que se debe modificar. “No hay motivo por el que el servidor público quede protegido y se permita determinar si su conducta que le imputan constituye o no algún delito”.

Carrillo Martínez precisó que la comisión consideró pertinente regresar a la redacción del proyecto de decreto en los mismos términos en los que fue presentada la iniciativa del Presidente de la República ante la Cámara de Senadores, la cual tiene el propósito de establecer la clara posibilidad de que el titular del Ejecutivo federal sea procesado penalmente por la comisión de los delitos referidos en el artículo 19 constitucional.

Se trata de eliminar el esquema de impunidad del más alto servidor público de la Federación, y no así la minuta recibida por la Cámara de Diputados, que adicionó una porción normativa que restringe la posibilidad actual de que los legisladores federales sean procesados por la comisión de cualquier delito.

En la actualidad, con lo dispuesto por el artículo 111 constitucional, diputados federales y senadores de la República pueden ser procesados penalmente por la comisión de cualquier delito, para lo cual es necesario que sean sometidos al procedimiento comúnmente conocido como desafuero, en el cual la Cámara de Diputados debe declarar por el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes presentes, si hay o no lugar a proceder contra el inculpado.

Consideró necesario eliminar gradualmente la figura de fuero constitucional de la que gozan en la actualidad servidores públicos, titulares de los poderes y de algunos órganos autónomos, así como los correspondientes a las entidades federativas por la comisión de delitos federales.

Este documento, añadió Miroslava Carrillo, sienta las bases para impedir que uno de los más altos funcionarios públicos del país sea sometido al poder de la justicia si sus comportamientos atentan contra el marco jurídico mexicano. “Ello, garantizando el desarrollo de la capacidad decisional y el libre funcionamiento de los poderes públicos, lo que permitirá vivir en un Estado de derecho bajo el principio del buen gobierno”.

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