Presunción de Inocencia y Derechos Humanos aporta pruebas que evidencian y demuestran a senadores de la República el ineficaz y corrupto sistema de “justicia” del gobierno del Edomex.

 “Somos familiares y Personas Privadas de la Libertad (PPL), que fueron procesados, sentenciados por delitos que no cometieron y que son inocentes”, precisaron cientos de familiares frente al Senado de la República de México.

Luego de ejercer su derecho de manifestación por Paseo de la Reforma de la Ciudad de México y exigir a los Senadores su intervención inmediata para impulsar cambios a la Ley de Amnistía y cumplir con cada una de las disposiciones que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, los familiares de internos de las cárceles mexiquenses, así como de otros centros penitenciarios del país, denunciaron los múltiples actos de corrupción registrados en todo el sistema penitenciario.

Los manifestantes consideraron que, en su calidad de integrantes de la Cámara Alta del país, deben exigir rendición de cuentas a exgobernadores como Eruviel Ávila (actual Senador), pues en su momento tenía la obligación de implementar el sistema de justicia penal basado en la oralidad, previa capacitación de todo el personal involucrado, mandato que incumplió por la presunta desviación del dinero que era para ese propósito.

En voz de José Humbertus, los familiares de los denominados PPL, Personas Privadas de su Libertad, coincidieron en señalar que en el sexenio pasado la Estrategia Nacional de Seguridad se convirtió en la fabricación de delitos en contra de miles de ciudadanos mexicanos que son inocentes y lo más grave es que fueron sentenciados por delitos de alto impacto que no cometieron.

Humbertus denunció que la fabricación de delitos y los falsos culpables han sido una práctica en México desde hace más de 100 años.

Situación que se institucionalizó con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, teniendo como su autor intelectual y material al Director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y ex Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, hoy procesado penalmente en la Corte de Nueva York por delitos de narcotráfico y conspiración, por introducir estupefacientes a los Estados Unidos de Norteamérica”, precisaron.

“Como falsos culpables denunciamos que nuestros delitos fueron fabricados como una práctica impuesta de manera autoritaria por los responsables de la Seguridad Pública durante los años de 2000-2018, años en donde se realizaron dos reformas constitucionales la de Justicia y Seguridad del 18 de junio de 2008 y la de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011”, se precisa en un apartado del texto que los familiares de los PPL entregaron al Senado de la República.

Y puntualizaron que las autoridades del Estado Mexicano en materia de justicia, seguridad y derechos humanos han incumplido los Tratados Internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, concretamente la Convención de Viena, en el artículo 27 Principio Pacta-Sunt-Servando.

“A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, La Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia Nacional de Procuradores, remitirán de manera semestral la información indispensable a efecto de que las Comisiones de Justicia de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, evalúen el funcionamiento y operatividad de las disposiciones contenidas en presente Código”.

Los responsables para lograr la libertad de los falsos culpables por delitos de alto impacto en los penales de fuero común y federal es el Senado de la República, por tener la facultad constitucional de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y principalmente por tener como Senadores a Eruviel Ávila Villegas, Miguel Ángel Mancera Espinoza y Miguel Ángel Osorio Chong.

Políticos que al ocupar posiciones relevantes años atrás, habrían desviado miles de millones de pesos del FASP para la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

“Son responsables de que miles falsos culpables por delitos de alto impacto estén en prisión siendo inocentes”, aseguraron.

Al concluir la movilización los familiares de los PPL presentaron solicitudes para que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en delitos de alto impacto se modifique, se cambie o cese por llevar más de dos años con esta medida cautelar y no les han dictado sentencia.

Y también ingresaron cientos de solicitudes a jueces de fuero común y/o federal para que cumplan con la Constitución Federal, la Convención Americana de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con “la modificación, cambio o ceses de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa” para personas que tengan más de dos años y no se tengan sentencia.