lunes, noviembre 18, 2019

Al dar un informe de sus primeros cien días al Frente de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero ofreció cifras espeluznantes.

Dijo que se encontró un rezago injustificado de más de 300 mil Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación, sin resolver. No se encontró control, ni centralización de las denuncias o querellas presentadas, ni había un sistema de oficialía de partes en la Ciudad de México y en toda la República, para administrar estas tareas; por lo cual, cada unidad podía recibir los casos que quería o le convenía, sin ningún orden, ni verificación. El promedio general de eficiencia terminal favorable, en sentencias definitivas judicializadas, no alcanzaba más del 5% del volumen total de asuntos tramitados.

No existía un control integral de calidad en la judicialización de las carpetas de investigación; ya que únicamente se prestaba asistencia técnica al Ministerio Público por excepción y en casos muy contados.

Tampoco existía algún programa de verificación sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación a cargo de cada Agente del Ministerio Público, pasando de asignaciones desproporcionadas e ilógicas, como lo son de mil casos para una sola persona, hasta numerosos Ministerios Públicos que no tenían asignada ninguna carpeta o averiguación.

No había control alguno sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones, ni para identificar atrasos en las averiguaciones previas y carpetas, por lo que las denuncias podían quedarse meses o años, sin determinarse.

No existía ningún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo que generó un rezago por parte de la Policía Federal Ministerial, de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación. Para el caso de los Servicios Periciales, el rezago en la emisión de dictámenes era de más de 3 mil.

Tampoco existía control efectivo sobre los Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados, quienes supuestamente le debían dar seguimiento a los procesos judiciales, que se estaban perdiendo mayoritariamente.

Se pudo determinar el número exiguo de 4 mil elementos policíacos en activo, para todo el país, de los cuales se distraían a 800 elementos, para prestar servicios de protección y seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y personas diversas.

También abordo los casos sobre los que ha recaído opacidad y lentitud en los procesos judiciales:

AYOTZINAPA

Después de haber conocido la investigación que, al respecto, acaba de culminar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República propuso al Presidente de dicha Comisión, apoyarse en dicha investigación, en una tarea conjunta con la Comisión de la Verdad, los padres y familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esta Fiscalía General de la República; reponiendo el procedimiento en todo lo que sea necesario para así recuperar la credibilidad y la justicia en este caso emblemático de corrupción y encubrimiento.

ODEBRECHT

Este caso tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza, lo inició la Procuraduría General de la República, desde enero de 2017 y, hasta la fecha, no había dado resultado alguno; razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente; y en un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada.

TLAHUELILPAN

En la investigación sobre la tragedia de Tlahuelilpan, la Fiscalía General de la República ha realizado, junto con la Fiscalía del Estado de Hidalgo, 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y se han recibido 84 informes y documentos de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, estableciendo la secuencia cronológica de los hechos, lo que permitió identificar, a través de testimonios de los vecinos y otras pruebas, a quienes convocaron a la población al sitio del siniestro, y a quienes, en forma irresponsable, provocaron el incendio correspondiente.

En este asunto existe todavía un proceso de investigación respecto a los posibles atrasos por parte del personal de PEMEX en la atención a la fuga de combustible, ya que hay una discrepancia notable entre los protocolos de esa empresa, frente a una situación tan grave como la que se vivió; por lo que se ha solicitado y se ha obtenido la próxima presencia de peritos especiales en siniestros petroleros del FBI, quienes dictaminarán sobre el particular; y, una vez que se cuente ya con toda la base pericial, se darán a conocer, de inmediato, los resultados.

SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE PEMEX

La audiencia correspondiente se llevará a cabo el día 17 de mayo.

ESTAFA MAESTRA

Con base en dictámenes de auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, este caso se inició en la entonces Procuraduría General de la República, en octubre de 2015, acumulando 21 procedimientos independientes unos de otros, relacionados con funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y 2 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de dirigentes de diversas universidades públicas del país, dentro de las cuales se han obtenido 5 vinculaciones a proceso. Se encuentran pendientes de celebrar audiencias iniciales en 2 de esas 5 carpetas de investigación, respecto a 5 ex servidores públicos de ambas Secretarías.

Bajo ese mismo esquema, en 2017 y 2018, la PGR inicio 2 carpetas de investigación adicionales; una relacionada con ex servidores públicos de SAGARPA y otras instituciones públicas de educación superior, en las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso. En una de ellas, existe sentencia condenatoria en contra de un Particular, mediante Procedimiento Abreviado.

En relación con este tema, la Fiscalía General de la República está restructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros; por lo cual debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público, ya que los elementos aportados así lo indican; razón por la cual es necesario restructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de estado, encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más; razón por la cual se procederá de inmediato a investigar esta hipótesis criminal, mientras se continúan los procesos ya iniciados.

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