Tras el anuncio de la desaparición de las Estancias, surgieron diversos reclamos.

Por: Ángel Mundo López

Las estancias infantiles, conocidas coloquialmente como guarderías, sobra decirlo, representan una estrategia que aporta múltiples beneficios a sus usuarios, directos o indirectos, pues, a los padres les permite insertarse en la dinámica laboral sabiendo que sus hijos se encuentran en un lugar, seguros, en donde, además, recibirán alimentación, en tanto que para los infantes, se trata de un espacio en el que reciben servicios educativos y de estimulación temprana que potencian su adecuado desarrollo físico y emocional.

Aunque esta estrategia no se encuentra dirigida exclusivamente a madres solteras, son ellas las que requieren en mayor medida de este tipo de programas, precisamente, porque no cuentan con una pareja que comparta las responsabilidades del hogar, específicamente el cuidado de los hijos. De los casi 32 millones de hogares que registró el INEGI en el año 2015, 9.2 millones tenían una cabeza femenina, aproximadamente 2.3 millones más que en el año 2010.[i] Asimismo, de esos 32 millones, 18% son monoparentales (5.7 millones) y, nuevamente, la mayor parte son dirigidos por una mujer (4.8 millones).[ii] Estos datos nos ofrecen una perspectiva del tamaño del problema al que se intenta hacer frente con las estancias infantiles.

Pese a los efectos benéficos de esta estrategia, no se puede negar la existencia de debilidades, ocasionadas, en buena medida, por la corrupción o la improvisación, o bien por la falta de supervisión y control de parte del gobierno en sus distintos niveles, lo que ha ocasionado sucesos trágicos, como el ocurrido en el año 2009 en el estado de Sonora, con el incendio de la guardería ABC, que, como bien se sabe, dejó como saldo la muerte de cerca de 50 infantes y traumáticas e importantes secuelas en muchos más niños que sobrevivieron.

Con la llegada del nuevo Gobierno y su lucha contra la corrupción, uno de los frentes de batalla se dirigió, precisamente, contra las estancias infantiles, decretando, en el mes de febrero la desaparición del programa, una medida en la que se decide tirar no sólo al niño con todo y agua, sino hasta el recipiente que los contiene. Tras el anuncio de la desaparición de las Estancias, surgieron diversos reclamos, tanto de madres beneficiarias como de prestadores de estos servicios, que ocasionaron que el titular del Ejecutivo anunciara que el Estado, o bien crearía y operaría sus propias Estancias, o bien que se generaría un programa de estímulos económicos para que los padres de familia tuvieran la oportunidad de decidir el destino de los recursos: pagar por un servicio particular, o bien, dar ese dinero a algún familiar para que se hiciera cargo de los cuidados de los infantes, específicamente, los abuelos de los niños.

En últimas fechas, el gobierno sustentó su decisión con base en los resultados de un “censo”, que buscaba, identificar errores u omisiones en la operación de las estancias. Así, se pudo detectar, entre otros hechos, más de noventa mil niños que no pudieron ser ubicados físicamente, así como domicilios no identificados y hasta duplicidades porque algunos niños se encontraban registrados en más de una entidad federativa. Cabe aclarar que las acusaciones de los más de 90 mil niños no identificados fueron respondidas por algunos prestadores de servicios argumentando errores de los “censadores”, al portar padrones de beneficiarios desactualizados.

Si bien, como acabamos de mencionar, la nueva estrategia le confiere a los padres la posibilidad de decidir el uso de los recursos, también presenta otros problemas, por ejemplo, monetariza una relación que los familiares realizan de forma gratuita, pues, cuando las estancias no abren o suspenden sus servicios y los padres no pueden ausentarse del trabajo, son sus familiares los que se hacen cargo de cuidar a los niños; de igual forma, no se están considerando las capacidades físicas o mentales de las personas mayores sobre las que se quiere recargar de forma permanente la atención a los niños; asimismo, no considera que el costo de un servicio particular no subsidiado puede ser más alto, y que las transferencias, que se asemejan a una especie de bonos educativos por niño, podrían ser insuficientes para cubrir dichos costos.

Las reglas de operación (RO) del nuevo programa también presentan algunas anomalías, como una reducción en el monto económico por niño respecto del que se otorgaba en el esquema de subrogación, pues, aunque los montos de atención por niño con discapacidad se mantienen ($1,800 mensuales) en los niños que no se encuentran en esta condición se reduce de $950 a $800. Si bien esto podría deberse a la reducción que implica eliminar los costos de operación, las RO no argumentan el porqué de este cambio. Por otro lado, la cobertura, como sucede en el resto de los programas de la Secretaría del Bienestar, está descrita, únicamente, bajo un criterio geográfico y no descriptivo de la población objetivo. Asimismo, no se definen ni montos presupuestales ni metas, por lo que no se puede realizar una proyección para conocer los alcances del programa. En añadidura, los derechos se encuentran indebidamente conceptualizados, representando más un estándar de atención que un derecho a ejercer. Por último, en las obligaciones y condicionalidades, además de existir una mala redacción (v.g. “no hacer uso inadecuado o lucrativo” -sic-) no termina por definir lo que para el programa implica un uso inadecuado de los recursos. Cabría aclarar, por lo demás, que es, justamente, el uso lucrativo lo que se estaría defenestrando.

Desde la perspectiva de las políticas públicas, Charles Lindblom, asegura que todas las políticas son medidas incrementales, por consiguiente, en lugar de la eliminación de las estancias, por muchos errores o debilidades que hubieran presentado, hubiera sido mejor reforzarlas por medio de mecanismos adecuados y efectivos de gestión y supervisión para reducir o evitar las fallas y las problemáticas detectadas, pues se trata de una medida en la que no todo ha sido corrompido, en tanto que una nueva medida requerirá, como todo programa, una curva de aprendizaje y operación que podría, por lo menos, tardar en operar adecuadamente algunos meses. Por otro lado, la monetarización de los cuidados podría socavar la solidaridad familiar, un principio de comportamiento que, como dice Polanyi, no se encuentra asociado con lo económico, algo que debería preservar un gobierno que decretó recientemente el fin del neoliberalismo.

Referencias:

[i] https://www.inegi.org.mx/temas/hogares/default.html#Informacion_general

[ii] https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/pxweb/inicio.html?rxid=2a7423ff-cf36-4e8f-8cec-f04faba3b2a3&db=Hogares&px=Hogares_08

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