viernes, marzo 29, 2024
Estrategia de militarización afecta a niñez mexicana

El Comité de Derechos del Niño de la ONU pidió desde 2011 revisar la estrategia de militarización por el incremento de homicidios, desaparición y niñez reclutada.

Luego de la fallida estrategia de seguridad pública militarizada impulsada por Calderón en 2006, el impacto negativo en la seguridad e integridad de las y los ciudadanos ha alcanzado dimensiones preocupantes. Además ha tenido una grave repercusión en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al impedirles el derecho una vida sin violencia.

El pasado 31 de agosto, Heidi Mariana, de tan sólo cinco años de edad fue asesinada por elementos del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas; cuando se dirigía al hospital junto con su mamá y su hermano. De acuerdo con la información, la muerte fue provocada por personal de la SEDENA, haciendo uso de la fuerza letal, contraria a los estándares internacionales en Derechos Humanos.

Recordamos que en 2011 el Comité de los Derechos del Niño expresó al Estado mexicano su “inquietud ante la amenaza contra el derecho a la vida de los niños causada por el grado de militarización” en el país. Volviendo a solicitar en 2015, a revisar la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada, para que las niñas y niños estén protegidos de la violencia, así como implementar de manera efectiva protocolos para la protección de sus derechos durante las operaciones federales contra los grupos de la delincuencia organizada, llevadas a cabo por el ejército y las fuerzas de seguridad, así como garantizar el derecho a la justicia de las familias de las niñas y niños víctimas de violencia en el país.

Por lo anterior, desde las organizaciones de la sociedad civil que defendemos los derechos de la niñez, manifestamos preocupación por la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de institucionalizar una estrategia que empodera todavía más a las Fuerzas Armadas, al mantenerlas al frente de la seguridad pública del país.

Repudiamos la militarización que ha ignorado los tratados internacionales de derechos humanos y las recomendaciones expresas que organismos de derechos humanos han hecho al país, lo cual no ha traído resultados en favor de la paz y ha continuado dañando a la ciudadanía del país, en particular a niñas, niños y personas jóvenes.

La militarización ha multiplicado las violaciones graves a derechos humanos y los miembros de la fuerza armada son cubiertos por la impunidad. Nos preocupa que pese a los indicadores negativos, el gobierno federal y el partido mayoritario en las cámaras pretendan seguir ignorando estas recomendaciones y estándares, manteniendo un negocio multimillonario de muerte y dejando al país bañado en sangre.

Las organizaciones que suscribimos, nos expresamos en contra de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados y llamamos al Senado de la República a frenar el espíritu militarista del poder ejecutivo, que sin responsabilidad de Estado viola abiertamente la Constitución.

Llamamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cumplir con su responsabilidad legal y discutir el paquete de controversias constitucionales que tienen pendientes en esta materia. Es urgente que sea un poder autónomo que ayude a reconocer el riesgo que conlleva la creciente participación militar en tareas de seguridad ciudadana, porque debilita la democracia y es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.

Nos sumamos al llamado de las organizaciones y organismos internacionales para que el Gobierno y el Senado no profundicen el militarismo en México. La amenaza más grande para la democracia es la militarización de la seguridad pública. Es una condena a vivir en una guerra que se va a recrudecer y el rechazo inminente a la construcción de la paz.

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