Aprueban en comisiones la Ley de Amnistía del Estado de México que beneficiará a PPL que no cometieron delitos graves.
Sólo con el voto en contra del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) este miércoles las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y Derechos Humanos de la LX Legislatura mexiquense avalaron la Ley de Amnistía del Estado de México, cuyo análisis se realizó en la modalidad de Parlamento Abierto y dio voz a organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas y profesionales en la materia, así como a servidores públicos.
Durante la reunión de Comisiones Unidas, presidida por el diputado Sergio García Sosa (PT), se dio a conocer que el nuevo ordenamiento estatal conjunta las iniciativas que presentaron, por separado, diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PT, PRD, así como el ciudadano José Humbertus Pérez Espinoza y las propuestas y observaciones de los Poderes Judicial y Ejecutivo (a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos), de la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM), la Comisión estatal de derechos humanos y organismos no gubernamentales que velan por las garantías individuales.
Con anticipación el diputado Max Correa Hernández, declaró que esta Ley “no es para poner en libertad a criminales sino para quienes fueron imputados de delitos que no cometieron y que no se dedicaban en ningún momento a actividades delictivas”.
Con esta ley se prevé beneficiar a sentenciados por delitos no graves, llevar los casos de delitos graves pero con indicios de fabricación del delito a una comisión revisora, y agilizar las preliberaciones de quienes ya cumplieron con su sentencia y cumplen los requisitos de ley.
Además protege los derechos de las víctimas con la garantía de reparación del daño, y tiene como plazo perentorio los casos que van desde el momento de la promulgación de la ley hacia atrás.
Los beneficiarios, agregó Correa Hernández, no sólo partirán de un catálogo de delitos; también tomará en cuenta la vulnerabilidad de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que son mujeres, indígenas, campesinos o que han sido estigmatizados por el color de su piel o que se encuentran en precariedad económica.
Finalmente, dijo que la iniciativa se deriva de la Ley de Amnistía Federal que confiere a los Congresos locales la responsabilidad de legislar sobre el tema en materia del fuero común, partiendo del hecho de que la amnistía es una facultad del Poder Legislativo. También es una recomendación de organismos internacionales para despresurizar los penales en el contexto de la pandemia por COVID-19.
Tras la aprobación en Comisiones, la Ley de Amnistía tendrá que someterse a consideración del pleno antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones que sería el 18 de diciembre.
EL ALBAZO LEGISLATIVO
La aprobación de la Ley de Amnistía no incluye a las PPL acusadas de delitos de alto impacto como se propuso en la iniciativa presentada por el fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos AC, José Humbertus Pérez Espinoza, por lo que ahora convoca a un plantón afuera del recinto legislativo para denunciar lo que ha llamado “el albazo legislativo”.
Cabe destacar que el pasado 24 de agosto, dentro de los trabajos de análisis de la Ley, legisladores se reunieron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Ricardo Sodi Cuellar, en donde se expuso un análisis estadístico sobre los tipos penales relacionados con la iniciativa de ley y se informó que de 2015 a 2019 fueron sentenciadas a pena de cárcel 2 mil 799 personas por delitos no graves, quienes representan aproximadamente 4% de la población penitenciaria.
Ante estos datos, se justifica la insistencia de Pérez Espinoza de incluir en esta ley de Amnistía, mediante la revisión de cada uno de los casos, de aquellos falsos culpables a los que se les fabricaron delitos graves y que han sido estigmatizados por su condición de pobreza, por ser campesinos, indígenas, por su color de piel o por su bajo perfil educativo
“Estos falsos culpables necesitan reparación y no reinserción, ya que ellos no cometieron delitos y son personas privadas de su libertad”.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y la Plataforma Haz Valer mi libertad realizaron con antelación una fuerte presión mediática para la aprobación de la Ley de Amnistía antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, aunque muchos de los familiares que llevan acompañamiento de esta ONG, han manifestado a través de redes sociales su inconformidad porque no se incluyeron delitos graves cuando muchas de las PPL compurgan sentencias por secuestro, delincuencia organizada, homicidio, etc., que no cometieron y que a pesar de las pruebas a su favor continúan recluidas en penales mexiquenses.
