El gobernador mexiquense debe atender llamado del Congreso local para poner un alto a irregularidades en los Cuerpos de Seguridad Auxiliar que por años han operado en total opacidad.
Por Eduardo Alonso
En Gaceta de Gobierno se publicó el exhorto realizado por los 75 diputados del Estado de México para que Alfredo Del Mazo Maza, gobernador de la entidad mexiquense, cumpla la recomendación 97/2019 y 98/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que plantea al reglamentar la operación de los policías adscritos a los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México, identificados como CUSAEM.
“Se exhorta al Gobernador del Estado de México para que dé cumplimiento a las recomendaciones 97/2019 y 98/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a efecto de que reglamente la supervisión de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), y gire instrucciones al Secretario de Seguridad Pública del Estado de México, para dar cumplimiento a la verificación y capacitación de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.
Precisa el Artículo Único plasmado en el exhorto publicado en el periódico oficial del Gobierno mexiquense y al que tendrá que dar una respuesta el mandatario estatal.
Es así como por primera vez el Congreso local mantiene una postura unánime y firme respecto a la operación de los elementos de CUSAEM.
Cuerpo policíaco que desde su creación se ha manejado con opacidad, discrecionalidad y ambigüedad, ya que no se tiene la certeza jurídica si pertenecen al gobierno estatal y/o son un ente de seguridad privado.
Para el caso del primer escenario, no se tiene indicio alguno de que la actividad de sus aproximadamente 23 mil elementos (número superior a los aproximadamente 16 mil efectivos de la policía estatal) que prestan servicios a entes públicos estatales y privados-empresas, reporten institucionalmente un peso de sus ingresos a las arcas estatales.
Lo anterior pese a que un elevado porcentaje de dichos policías tienen cobertura social-médica por parte del ISSEMyM, es decir del sector público que presta servicios médicos sólo al trabajadores del Gobierno del Estado de México y municipios, y que las armas que emplean para prestar sus servicios las usan bajo el amparo de la licencia oficial colectiva 139, otorgada a la Comisión Estatal de Seguridad hoy Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Esquema de cobertura social médica que ha sido posible, han argumentado ex directivos del ISSEMyM, bajo la firma de un convenio.
Sobre dicho punto, es de destacar que de acuerdo a las diferentes comparecencias que han tenido recientemente directivos del ISSEMyM en el Congreso local, han confirmado que ese cuerpo de seguridad, CUSAEM, adeuda por concepto de pago de cuotas un aproximado de 1,800 millones de pesos, los cuales no han pagado hasta el momento y el posible acuerdo para que se obligue a sus directivos a realizar el pago se mantiene con opacidad.
En caso de que fuera el segundo escenario, es decir un ente privado policiaco que presta servicio a particulares, incluyendo instituciones públicas estatales, hasta hace algunos años dicha corporación no estaba dada de alta en los padrones de empresas de seguridad privada, en el entendido, se argumentó en su momento, de que era una corporación adscrita al Gobierno del Estado de México.
Es de destacar que ambas recomendaciones 97/2019 y 98/2019 de la CODHEM, solicitan al Ejecutivo reglamentar los mecanismos de supervisión de los CUSAEM, para que puedan ser auditados; verificar que los elementos de CUSAEM a quienes se les haya autorizado portar armas de fuego, cumplan con los requisitos y condiciones previstos en la normatividad aplicable; y se emita un Protocolo del Uso de la Fuerza para los Cuerpos de Seguridad conforme a la ley, entre otras.
La falta de legalidad en la regulación y supervisión de los CUSAEM, se precisó en la argumentación del exhorto emitido por la Legislatura, ha permitido que esta corporación opere con total impunidad, sin rendir cuentas, y sin que se fiscalicen sus ingresos, pese que existen diversas denuncias presentadas en su contra por violación a derechos humanos y presuntos hechos delictivos, se argumentó al aprobar el exhorto al mandatario Alfredo Del Mazo Maza.
Liga de exhorto:
