Señalan responsabilidad de instituciones y de minera Ternium para lograr su liberación.

Colectivos de al menos seis estados de la República exigen la presentación con vida de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz reportados como desaparecidos.

Ricardo Lagunes Gasca es abogado y defensor de los derechos humanos, mientras que Antonio Diaz Valencia es dirigente de la comunidad indigena de Aquila, Michoacan. Ambos desaparecieron el domingo 15 de enero en el trayecto entre Aquila y Tecoman, Colima.

Ricardo Lagunes acompañaba a la comunidad nahua de Aquila en la defensa legal frente a la trasnacional minera Ternium, que explota las tierras comunales de manera irregular, incumpliendo lo pactado con la comunidad y en colusión con grupos del crimen organizado.

La resistencia del pueblo nahua de Michoacán contra el despojo y el control de su territorio por parte de los cárteles tiene ya una década y ha sido ejemplar, pero ha costado la vida de decenas de comuneros. La comunidad nahua de Ostula, que pertenece al municipio de Aquila, ha mantenido un fuerte proceso organizativo y logrado la recuperación de sus tierras comunales; sin embargo, su lucha ha costado la vida de 35 comuneros y la desaparición de otros cinco desde 2009 a la fecha. El 12 de enero 2023, hace apenas unos días,fueron asesinados tres integrantes de la Guardia Comunal de Ostula, institución comunitaria cuya labor en garantizar la seguridad del pueblo ha sido sistemáticamente obstaculizada y criminalizada por parte de las autoridades estatales. 

El secuestro y desaparición de Ricardo y Antonio se dan en un contexto de elevada vulnerabilidad de la población nahua que habita la región costera de Michoacán, victimas desde hace años del crimen organizado, de la voracidad de empresas extractivas, de la corrupción institucional y el reiterado desconocimiento de sus derechos colectivos a la tierra y a la autonomía.

Justo en este contexto se inscribe el compromiso de Ricardo Lagunes con la comunidad de Aquila ya que su trayectoria, como abogado y defensor de derechos humanos, se ha concentrado en la defensa de derechos colectivos y de tierras ejidales y comunales frente a megaproyectos, despojos y violaciones de derechos humanos. Su acompañamiento legal en diversos estados (Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche) ha dado como resultado la protección de miles de hectáreas de tierras colectivas, de valiosos ecosistemas y de derechos colectivos, especialmente de comunidades indígenas.

“Nos alerta e indigna la escalada de violencia en contra de defensores, periodistas, representantes comunitarios y ambientalistas que están viviendo muchas regiones de México en meses recientes. La intervención de los grandes y pequeños cárteles de la delincuencia organizada en el despojo de todo tipo de bienes comunes naturales –bosques, agua, minerales, tierras y parajes con vocación turística- está creciendo y manifestándose de manera abierta y descarada en la total impunidad”.  

“Nos preocupa el escaso interés y atención a esta situación en el debate político nacional, y la inoperancia de las instituciones encargadas de atender dichos crímenes. Emblematico de ésto es el hecho de que Lagunes contaba con medidas cautelares por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y sin embargo, como en muchas otras ocasiones, esto no sirvió de manera efectiva para proteger su integridad. El incremento de la presencia de las fuerzas armadas en distintas regiones del país, evidentemente, no tiene utilidad para detener la violencia en contra de los pueblos indígenas y de los sectores más vulnerables de la ciudadanía”.