miércoles, junio 23, 2021
Fabrican falsos culpables en caso Dylan

Discriminación institucional y fabricación de culpables para ocultar las omisiones de la Fiscalía del estado de Chiapas en la búsqueda del bebé Dylan Esaú: Redim, Melel Xojobal, Colectivo Cerezas

La fiscalía de Chiapas fabricó culpables para ocultar las omisiones evidentes en la búsqueda del bebé Dylan Esaú que logró movilizar la indignación nacional e internacional, incluso ser un tema en “la conferencia mañanera” de Palacio Nacional.

El pasado mes de julio la familia indígena Gómez y sus 23 hijas e hijos se vieron privados de la libertad cuando se les señaló de ser parte de una red de trata, relacionada presuntamente con la desaparición del bebé Dylan Esaú sustraído en San Cristóbal de las Casas el 30 de junio.

El 15 de julio de 2020 a las 9:00 hrs. es detenido de manera arbitraria e ilegal el indígena Adolfo Gómez Gómez. Ese mismo día, es detenida Josefa Sánchez Gómez (ex-esposa desde hace 10 años) al acudir a solicitar informes a la Fiscalía, sin mediar orden de aprehensión.

Tres averiguaciones previas muestran las inconsistencias y fabricación de culpables que realizó la fiscalía y que dejan en duda la autonomía del poder judicial local que autorizó la prisión preventiva aún con las evidentes violaciones a derechos humanos del caso. Se ha convertido en una práctica frecuente de las policías para justificar detenciones arbitrarias acusar por daños contra la salud en su modalidad posesión (causa 0357-078-1001-2020) donde se observa que aún cuando fue privado de libertad a las 9:00 hrs. en el expediente la hora de detención fue establecida a las 20:15 horas.

También, se integró un oficio 02924/0752/2020 de fecha 15 de julio de 2020, en el que se alteró el sello de la hora de detención (20:15 horas y no a las que se realizaron las detenciones: 9:00 (Adolfo Gómez ) y 13:00 aproximadamente (Josefa G).

Se indica que Adolfo Gómez es señalado por integrantes de la policía, quienes aún no han rendido testimonio ministerial, por el supuesto secuestro del bebé Dylan.

En esta investigación también obra un oficio con hechos falsos, en que establece que se entrevistó a Adolfo el 16 de julio de 2020 y, al seguirlo, la Agencia de la Policía Especializada logra ver que habló con diversos menores de edad que estaban en la calle y que algunos le dieron algo en su mano, aún cuando ese día el acusado ya estaba detenido.

También existe un oficio del 16 de junio en el que un testigo señala que observó a Adolfo, Josefa y Ofelia que se iban el día 30 de junio con un menor, que probablemente sería el Bebé Dylan Esaú.

El 17 de julio a las 7:00 am. Se realizó un cateo por parte de la policía Municipal y Estatal de Chiapas; en la casa habitaba Adolfo Gómez Gómez, sus cuatro hijos, cuñados, nueras y nietos; en el cateo detuvieron ilegal y arbitrariamente a 3 mujeres y se sustrajo a 23 niñas, niños y adolescentes. La Policía, en el cateo se llevó todos los documentos que encontraron, entre ellos, actas de nacimiento y constancias de alumbramiento de las niñas y niños.

Todo lo anterior, hace presumir de manera fundada la fabricación de actuaciones tanto por la policía “especializada”, como por el Fiscal de Justicia Indígena y su personal para incriminar ilegalmente a Adolfo Gómez Gómez y Josefa Sánchez Gómez; así como la detención de María Hortensia Gómez Sánchez, Juana Montejo González y Maribel Gómez Sántiz y la sustracción ilegal de los 23 niñas, niños y adolescentes.

Es por ello que #REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México, junto con las organizaciones Melel Xojobal y Colectiva Cereza, acompañados de miembros de la familia Gómez ( Enereida Gómez; hija de Adolfo y Josefa y Madre de 5 de las niñas, niños y adolescentes, Roberto Montejo; Abuelo y Guadalupe González; Abuela) realizaron hoy una conferencia de prensa para dar a conocer las irregularidades del caso, así como las graves violaciones a Derechos Humanos de las y los hoy privados de su libertad.

En conferencia de prensa Patricia Aracil vocera de la Colectiva Cereza denunció que durante las detenciones de Adolfo y Josefa Gómez no se les mostró orden de aprehensión en su contra, lo cual implicaría detenciones arbitrarias e ilegales.

            …”Se les negó indebidamente el derecho a la defensa, y no se les notificó el delito por el cual se encontraban detenidos, no existe constancia que se les permitió una llamada a su defensor o familiar, se les incomunicó de forma coactiva y se les entrevistó sin presencia de un abogado(a) defensor, existió duplicidad del término constitucional y se generaron dos carpetas de investigación con diversos delitos (0357-078-1001-2020 (delito contra la salud en su modalidad posesión) y 0340-078-1001-2020 (desaparición forzada de personas cometida por particulares), es decir, por las múltiples violaciones procesales, se les dejó en completo estado de indefensión”…

Enereida Gómez; Hija de Adolfo Gómez, declaró con rabia y lagrimas en los ojos qué su padre denunció tortura y extorsión, previamente a ser encontrado sin vida en el CERSS NO. 5, con huellas de violencia y tortura. Lo que se suma, a las múltiples violaciones procesales contra esta familia indígena.

Las organizaciones Melel Xojobal y Colectiva Cereza, declararon que al entrevistarse con la Fiscal Altos, Adriana Rebolledo, obtuvieron como respuesta que se había realizado una necropsia y que la causa de la muerte fue por asfixia por ahorcamiento, mostrando una foto donde se veía a Adolfo, en pie, rígido, con una cuerda al cuello sujeta a una reja (observando que la cuerda estaba floja). La Fiscal también dijo que la investigación continuaba abierta.

Enereida también hizo un llamado a las autoridades, pidiendo por favor la inmediata liberación de su madre, de los 23 niños y niñas (5 de los cuales son hijos suyos) y de Juana, Maribel y María Hortencia.

            …”Aún cuando Dylan ya apareció, mi padre falleció, porque las autoridades no hicieron bien su trabajo”…

En el caso de María Hortensia Gómez Sánchez, Juana Montejo González y Maribel Gómez Sántiz se les detuvo ilegalmente desde el 17 de julio hasta el 21 julio, fecha en que las presentan a la Fiscalía General del Estado en Tuxtla Gutiérrez y, el 25 de julio de 2020 a las 12 horas, fueron trasladadas al Amate (Centro federal de Reinserción social para Sentenciados no. 14), donde permanecieron en aislamiento e incomunicación, en la llamada zona de 72 horas, sin acceso a teléfono para comunicarse con su familia o defensa.

Ante las diversas irregularidades para incriminar a la familia tzotzil Gómez y, a pesar de que se evidenció que la desaparición de Dylan Esaú no tiene relación con la familia acusada, que no existen pruebas que sustenten el delito de trata de personas y, ante las declaraciones del Fiscal, la familia Gómez teme que la autoridad continué fabricando datos y pruebas para mantenerles privadas de la libertad, o bien, que atenten contra la vida e integridad de la familia indígena tzotzil Gómez.

Jennifer Haza, Directora de Melel Xojobal, denunció las graves violaciones a derechos humanos y la sistemática fabricación de pruebas y casos donde se criminaliza la pobreza en el estado de Chiapas, especificando que 8 de cada 10 niñas y niños en Chiapas viven en pobreza frente a las omisiones y falta de protección del Estado para garantizar sus derechos.

Manifestaron también la negativa de las autoridades del Sistema DIF a garantizar el derecho a vivir en familia, al establecer obstáculos administrativos para retrasar la reunificación familiar de las niñas y niños retenidos. A pesar que los abuelos de 12 de los 23 niños sustraídos han presentado sus actas de nacimiento en múltiples ocasiones ante el DIF, acreditando su parentesco; sin embargo han recibido como respuesta errores en las actas de nacimiento y manteniendo la criminalización de la pobreza de las poblaciones indígenas.

Juan Martín Pérez García, Director ejecutivo de #REDIM, expresó que la discriminación institucional y fabricación de culpables antes las omisiones de la fiscalía del Estado de Chiapas está representando graves violaciones a los derechos humanos de la familia tzotzil, quienes por ser indígenas pensaron quedarían sin posibilidades de defensa. Destacó que la organización familiar y comunitaria basada en la solidaria es lo que les ha permitido sobrevivencia en medio de la exclusión. Así mismo, responsabilizó directamente al fiscal de Chiapas por la vida e integridad de los 23 niñas y niños retenidos, las cuatro mujeres indígenas presas y los integrantes de la familia Gómez, toda vez que el uso criminal de las instituciones los coloca en riesgo inminente. Llamó nuevamente a la Fiscalía General de la República FGR a atraer el caso ante las evidencias de la violación a derechos humanos y el actuar mafioso de las autoridades de Chiapas. Hizo de conocimiento que se ha realizado la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH buscando la protección internacional a la familia Gómez.

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