sábado, noviembre 26, 2022
Falsos culpables y cártel inmobiliario evidenciados por José Humbertus

El titular de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos AC, y del FMDV, ratifica que en las cárceles del Edomex hay miles de falsos culpables.

Por Eduardo Alonso

José Humbertus Pérez Espinoza, creador de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, así como del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., exigió a la justicia federal emprender los procesos jurídicos que por mandato de ley tiene la obligación de realizar para investigar los actos  delictivos y de corrupción que habrían cometido políticos como el ex  gobernador Eruviel Ávila Villegas, hoy Senador por el PRI, así como directivos del sistema penitenciario mexiquense que actuaron en complicidad con directivos y dueños de inmobiliarias que edificaron decenas de conjuntos habitacionales con múltiples irregularidades.

Frente a instalaciones de la Fiscalía General de la República y acompañado por familiares de personas privadas de su libertad por delitos que “no cometieron”, así como de mexiquenses que adquirieron casas a sobre precio y construidas con materiales de mala calidad; José Humbertus explicó cómo el gobierno estatal le fabricó un delito que lo mantuvo en prisión por más de cuatro años y tras derrumbarse su construcción falsa logró obtener su libertad.

Su caso, precisó, se réplica en miles de mexiquenses que hoy están encarcelados sin una prueba científica que demuestre su culpabilidad.

Recordó que en estados como Chihuahua los jueces no emiten una sola sentencia, sin que de por medio exista una prueba de carácter científico, proceder que no se sigue en el Estado de México, el cual tiene al frente del Poder Ejecutivo y Judicial a Alfredo Del Mazo Maza y  Ricardo Sodi Cuéllar, respectivamente.

Este último, expresó José Humbertus, está más preocupado por buscar una posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que por impulsar un aparato de justicia estatal que funcione de manera correcta.

Aseguró que en el sexenio estatal de Eruviel Ávila Villegas se desviaron los recursos que estaban destinados a capacitar a todo el personal relacionado con el sistema de justicia y como el recurso se lo robaron, miles de funcionarios no fueron capacitados y aún así estaban operando el sistema, supuestamente impartiendo justicia.

Apuntó que durante su injusto proceso de encarcelamiento confirmó que un gran número de personas estaban privados de su libertad de manera injusta, sin prueba alguna, y a partir de ahí determinó emprender la defensa jurídica de esos mexiquenses que son “falsos culpables”.

Defensa que rindió frutos, ya que “Presunción de Inocencia” logró poner en libertad a 244 personas, 86 por el esquema de beneficio o libertad anticipada, 24 por el esquema de amnistía, entre otros.

Actualmente, detalló, “Presunción de Inocencia” tiene 965 solicitudes de amnistía a las que el Poder Judicial, Comisión Especial de Ley de Amnistía e incluso la misma Comisión de Derechos Humanos no quieren entrar al fondo del tema.

Respecto al tema de los fraudes inmobiliarios José Humbertus recordó que durante los últimos 18 años, la política hipotecaria de México se basó en la constitución y creación del Banco de Desarrollo, conocido como Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y sus tres últimos directores: Guillermo Babatz Torres (2001-2007) Javier Gavito Mohar (2007-2012) y Jesús Alberto Cano Vélez (2012-2018), aplicaron cuatro criterios que imposibilitaron el éxito de la política hipotecaria y aplicaron: corrupción, esquemas de rescates financiero, endeudamiento y creación de fideicomisos.

Estos cuatro criterios han sido la columna vertebral del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción y exhibir el saqueo de la economía nacional durante los gobiernos neoliberales, y el caso específico de 18 años de fracasos en la política de vivienda en México que tuvo un costo de aproximadamente 1 billón 300 mil millones de pesos, aseguró.

Precisó que como prisionero de conciencia y expreso político, fue liberado el 20 de enero del 2020 por la Política de Amnistía que estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador, y “tuve el honor de ser el 47 preso político que fue puesto en libertad, y esto como el compromiso 88 que el presidente Andrés López Obrador se comprometió al inicio de su mandato”, dijo.

“Por esto tenemos la autoridad moral para pedirle al presidente de la República y al fiscal general de la República que deben ejercitar la acción penal en la averiguación previa del 2011, así como también, ejercitar la acción penal en contra de los verdugos que me llevaron a prisión como falso culpable, y que también son responsables de que muchos falsos culpables estén en la cárcel del Estado de México”.

Por último, expresó que en este caso la FGR no ha dado respuesta a la denuncia penal que presentamos el 18 de octubre del 2017, y en esta ocasión, presentamos una nueva denuncia penal en contra de los funcionarios de SHF y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no han dado cumplimiento a los cuatro principios que estableció López Obrador en el combate a la corrupción: Investigar todo acto de corrupción, No rescatar a ninguna persona física o moral, en este caso, hipotecarias y constructoras, no endeudarse y no crear fideicomisos para desviar miles de millones de pesos de recursos federales.

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