Denuncia Gabriela Cruz, abogada del dirigente social de Nicolás Romero, un proceso judicial plagado de irregularidades.

Gabriela Cruz Santiago, abogada de Tomás Martínez Mandujano de 58 años y dirigente social de la comunidad Llano Grande, ubicada en la zona alta del municipio mexiquense de Nicolás Romero, aseguró que su cliente no cometió el homicidio que le imputa la Fiscalía mexiquense a través del testimonio de policías, adscritos a su dependencia, los cuales han sido “protegidos” por la misma Fiscalía estatal, pues se han negado a ampliar su declaración bajo el argumento que no están localizables para ser notificados del requerimiento.

La abogada detalló que a dichos funcionarios públicos estatales se les solicitó una ampliación de entrevista-declaración, pero la dependencia encabezada por José Luis Martínez, no les ha notificado porque asegura que no sabe dónde viven. Respuesta irracional puesto que esos Policías de Investigación trabajan para la misma dependencia: Fiscalía.

En entrevista con Luis Pantoja Ríos, titular de la plataforma de información https://comunicadores.mx/  por donde se transmite el programa “De Análisis” de lunes a viernes de 13:00 a 15.00 horas, la abogada precisó que otra situación que genera un gran número de dudas sobre el proceder de la Fiscalía estatal respecto al caso de Tomás, consiste en que la orden de detención se ejecuta dos años después de registrarse el hecho delictivo, pese a que su cliente en todo momento ha hecho su vida cotidiana de manera pública, es decir siempre estuvo perfectamente localizable en Llano Grande.

La especialista en leyes explicó que a través de la investigación complementaria que está realizando su equipo jurídico, puede sostener que el 10 de marzo de 2020, en la comunidad de Llano Grande de Nicolás Romero, una madre de familia se encontraba al interior de su domicilio, junto con sus dos hijos.

Hasta dicho lugar llegaron cinco sujetos de la Fiscalía estatal que en teoría estaban dando seguimiento a un delito que estaba transcurriendo, justo en ese momento, y fue así como con palabras altisonantes y mediante el uso de la fuerza Policías de Investigación emprendieron un mecanismo de tortura contra esa familia, pues entraron al domicilio, sujetaron a uno de los hijos de la señora y posteriormente lo encañonarlo.

La abogada narró que cuando la señora, titular de la vivienda, empieza a gritar y los vecinos de la comunidad de Llano Grande notan la situación, de inmediato exigen a los policías de la Fiscalía estatal que salgan del domicilio y procedieran a retirarse.

La defensora dl dirigente social, Cruz Santiago, reconoció que esa situación generó un altercado donde los vecinos agreden a los policías y éstos empiezan a disparar y justo es ahí cuando una de esas mismas balas hiere a un policía que estaba participando en el operativo, el cual posteriormente pierde la vida, presumiblemente, a causa de uno de esos disparos.

Hecho delictivo que se le atribuyó al dirigente social Tomás Martínez, pese a que, según su abogada, él no se encontraba en la zona y su captura se registra el pasado 4 de junio de 2020, dos años de verificarse el suceso, insistió.

Proceder “irregular” de la Fiscalía estatal al que también se suma que durante la detención del señor Martínez Mandujano, alguien le disparó y provocó una herida en el pie. Situación que no fue plasmada en el informe policial que en su momento entregaron las personas que participaron en el aseguramiento del dirigente social.

No hay un “informe del uso de la fuerza” de ese hecho y en teoría ese supuesto proceder de los Policías de Investigación de la Fiscalía mexiquense se encuentra en fase de investigación, refirió la abogada.

“Cuando el señor Tomás llega a audiencia inicial trae un disparo de arma fuego”, y ese hecho no está registrado en el expediente, insistió la abogada Gabriela Cruz.

Otro dato relevante que no ha sido esclarecido por la Fiscalía estatal, consiste en que al domicilio de la señora llegaron cinco Policías de la Fiscalía, pero en la declaración inicial sólo se precisa que eran tres.

Por último, la defensora de Tomás consideró que durante el proceso se han registrado muchas irregularidades, las cuales hasta el momento no han sido aclaradas a plenitud como de que pistola salió la bala que desencadenó el deceso de un policía.

Ratificó que su cliente no es extorsionador, no participa en ningún grupo de delincuencia organizada y no es autor de las conductas delictivas que según algunos medios de comunicación ha cometido Tomás como el de fraccionador, y prueba de ello es que la Fiscalía sólo le ha notificado del supuesto delito de homicidio y no así de otro, concluyó.