La reforma del Poder Judicial de la Federación y al sistema de justicia constituyen una de las prioridades del Senado de la República.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, afirmó que la reforma del Poder Judicial de la Federación y al sistema de justicia constituyen una de las prioridades del Senado de la República, pues se trata de una de las principales demandas de la sociedad mexicana ante los problemas de criminalidad y violencia que nos afectan.

El problema, advirtió, es que en México la justicia, lejos de ser un factor de felicidad, es una causa de malestar social, debido a la impunidad e injusticias que vemos todos los días. Ante este panorama, agregó, es claro que debemos emprender cambios profundos en el sistema de justicia de nuestro país.

Dijo que algunas de estas modificaciones no requieren cambios constitucionales o legales, sino de liderazgo y determinación en las instituciones.

Dijo que el reclamo de justicia de la sociedad mexicana y la realidad de país que vivimos han tocado las fibras más sensibles de los poderes de la Unión, por lo que se debe responder a este llamado con madurez institucional.

La Cámara de Senadores participa de esta convocatoria inédita y reconoce un esfuerzo de congruencia, resultado de una colaboración extraordinaria entre ambos poderes, subrayó.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseveró que con este acto “se ha cumplido lo acordado y el día de hoy ponemos a su consideración la propuesta de reformas emanadas del Poder Judicial Federal, la cual fortalece y consolida su independencia y autonomía”.

Sin embargo, aclaró que la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal “no requieren una reforma estructural”, ya que la Constitución establece garantías que aseguran su autonomía e independencia, así como un sistema de distribución de funciones, que le permiten alcanzar un equilibrio institucional “y una estabilidad no siempre fácil de conseguir”.

Advirtió que emprender una reforma constitucional a estos dos órganos “pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y los debilitaría, en una coyuntura en que se requiere una Judicatura fuerte, independiente y legitimada”.

En tanto, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, señaló que el aparato judicial ha sido pervertido por décadas. La institución del Ministerio Público ha tenido tarifas y ahora “existen jueces que terminan por convertirse en mercaderes, muchos de ellos, mínimamente calificados, no dirigen su energía a tareas distintas que no sean el abuso del poder, la mediocridad burocrática y la concesión de inmunidades”.

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