¿Quiénes operaron y quiénes perdonaron el quebranto del ISEM-2017?

Con esta pregunta inicia la primera parte de una amplia investigación realizada por la unidad de investigación del portal “The Observer, Periodismo Verificador del Discurso Público”, en el que se detalla ampliamente la forma en que los responsables de los desvíos en el Instituto de Salud del estado de México reportados por la Auditoría Superior de la Federación fueron identificados por una auditoría interna del ISEM, pero ésta se mantuvo en secreto.

A continuación se reproduce el contenido íntegro del amplio reportaje elaborado por periodistas independientes y que nos comparten, así como la liga de la página en su plataforma digital:

A finales de mayo pasado, el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Fernando Baz Ferreira, fue llevado al “cadalso” legislativo. Integrantes de la Comisión de Vigilancia del organismo de la 60 Legislatura, le reclamaban duramente la falta de acciones para investigar y sancionar los desfalcos en el sector salud y la UAEMex, reportados prolijamente por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en septiembre del 2017.

Los legisladores de Morena, remarcaban la diferencia entre los reportes de la ASF y el OSFEM, en las auditorias de 2017, año de elecciones. El auditor se mantuvo pasivo, se defendió, negó toda culpa, pero guardaba un secreto.

Reportes de auditoría interna del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) elaborados para la entrega-recepción del cambio de gobierno en 2017 y una auditoría interna del organismo, y de los cuales este portal posee copias, revelan otra historia.

INTRODUCTORIO AL DESFALCO

Para el año 2017, cuando se celebraron elecciones locales, el gobierno federal todavía en manos de Enrique Peña, transfirió al gobierno de Eruviel Ávila, 186 mil 224 millones 900 mil pesos en recursos federales, de los cuales 9 mil 351 millones, fueron para el sector salud, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), mejor conocido como Seguro Popular.

Los fondos federales de ese año, representaron un incremento de 21 mil millones de pesos más que un año antes. La razón podría ser que se celebraban elecciones en julio y el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, primo del entonces presidente de la República, Enrique Peña, tenía que ganar los comicios a como diera lugar.

Para septiembre del 2018 -un año después- y una vez que Del Mazo ya estaba instalado en el Palacio de Gobierno de Toluca, surgieron los primeros reportes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que documentaban millonarios desfalcos en todo el ejercicio del 2017, por más de 4 mil 300 millones de pesos, más de mil millones del sector salud. Pero para entonces, aún no se conocía, la magnitud del desfalco.

Ya para el segundo semestre del 2017 y buena parte del 2018, pacientes de nosocomios públicos se debatían en los pisos de los hospitales sobre cartones, sin medicamentos ni instrumental médico básico para su atención, ni camillas ni personal suficiente. El sector era un caos. A ello se sumaba desabasto generalizado, suspensión de pagos inexplicables a personal médico y docenas de obras no ejecutadas o en proceso (más de 500 según reportaría en septiembre la ASF), incluidos hospitales como el Oncológico.

El recurso se había esfumado.

En octubre del 2018, médicos, enfermeras y trabajadores se lanzaron por miles a las calles y desbordaron la Plaza Cívica de Toluca para denunciar el quebranto, en una explosiva crisis que estalló en plena consolidación del arranque del gobierno Delmacista. Para entonces Eruviel ya era senador –blindado con fuero-, su secretario de salud, Cesar Nomar Gómez Monge, estaba fuera del gobierno y con una gran fortuna, y el desfalco del ISEM, sin resolverse.

A la fecha la ASF reporta recursos observados ese año aún sin justificar –solo del sector salud- por 916.5 millones de pesos, de acuerdo a los datos consultados el 21 de junio pasado.

Por su parte el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), en el informe de la Cuenta Pública del 2017, solo hizo dos observaciones al ejercicio del ISEM de ese año, por poco más de 63 millones de pesos en “cuentas por cobrar a corto plazo sin comprobación” y “deudores diversos”.

Es decir, que pese a los reportes de la ASF, el OSFEM no ejerció ningún tipo de acción administrativa contra nadie, según lo confirmaría más tarde en entrevista para este Portal, realizada a finales de junio, el presidente de la comisión de vigilancia del organismo, Tanech Sánchez Ángeles.

La inconformidad de los legisladores, advirtió el diputado de Morena que impulso la renovación del OSFEM, radica en la pasividad y omisión de Fernando Valente Baz Ferreira, no solo en el rubro de salud, pues otros temas neurálgicos como La Estafa Maestra, “pasó de noche” para el auditor…

En concreto Baz Ferreira, no señaló responsables en la Cuenta Pública del ISEM del 2017, lo que hoy lo mantiene al borde del despido y la inhabilitación, ya que integrantes de la Comisión Legislativa de Supervisión del OSFEM, consideran que el auditor del organismo, pudo haber incurrido en omisiones graves y encubrimiento.

Y es posible que tengan razón.

LA AUDITORIA SECRETA Y EL CARPETAZO

Un informe financiero elaborado por la Unidad de Contraloría Interna del ISEM en octubre del 2017 y entregado a las nuevas autoridades del Gobierno del Estado de México y del ISEM –y cuya copia posee este Portal-, revelan que las nuevas autoridades mexiquenses tuvieron conocimiento, a un mes de su llegada y luego en noviembre del 2017, de la grave situación del quebranto en el organismo. Pero decidieron no hacer nada.

El documento detalla la grave crisis en dos aspectos fundamentales: pasivos que excedían por más de cinco veces, las cuentas por cobrar y la desaparición de las retenciones de los trabajadores que debieron pagarse en forma de impuestos o aportaciones a instituciones como ISSSTE y SHCP.

El documento indica que “el pasivo”, al mes de julio de ese año, es decir, durante el mes en que fueron los comicios, era ya de 14 mil 344 millones de pesos y que para el mes de agosto, “presentó una disminución” de 5 mil 728 millones de pesos “sin contar con la nota que la justifique –la disminución”, advierte el informe.

Es decir, que no solo faltaban recursos, también se hicieron maniobras de último momento para maquillar la crisis, pues de un plumazo el área de finanzas desapareció en papel –pero sin sustento documental financiero-, los más de cinco mil millones, para dejar los pasivos en 8 mil 616 millones de pesos, como indica la auditoria, la cual se confirmaría un año después con reportes internos de la Entrega-Recepción realizada en noviembre del 2017.

La auditoría interna, también advertía que “el saldo de cuentas por cobrar al mes de agosto –de 2017-, es de mil 926 millones, lo que resulta insuficiente para cubrir el total de pasivos”.

El informe sobre el estado que guardaban las finanzas del instituto y entregado a Gabriel O´shea Cuevas (Secretario de Salud) y Javier Vargas Zempoaltecatl (Secretario de la Contraloría), señala como “Presuntos Responsables” a tres áreas administrativas: Coordinación de Administración y Finanzas; la Dirección de Finanzas y la Subdirección de Tesorería y Contabilidad. El documento no cita los nombres de los probables responsables de las inconsistencias financieras, sólo las áreas responsables de las inconsistencias.

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