Solicita el Congreso estatal frenar corrupción y extorsiones en los centros penitenciarios en los que cobran por trámites para acceder a la Ley de Amnistía.

El Congreso mexiquense solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México que implemente las acciones necesarias en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social para evitar actos de corrupción, extorsiones y abusos del personal penitenciario que se han agudizado a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía del Estado de México el pasado 5 de enero.

En sesión del Noveno Periodo Ordinario, el diputado Heleodoro Enrique Sepúlveda Ávila, autor del punto de acuerdo aprobado por unanimidad, reveló que personas interesadas en presentar una solicitud de amnistía han denunciado que deben pagar de 500 a 2 mil 500 pesos por el llenado de supuestos formatos autorizados, comunicarse al buzón de la Comisión de Derechos Humanos o para acceder a correos electrónicos para recibir las notificaciones, no obstante, todos los trámites relacionados con esta ley son gratuitos.

Quienes han presentado solicitudes ante la Comisión Legislativa Especial en Materia de Amnistía han denunciado verbalmente estas extorsiones, que son una práctica recurrente y cotidiana del personal de los centros penitenciarios y de los grupos conocidos como autogobiernos en penales de Ecatepec, Almoloya de Juárez, Chiconautla, Neza Bordo y Barrientos, indicó el legislador.

Enrique Sepúlveda agregó que la Ley de Amnistía se creó con el espíritu de restablecer el derecho a la libertad de aquellas personas que, por su condición de vulnerabilidad, no han tenido acceso a la justicia y ahora son víctimas de la corrupción.

Por ello, enfatizó, la Secretaría de Seguridad del Estado de México requiere estrategias para erradicar la corrupción que impera al interior de los centros penitenciarios y servidores públicos mejor capacitados.

El legislador refirió que la investigadora Catalina Pérez Correa señala que cada persona privada de su libertad debe pagar en promedio 5 mil pesos mensuales para sobrevivir en los centros penitenciarios, y que de acuerdo con un denominado catálogo de conceptos ilegales por pagar, el uso de una tarjeta telefónica asciende a 80 pesos, alimentos 120 pesos, una televisión o equipo de audio, de 800 a mil pesos y el aviso de llegada de familiar 10 pesos, a los que se le suman de dos a cinco pesos más por cada puerta que necesitan cruzar, además de que se han incrementado las cuotas para acceder al “llavero” quien es la persona encargada de cuidar o abrir la puerta.