Inservibles las Alertas de Violencia de Género Contra las Mujeres; no hay resultados convincentes.

Las cifras de feminicidios siguen incrementándose en el estado de México a pesar de que la entidad cuenta con dos Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM), una por feminicidio decretada en julio de 2015 y otra por desaparición implantada en octubre de 2019.

Muestra de la poca funcionalidad de ambas alertas, es la nula transparencia de los recursos destinados para prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres, así como la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Peor aun es la falta de respeto de las autoridades municipales con los colectivos dedicados a atender, orientar y solventar la búsqueda de decenas de mujeres que son reportadas como desaparecidas en la entidad, tal es el caso del acoso que ha sufrido la defensora de Derechos Humanos Isela Zepeda, por parte de la patrulla 330 y un par de motocicletas, con elementos policíacos del municipio de Chimalhuacán.

“El gobierno de Chimalhuacán, a través de su fuerza pública, ha acosado a la defensora por su participación en las protestas realizadas en el municipio, el pasado 19 de enero de 2020. Además, el delegado de Xaltipac, Marco Rentería, intentó hacerla desistir de hacer dicha protesta frente a las instalaciones de la Unidad Especializada Contra La Violencia Intrafamiliar y de Género (UEPAVIG)”.

A través de un comunicado, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), se explica que la defensora, “también protege las cruces que se colocaron a la orilla del Bordo de Xochiaca, en los límites de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Desde que fueron colocadas dichas cruces, las autoridades quieren retirarlas. Isela ha sido una especie de guardiana que cuida que dichas cruces se mantengan, pues simbolizan la memoria y un grito de justicia por todas las mujeres víctimas de Feminicidio”.

Al mismo tiempo, “la defensora María de Lourdes García Arizmendi, corre peligro por exigir acciones a la UEPAVIG, pues han pasado dos años de la desaparición de su hija Norma Dianney y no se han entregado resultados convincentes que muestren que se está buscando a la joven”.

Es por ello que las organizaciones que conforma la Alerta Temprana Red exigen “el cese del hostigamiento a la defensora Isela Zepeda y se garantice la seguridad e integridad física y psicológica de Isela y María de Lourdes, y si algo llegara a sucederles a ellas o a alguien cercano, responsabilizamos al Presidente Municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez; al responsable de la UEPAVIG; a los elementos policíacos que han sido partícipes del hostigamiento a Isela y al Gobierno de Alfredo del Mazo.

En entrevista con Luis Pantoja Ríos en De Análisis, Elsa Arista del colectivo Nos Queremos Vivas Neza (NQVN) explicó que a pesar de sendas declaratorias de alerta de Género en el estado de México, las unidades especiales de búsqueda no están funcionado, no es visible el presupuesto designado para las alertas, no hay líneas de investigación e incluso se carece de lo más básico que es alumbrado público en calles de municipios tan peligrosos para las mujeres como lo es Chimalhuacán.

Incluso hay coacción de las autoridades con familiares de las víctimas como es el caso de la señora Lourdes García Arizmendi, mamá de Norma Dianey García a quien le dijeron que la recibirían siempre y cuando no realizará manifestaciones “y el resultado es que no hay seguimiento de su caso, hay acoso de policías que pasan cerca de su casa, no hay líneas de investigación en el caso de su hija y las familias debe hacer sus propias búsquedas”.

La última vez que se le vio a Norma Dianey fue el 15 de enero de 2018 cuando regresaba de su trabajo en Nezahualcóyotl a su casa en Chimalhuacán. No hay avances en la investigación por parte de la Fiscalía de Justicia del estado de México (FGJEM).

El colectivo NQVN se encarga de llevar el acompañamiento de varios casos como el de Norma Dianey y el de Diana Velázquez Florencio, quien desapareció el 2 de julio de 2017. Su cuerpo fue localizado en calles de Chimalhuacán y llevado a la morgue de Nezahualcóyotl en donde sus familiares la reconocieron por cuenta propia y no por iniciativa de la Fiscalía. Diana tenía 24 años.

En ambos casos se detecta una serie de irregularidades en las carpetas de investigación.

Durante la declaratoria de la segunda alerta de género en octubre pasado, la presidenta de la Comisión Legislativa Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México y dar Seguimiento a las Acciones Derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Karina Labastida Sotelo, reconoció “que es necesario fortalecer la articulación de los esfuerzos estatales y municipales, por lo que adelantó que el Congreso trabajará en una ley que permita el diseño de políticas públicas específicas, así como la asignación de un presupuesto concreto que responda a las necesidades reales del problema de la violencia contra la mujer y acciones donde se involucre a los colectivos y familiares de las víctimas”. (comunicado de prensa 1271)

Cabe recordar que la segunda alerta se decretó el 2 de octubre de 2019 por desaparición para los municipios de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco. La primera AVGM se declaró el 31 de julio de 2015 en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco para erradicar la violencia feminicida.

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a octubre de 2019, se contabilizaron en el Estado de México 95 feminicidios y 272 homicidios dolosos de mujeres, con lo que se coloca en segundo lugar nacional y primero en incidencia, respectivamente.

El gobierno estatal reconoció 5 mil 108 mujeres desaparecidas de 2012 al 31 de agosto de 2018 en la entidad. En el Estado de México hay dos veces más desapariciones de mujeres, en términos porcentuales, que en el país.

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