Fue detenido injustamente y acusado de secuestro de dos militares en 2007.

Debido a que no fue escuchado por el ex presidente Enrique Peña, Alberto Martínez Sosa, sentenciado a 20 años por el secuestro de dos militares, ahora demanda el indulto a Andrés Manuel López Obrador, en la lógica de conceder amnistía a los presos políticos y detenidos injustamente.

Leonardo Gama, su abogado, confió en que esta figura jurídica les será otorgada, en virtud de que su defendido fue detenido, consignado y procesado sin pruebas fehacientes, con el solo señalamiento tardío de los militares, de tal manera que sólo están a la espera de que les sea requerida la documentación pertinente por la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Alejandro Encinas.

Alberto Martínez Sosa fue detenido el primero de noviembre de 2007 por el plagio de dos militares ocurrido el 6 de octubre de ese año en el municipio sureño de Luvianos.

Los elementos agraviados, Gustavo Herrera Terrones y Luis Enrique Aragón Reyes, reconocieron en su primera declaración que los secuestradores “iban encapuchados”, por lo que no los identificaron.

En tanto, las confesiones del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfonso Benítez Luna; y de Alfredo Trujillo Hernández, otrora agente del Ministerio Público federal adscrito a Tejupilco, también reconocen la inocencia del imputado.

“Todo fue por instrucciones del entonces delegado de la PGR, José Manzur Ocaña -medio hermano de José Manzur Quiroga, ex secretario general de Gobierno del Estado de México-, ya que teníamos conocimiento de que Alberto Martínez Sosa no había participado, ni existía prueba o reconocimiento de que hubiera intervenido en la privación ilegal de la libertad de los militares”, expone Alfonso Benítez en el documento que recaba su confesión.

Martínez Sosa, prosigue Benítez Luna, fue detenido por el simple hecho de ser propietario del inmueble al que, al parecer, fueron llevados los militares.

“El entonces delegado consideró que estaba relacionado con los hechos, por tanto ordenó que se hiciera el reconocimiento de los militares ofendidos con Alberto Martínez Sosa con la obligación de que lo señalaran como una persona participante en los hechos delictuosos y así poder consignarlo”, refiere Benítez Luna durante la diligencia.

Gama García indicó que al menos 15 testigos, entre ellos el entonces presidente municipal de Luvianos, Francisco Arce Ugarte, sus familiares y funcionarios municipales declararon que al momento de los hechos Alberto Martínez se encontraba reunido con ellos, en la casa del alcalde, por lo que resultaba imposible que hubiera cometido el delito.

Además, indicó, en 2008 dos integrantes de La Familia Michoacana se adjudicaron el “levantón”, e incluso les fueron encontradas las armas de los ofendidos.

El abogado recordó que también promovió denuncia por falso testimonio contra los militares por haber mentido, pues el 11 de octubre de 2007 los elementos secuestrados catearon el rancho, encontraron una foto de cuerpo completo de Alberto Martínez, pero no lo señalaron desde entonces, sólo anexaron la gráfica al expediente.

Aunque los militares ya fueron consignados dos veces, expuso, los jueces han negado la orden de aprehensión diciendo que no tienen suficientes elementos; Leonardo Gama consideró que la negativa responde a que si se detiene a los elementos castrenses, debe quedar en libertad Martínez Sosa, y a que se quiere evitar la denuncia por reparación del daño.

El abogado indicó que en la actualidad se desahoga el último recurso de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado Penal -cuya resolución se prevé para marzo o abril-, y se espera la respuesta a la solicitud de indulto planteada al presidente López Obrador “pidiendo la libertad porque el inculpado no participó en el ilícito”.

Adicionalmente, expuso, la directora del penal de Santiaguito emitió un documento en el que todos los consejos del centro de reinserción coinciden en que Alberto Martínez es un interno modelo y por eso solicitan su libertad.

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