El sector privado nunca ha rendido cuentas sobre el manejo del agua que utiliza: Abigail Martínez
Abigail Martínez Mendoza, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de México (UAM) campus Lerma, consideró que en el debate, análisis y estudio sobre la administración, uso y destino del agua, debe ser incluido sí o sí el sector industrial y privado en general y no solo al ciudadano.
Lo anterior, dijo, pues mientras el primero se conduce con absoluta opacidad y nunca se le exige una rendición de cuentas sobre la sustracción, manejo y uso de miles de metros cúbicos de agua que hace por minuto, en su estatus de gran consumidor; al segundo se le pide que le cierre a la llave, sea cuidadoso y cumplido en su relación con el agua.
Un trato inequitativo partiendo de que la industria es la gran consumidora de agua en el país, dijo.
En entrevista con Luis Pantoja Ríos, periodista y titular del programa “De Análisis” que se transmite de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas por la plataforma de información comunicadoresmx, la investigadora de la UAM, Martínez Mendoza, opinó que las instituciones y sociedad en su conjunto le otorgan al ciudadano un trato de “plomero”, porque le piden que este al pendiente de la operación, uso y destino del agua, así como de las fugas, pero a los grandes consumidores como son las refresqueras, cerveceras, industria automotriz y sector privado en general, jamás se les cuestiona la operación de los miles de litros que manejan al minuto.
Ante esa realidad, la catedrática de la UAM consideró que existe una gran manipulación donde pareciera que los ciudadanos son los únicos responsables del cuidado del agua, no así los grandes negocios e industria en general.
En este sentido, puntualizó, que la y el ciudadano tienen dos tipos de relación con el agua, desde el punto de vista contractual, paga por su consumo y por el servicio, es decir, por usarla para distintas tareas y porque le llegue de manera ininterrumpida y de calidad.
Premisas que desafortunadamente en algunas zonas del Estado de México no se cumplen, y de ahí la necesidad de impulsar una responsabilidad compartida, donde estén involucrados los consumidores, el gobierno y el sector privado.
Para que suceda lo anterior, mencionó, todos los involucrados deben conocer los planes y estrategias que implementa el sector público para mantener el suministro de forma permanente y con altos estándares de calidad, pero como eso no pasa.
México tiene el récord, la posición número uno, en consumir agua embotellada porque el agua de la llave no cumple con la calidad en algunos casos, y eso ha generado desconfianza generalizada y por ende las compras masivas de agua embotellada.
En este sentido, la profesora investigadora de la UAM, Abigail Martínez Mendoza, precisó que en el Estado de México y en el país en general la gente percibe olores y sabores en el agua, y eso le ha generado una profunda desconfianza que catapulta la compra de agua embotellada.
En ese “mundo del agua embotellada”, está el “submundo del agua embotellada”, donde un garrafón de dudosa procedencia, en cuanto a su pureza, tiene un costo en el mercado “negro” de 15 a 20 pesos.
Esa calidad de agua ha estado generando otro grave problema: la calidad del agua embotellada y, por ende, de afectación a la salud.
Preciso que las embotelladoras caceras de agua “potable” y/o locales, han estado surgiendo de forma acelerada, entre otros factores, porque no hay un robusto sistema de inspección.
Abigail Martínez consideró que para mejorar y garantizar el suministro de agua potable en toda la entidad se requiere de un cambio profundo.
El cual, dijo, ya se está generando en algunos sectores, y en el mismo gobierno federal y estatal, por lo que “no debemos espantarnos con el denominado Día Cero” es decir la fecha en que no habrá agua, pero si ocuparnos en buscar soluciones conjuntas entre los tres entes antes mencionados, emprendiendo acciones concretas para atender de inmediato los problemas de agua de cada municipio mexiquense.
En el ámbito legal, Abigail Martínez apuntó que se requiere de una actualización total del marco normativo, por la Ley de las Aguas, data de 1992.
¿Las sequias e inundaciones en algunas zonas del Estado de México tienen que ver con la errónea implementación de políticas públicas? Se le cuestionó a la catedrática.
“Tiene que ver con varias cosas, no solo con una eficaz política de agua, sino también de diseño urbano, de las zonas urbanas que no deberían estar en ciertos lugares como por ejemplo San Mateo», ya que pese a ser una región lacustre, de ciénega, ahí un grupo de personas decidió urbanizar y las consecuencias están a la vista con las inundaciones de cada temporada de lluvias.
En ese sentido, sostuvo que hay varias opciones para poder tener un buen manejo del agua de lluvia, entre los cuales está la habilitación de un drenaje pluvial a través del cual se inyecte el vital líquido al acuífero y/o se envíe el caudal a grandes cisternas.
Por último, Abigail Martínez dijo que el agua no es un recurso, sino un bien público.