De acuerdo a la ley, las multas impuestas no podrán ser pagadas con recursos públicos, sino que se cobrarán directamente de los bolsillos de las y los servidores públicos a quienes se impongan estas medidas de apremio.

En uso de su autonomía, este Instituto impuso un total de 169 medidas de apremio a personas servidoras públicas, adscritas a diferentes sujetos obligados de la entidad mexiquense

En un mensaje de unidad, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) aprobó dos acuerdos, mediante los cuales se impusieron diversas medidas de apremio, correspondientes al apercibimiento y la amonestación pública, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Transparencia Local.

Derivado del incumplimiento parcial o total de las resoluciones a recursos de revisión emitidos por este Instituto, el Pleno aprobó la imposición de 169 medidas de apremio, que tienen como propósito exigir el cumplimiento de las resoluciones; ya que el Infoem se encuentra comprometido con esta tutela y con el claro convencimiento de la necesidad de exhortar a los sujetos obligados mexiquenses al cumplimiento de las resoluciones emitidas.

En este sentido, se expresó que con dicha aprobación, este Pleno ha dado un paso más en su compromiso con la transparencia y los dos derechos que tutela, pues dará inicio a la aplicación de medidas de apremio previstas en las leyes, ya que en ocasiones constituye el único medio para que las personas puedan hacer valer sus derechos; por lo que se hizo un llamado a todos los sujetos obligados de la entidad, para que cumplan con sus obligaciones. Al mismo tiempo, se exhortó a todas y todos los mexiquenses a ejercer sus derechos y reportar cualquier incumplimiento, a fin de que este instituto pueda tomar las medidas correspondientes.

También se señaló que, de acuerdo a la ley, las multas impuestas no podrán ser pagadas con recursos públicos, sino que se cobrarán directamente de los bolsillos de las y los servidores públicos a quienes se impongan estas medidas de apremio.

Con la aplicación de éstas se busca generar mecanismos más eficaces, prontos y expeditos para que las personas vean respetados sus derechos humanos, al tiempo que mejoren la confianza en el actuar de los organismos garantes; pues es necesario agotar todas las posibilidades que den cabal cumplimiento al ejercicio pleno de ambos derechos humanos.

Por otra parte, al argumentar que el Infoem no permitirá el menoscabo de los derechos que tutela, se extendió la invitación a quienes integran los sujetos obligados de la entidad, para acercarse a este organismo autónomo, pues en ocasiones no saben cómo responder una solicitud de información pública, cómo resolver dudas en términos legales o cómo cumplir con sus obligaciones de ley. Por lo que este instituto refrendó su deber como guía y acompañamiento para ayudarles a cumplir en tiempo y forma, con lo que se evitarán este tipo de medidas.

El Infoem reitera que estas acciones no buscan perjudicar a las y los servidores públicos, sino lograr que las solicitudes de información sean respondidas con oportunidad. No se trata, pues, de ser un organismo perseguidor, sino de buscar los mecanismos que logren garantizar los derechos de cada persona. Ante ello, se instó a las y los servidores públicos a documentar toda petición de información que realicen a quienes integran sus sujetos obligados, con la finalidad de que la investigación realizada arroje verdaderamente a la o las personas que no quieran entregarla; pues cuando se hacen bien las cosas, no hay porqué ocultarla.

Los sujetos obligados que cuentan con servidoras o servidores públicos sujetos a medidas de apremio se dividieron en dos acuerdos aprobados: El primero corresponde a la imposición de 129 apercibimientos a ocho personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo; 95 de ayuntamientos; 20 de los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); cuatro de organismos de agua, saneamiento y alcantarillado de diferentes municipios; así como a dos personas adscritas a tribunales administrativos y autoridades jurisdiccionales.

En el segundo acuerdo aprobado se impusieron 40 amonestaciones públicas, de las cuales 31 corresponden a diferentes ayuntamientos; cuatro a sistemas municipales DIF; y cinco a organismos de agua, saneamiento y alcantarillado municipales.

Cabe destacar que la imposición de estas medidas se incorporó como atribución en el Reglamento Interior del Infoem, de reciente aprobación. Además, la ley en la materia contempla que el Instituto podrá imponer apercibimientos, amonestaciones públicas y multas de 150 hasta mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que fijaría hasta en 155 mil 610 pesos la multa máxima, en este 2023.