Según datos del INEGI, hay 86 mil 317 personas privadas de su libertad que se encuentran sin sentencia.

A nombre del PRD, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa presentó una iniciativa para que los jueces estén obligados a revisar la prisión preventiva oficiosa decretada en un proceso penal, cuando su duración haya rebasado el plazo de dos años y, en su caso, determinar su cese o prolongación.

El legislador destacó la importancia de hacer efectiva, desde el ámbito legislativo, la jurisprudencia por precedentes que ya estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Para cumplir con este objetivo, propuso adicionar los párrafos décimo y undécimo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, proyecto que fue turnado a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 

“Es relevante cómo la SCJN hace énfasis sobre el hecho de la prisión preventiva, que bajo la normatividad internacional debe ser impuesta como una medida cautelar excepcional, por lo que es obligación de los legisladores atender lo resuelto por el Máximo Tribunal”.

Debemos de legislar, insistió, para que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se materialice esta obligación porque en nuestro país, según datos del INEGI, hay 86 mil 317 personas privadas de su libertad que se encuentran sin sentencia.

Además, en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, dijo, se tiene una contabilidad de 220 mil personas en esta situación, de las cuales, 23.9 por ciento tardaron más de dos años para obtener sentencia.

Ante estos datos, Mancera Espinosa consideró que es momento de que los legisladores y las legisladoras tomen acciones, para resolver esta situación y dejar establecido en la Ley la obligación de los juzgadores a revisar todos los casos en los que se haya dictado la medida para determinar si es necesaria o ya dejó de serlo.