Diputados piden al gobierno mexiquense investigar presuntos ataques contra autoridades municipales y pobladores.

Que el gobierno estatal investigue la tala clandestina en Ocuilan y los actos delictivos cometidos en perjuicio de autoridades municipales y la población que lucha contra esa actividad en las zonas forestales, fue el pronunciamiento del diputado de morena, Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, al que se sumaron las diputadas Araceli Casasola Salazar (PRD), María de Lourdes Garay Casillas (PES), Juliana Felipa Arias Calderón y Rosa María Pineda Campos, así como los legisladores Carlos Loman Delgado, Juan Carlos Soto Ibarra, y el Grupo Parlamentario del PT.

En sesión del Tercer Periodo Ordinario, el legislador Gutiérrez Cureño se pronunció ante el Pleno de la 60 Legislatura para solicitar acciones de la Secretaría del Medio Ambiente, la Procuraduría de Protección al Ambiente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad, ante las situaciones señaladas.

Gutiérrez Cureño explicó que en el parque nacional Lagunas de Zempoala, ubicado en la Faja Volcánica Transmexicana, que en esta parte abarca los municipios de Huitzilac, Morelos, y Ocuilan de Arteaga, en el Estado de México, ha sido afectado desde hace muchos años por la devastación de los talamontes, quienes han arrasado con más de tres mil hectáreas y que se encuentran auspiciados por gente de poder económico y grandes madereros que les surten de armas, equipos de radiocomunicación y sierras de última generación.

“A pesar de que se han iniciado carpetas de investigación, no se ha visto que este problema se haya reducido; por el contrario, se estima que se talan alrededor de 300 árboles al día, los cuales son sustraídos ante la mirada atónita de los pobladores y la omisión de las autoridades para combatir estas actividades”, lamentó.

También recriminó el clima de violencia en la zona, ya que el alcalde de Ocuilan, Félix Alberto Linares González, fue agredido a balazos cuando viajaba a bordo de su camioneta hace unos días, por lo que el diputado solicitó que las autoridades estatales garanticen la seguridad de las autoridades municipales.

La legisladora Juliana Felipa Arias manifestó, como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, manifestó su preocupación por la tala clandestina en los municipios de Ocuilan, Temoaya y Amanalco, y recriminó que mientras unos se preocupan por reforestar y plantar árboles, las instituciones encargadas de salvaguardar los bosques no hagan nada para frenar la actividad clandestina que afecta al medio ambiente.

ANALIZARÁN EXHORTO PARA MEJORAR LA VIALIDAD IXTLAHUACA-JILOTEPEC

A propuesta del Grupo Parlamentario del PVEM, las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Pública y Tránsito de la 60 Legislatura analizarán un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones a que aplique las normas de construcción, conservación y seguridad establecidas en el proyecto ejecutivo de modernización de la carretera Ixtlahuaca- Jilotepec.

El punto de acuerdo, presentado por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, solicita que a través de la Junta de Caminos se apliquen las medidas respectivas en relación con los topes, reductores de velocidad y puentes peatonales de esa vía, además de que sean remitidos a la 60 Legislatura los dictámenes técnicos que dieron origen a su instalación y autorización de éstos.

La legisladora explicó que en 61.7 kilómetros de la carretera estatal Ixtlahuaca-Jilotepec existen 79 topes, lo cual indica que en promedio hay un tope por kilómetro, que no cuentan con señalización ni estructura unificada.

Detalló que, de acuerdo con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, usar un tope tiene un costo para el conductor de 30 centavos de gasolina y el automóvil, al pasarlo, emite 10 veces más dióxido de carbono que si circulara continuamente, por lo que lamentó que en México se desconozcan cuántos reductores de velocidad existen porque no hay un registro sobre dónde se deben instalar.

Lo anterior, agregó la diputada, deriva en que la población manifieste la necesidad de colocar reductores de velocidad por seguridad contra los vehículos que circulan a velocidades inadecuadas, aunque no exista una normatividad para su colocación.

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