Las prácticas de tortura demuestran la dureza de las cárceles mexiquenses y las graves violaciones a los derechos humanos del sistema penitenciario.
Por Gabriela Landetta
“Una cosa es la corrupción y otra ya es el cinismo y la brutalidad. Eso no puede quedar así…”, manifestó José Humbertus Pérez Espinoza ex Prisionero de Conciencia, y fundador de la organización civil “Presunción de Inocencia y Derechos Humanos”, a COMUNICADORESMX, al referirse al incremento en el nivel de agresividad y de violaciones a los derechos humanos que sufren las Personas Privadas de su Libertad (PPL) en los centros penitenciarios estales, bajo el aval de las autoridades mexiquenses y la omisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
El trágico resultado de esos actos fue el reciente homicidio de Guillermo Vargas Morales en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Otumba, quien primero estuvo incomunicado 15 días en el módulo de conductas especiales conocido como “La Roca”, en donde fue torturado, situación que le provocó la muerte. Las autoridades del penal argumentaron que se trató de un “suicidio”, como han hecho creer con otros cinco casos semejantes. Sus familiares exigen justicia.
Ante este hecho, ejemplo de lo que ocurre en las cárceles mexiquenses, Pérez Espinoza entregó un escrito a la Codhem, a la cual acusa de no investigar las denuncias presentadas ante el organismo por el aumento en los casos de violaciones a las garantías individuales de las PPL “desde la llegada a la Dirección General de los Centros Penitenciarios del Estado de México del Maestro en Mercadotecnia,” Jaime Echarte Mojica, y del subsecretario de Control Penitenciario Dr. en Economía Manuel Palma Rangel.
En el documento pide entonces al ombudsperson, Jorge Olvera García, que se inicien las investigaciones “en contra del pseudo comandante Daniel Camacho Liborio, alias el “Acapulco” y contra el director del Centro de Prevención y Reinserción Social de Otumba Francisco Javier San Martín Flores, por actos de tortura cometidos de manera sistemática en contra de los internos que son sometidos en el Módulo de la Roca y de manera concreta por la tortura y el asesinato de Guillermo “N” que antes de su muerte fue brutalmente torturado…”
El también promotor de la Ley de Amnistía del Estado de México señaló en el texto entregado a la Codhem que Camacho Liborio es el principal responsable de los actos de tortura que le causaron la muerte a Vargas Morales, bajo las instrucciones San Martín Flores, “el cual permite las prácticas de tortura y es cómplice de los homicidios (…) ambos personajes están vinculados con otros homicidios que les han provocado por las graves torturas a las que han sido sometidos los PPL (…) y posteriormente los cuelgan, argumentando que fue un suicidio, como el del finado Guillermo “N”, y que en menos de 6 meses se han presentado cuando menos cinco casos similares”.
En su programa Prisionero de Conciencia, que se transmite los jueves a través de la plataforma de COMUNICADORESMX, José Humbertus Pérez, también habló sobre este caso y señaló que este personaje conocido como “El Acapulco” en el bajo mundo penitenciario, se caracteriza por ejercer la tortura contra los internos en ese penal y aseguró que esas acciones, “no las vamos a permitir”.
Mencionó que en el tiempo en el que estuvo en la cárcel, “tuvimos el honor de correr cuando menos a dos directores y a más de cuatro comandantes corruptos (…) y no les permitimos ni les vamos a permitir que continúen con lo mismo, sobre todo porque hay acusaciones muy serias contra Daniel Camacho Liborio de cómo se ha torturado a la gente en los penales”.
Agregó que “estas prácticas –las torturas- que debieron ser totalmente cosa del olvido, hoy demuestran la dureza de las cárceles, las graves violaciones a los derechos humanos del sistema penitenciario” y señaló como responsables de esos hechos a Jaime Echarte Mojica, Manuel Palma Rangel y al propio secretario de Seguridad, Rodrigo Celis.
A esas graves violaciones a los derechos humanos de las PPL se suman “los grandes negocios por pagos indebidos que deben realizar familiares e internos, las muertes por homicidio no se reportan y los coordinadores de las áreas médicas donde suceden estas conductas del delito de acción, como lo es el homicidio, lo pasan como una muerte natural”, denuncia Pérez Espinoza en el documento entregado ante la Codhem.
Amenazado para que el próximo lunes no acuda al penal de Otumba a realizar un plantón en contra de estos hechos, José Humbertus Pérez también demandó a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad su apoyo, a fin de evitar que las autoridades penitenciarias quieran provocar un motín para responsabilizarlo de ello, y acredite que su movilización es pacífica con la intención exigir respeto a los derechos humanos en ese penal.
A COMUNICADORESMX le expresó “yo no tengo problema, no nos vamos a amedrentar, ni nos vamos a echar para atrás… Vivir en un penal es sufrir mucho (…) y la mayoría de la gente es sometida. Una gran cantidad es inocente, otros sí son –culpables-, pero es un abuso todavía estar en la cárcel y que a la gente la maten…”, y señaló que el actual titular de la Secretaría de Seguridad, Rodrigo Celis Martínez, no pone un alto a estas acciones.
La brutalidad física no es la única manera en que se atenta contra la integridad de las PPL. También está la violencia económica que afecta tanto a los internos como a sus familias que son las que deben reunir el dinero necesario para cumplir con las cuotas que se exigen en el interior de las cárceles del Estado de México, las cuales se han incrementado, desde que se dieron cambios en la Secretaría de Seguridad. Este hecho, también lo denuncia Pérez Espinoza ante la Codhem.
“… el Dr. Jaime Echartea Mojica, para escuchar las conversaciones de los internos, quitó la telefonía fija de Telmex, por una empresa particular, que en las tarjetas de pre-pago no viene definida la persona moral, no se contabilizan el costo por minutos y mucho menos un teléfono para presentar las quejas, aclarando que estas tarjetas fueron impuestas a la población penitenciaria y que su costo supuestamente de 30 pesos, las venden a 40, 50.00 y hasta 60 pesos por tarjeta…”
Señala que estas tarjetas se venden diariamente por miles los penales, lo que representa un negocio millonario “que va a los bolsillos de Jaime Echartea Mojica, de Manuel Palma Rangel y Mauricio Martínez Celis, pero no solo la venta de las tarjetas es un abuso, también el incremento a los refrescos, la leche, el pan, alimentos chatarra, incrementándolos hasta más del 200 por ciento, como otra forma de generar la corrupción y tener un negocio boyante todas las autoridades implicadas en el Sistema Penitenciario”, acusó José Humbertus Pérez.
EXHORTO DE LA LEGISLATURA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD
Precisamente para pedir que cesen los actos de corrupción que se realizan en el interior de los centros penitenciarios del Estado de México, la 60 Legislatura de la entidad aprobó este jueves, por unanimidad, un exhorto dirigido al titular de la Secretaría de Seguridad para que se lleven a cabo las acciones pertinentes para eliminar esas prácticas que se han incrementado a partir de que se aprobó y entró en vigor la Ley de Amnistía del Estado de México.
En los argumentos presentados por el diputado Heleodoro Enrique Sepúlveda Ávila, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, refiere que “por el llenado de presuntos formatos autorizados de amnistía, por acudir a locutorios, por acceso al buzón de la Codhem, por recibir solo información para una solicitud, por autorización de correo electrónico, para recibir las notificaciones manejados por las “mamás o jefas del cantón” como coloquialmente se le conoce en el interior carcelario, representa un costo de entre 500 y 2 mil 500 pesos”.
“A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía estos pagos “necesarios” se han incrementado, sobre todo para quienes pretenden presentar una solicitud para tratar de verse beneficiados. Ahora se les exigen pagos de extorsión mayores, pudiendo incluso ser objetos de golpes y actos de tortura sobre quienes no pueden o no quieren pagar”, expuso el legislador.
Agregó en la exposición de motivos correspondiente que “quienes presentan solicitudes ante la Comisión Especial de la Ley de Amnistía han denunciado que lo anterior es una práctica recurrente y cotidiana por parte del personal que labora dentro de los centros así como de los grupos conocidos como autogobiernos”.
Señaló que tal situación se presenta sobre todo en los centros penitenciarios de Almoloya de Juárez, Chiconautla, Neza Bordo. Mención especial, dijo, es el Centro Preventivo de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán, mejor conocido como Barrientos, “en donde a partir del cambio de dirección, extrañamente las cuotas se han incrementado hasta tres veces su valor”.
