sábado, abril 17, 2021
Justicia penal: ante los retos, propuestas

La percepción de las víctimas en un 60%, es que denunciar es una pérdida de tiempo y que no se obtienen resultados: IMCO

El acceso a la justicia genera un entorno propicio para la competitividad, ya que requiere que el Estado cuente con instituciones funcionales para que la ciudadanía tenga alternativas para la solución de sus conflictos o para la denuncia de transgresiones a sus derechos. Esto resulta determinante para lograr un verdadero estado de derecho, el cual sin duda contribuye a la calidad de vida de la población, y, por tanto, promueve la atracción y retención de talento, lo cual favorece la llegada de inversiones.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) apuesta por la mejora de las capacidades institucionales para el acceso a la justicia. Por ello, en 2017, a través del estudio de jurimetría, una herramienta analítica automatizada, realizado en la Fiscalía de Morelos, fueron identificadas las áreas de oportunidad en la denuncia, las labores de los asesores jurídicos y el uso del archivo temporal. Para dar seguimiento a estos hallazgos, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y en colaboración con el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), se realizó el Seminario “Acciones para el fortalecimiento de la justicia penal en México”, donde especialistas en el Sistema de Justicia Penal expusieron sus perspectivas y propuestas para la mejora de la procuración de justicia y evitar la impunidad, los cuales serán ejemplificados de manera práctica a través de un caso que relata el día a día de las instancias de procuración de justicia en México.

Rosa es una trabajadora de ventas en línea. Su celular, además de ser su medio de comunicación personal, es su herramienta de trabajo. Rosa tomaba la misma ruta de transporte en horas similares para comprar artículos de su negocio. Mientras esperaba el autobús, unos sujetos la abordaron y le quitaron sus pertenencias, entre las que se encontraba su celular. El hecho fue presenciado por algunos locatarios, los cuales le facilitaron información que permitió identificar los nombres y domicilios de los delincuentes. Aunque sus conocidos le sugirieron olvidarse de lo sucedido, ella decidió denunciar.

Rosa acudió a la Agencia del Ministerio Público, después de 2 horas de espera, un agente de la misma, le preguntó el motivo por el que acudía, ella relató el hecho del cual fue víctima, mientras que el agente la miraba con sospecha le insinuó que en ocasiones la gente acudía cuando perdían sus pertenencias, lo que la hizo sentir que el agente no creía en su versión, ni en su calidad de víctima.

Lo que sucedió a Rosa, es la experiencia general de las víctimas. En 2018, del total de delitos que se estima ocurrieron, sólo el 10.6% de estos fue denunciado y menos de la mitad tuvo algún resultado. La percepción de las víctimas en un 60%, es que denunciar es una pérdida de tiempo y que no se obtienen resultados. A ello, hay que sumar que usualmente en el proceso de denuncia se exige que comprueben la veracidad del hecho sufrido, problemática que se acentúa para las víctimas indirectas y que representa una violación a sus derechos humanos. Lo anterior da cuenta de la necesidad de dotar de capacidades a los operadores del sistema justicia para atender a las víctimas.

Pese a los obstáculos, Rosa logró interponer su denuncia, pero la actitud desinteresada y los múltiples asuntos que el agente atendía a la vez, hicieron que ella se limitara a recibir una copia de su denuncia. El agente le indicó que regresara en un par de semanas, dejándola con dudas sobre su denuncia y los derechos que tenía.

Es evidente que, sin acompañamiento jurídico de un experto, la atención a las víctimas en las instancias de justicia, se ven disminuidas. El sistema de justicia reconoce el derecho de las víctimas a contar con un asesor jurídico que las oriente y defienda ante posibles negligencias u omisiones por parte del agente del ministerio público que atenten contra la resolución del caso, así como para que aporte y sugiera actos tendientes al esclarecimiento de los hechos.

A pesar de ello, los porcentajes de asignación de asesores permiten identificar un importante reto, ya que solamente en el 29% de robos y el 30% de homicidios denunciados, contaron con este tipo de acompañamiento según la evaluación realizada por el IMCO. Al respecto es importante considerar que existen únicamente 254 asesores jurídicos para proporcionar acompañamiento para las miles de víctimas del país.

Rosa fue en varias ocasiones a la agencia de ministerio público a saber lo que sucedió con su caso, pero el agente que tomó su denuncia siempre se encontró atendiendo otras diligencias y nadie más la atendió. En la última visita que realizó a la agencia, un mes y medio después de haber denunciado, insistió que le permitieran ver su carpeta de investigación. Al leer las hojas seguidas a su denuncia, notó que el ministerio público señalaba que su caso se remitía al “archivo temporal”, al preguntar sobre lo qué significaba este término, sólo se le comentó que su caso ya no sería investigado.

En México, 6 de cada 10 casos siguen el patrón de lo que le sucedió a Rosa, es decir, después de la denuncia son remitidos al archivo temporal. Si bien, esta figura jurídica no es definitiva, su uso generalizado en las fiscalías disimula la ineficiencia de la labor de las mismas, el rezago de expedientes, y la congestión en sede ministerial. Por ello, el archivo temporal hasta ahora, se ha traducido en una congeladora legal, donde los casos son enviados para esperar a su prescripción.

Finalmente, al no encontrar interés ni compromiso por parte de las autoridades de justicia para el esclarecimiento del delito que había sufrido, y al desconocer los caminos procesales para inconformarse respecto a las actuaciones omisas del Ministerio Público, ya que no contaba con la representación de un asesor jurídico, Rosa se retiró de la agencia decepcionada al reconocer el grave contexto de impunidad en México.

PROPUESTAS

Después de esta historia, que a su vez refleja la realidad de cientos de casos y la información compartida por las y los panelistas, se observa, que para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal son necesarios varios ajustes que generen resultados para la población. Éstos, son posibles con voluntad política de los tomadores de decisiones y políticas públicas integrales que consideren la coordinación interinstitucional y la inversión estratégica del presupuesto, ejes clave para responder a las demandas de justicia de la sociedad mexicana. Para lograrlo, se propuso:

Realizar planes de investigación tendientes a priorizar la atención en delitos de alto impacto”, a fin de favorecer el esclarecimiento de los hechos que más laceran el tejido social y el orden público.

Fijar estrategias de comunicación y coordinación entre las labores de la policía de investigación y los servicios periciales, para generar elementos probatorios sólidos y exhaustivos para el esclarecimiento de los hechos delictivos.

Fortalecer las capacidades del ministerio público como coordinador de la actividad investigativa, con el fin de que cuente con las aptitudes para orientar el trabajo de policías de investigación y peritos, así como para conducir planes de trabajo basados en metas fijas a corto plazo.

Redirigir los esfuerzos de los operadores de justicia, procurando que enfoquen sus labores en actividades propias de su cargo, y evitar que el tiempo de sus actividades sea invertido en tareas administrativas que retarden los resultados en las investigaciones.

Efectuar capacitación continua para los operadores del sistema, y evaluar los impactos de la misma para identificar los conocimientos y competencias donde aún existen deficiencias, especialmente en temas de Derecho penal procesal y sustantivo, Derechos Humanos, litigación y coordinación de investigaciones.

Atender las demandas de los operadores del sistema penal, ya que son ellos quienes identifican las necesidades de infraestructura, capacitación, de recursos materiales y humanos, para la ejecución de sus facultades de manera adecuada.

Reglamentar el uso del archivo temporal, restringiéndolo en delitos de alto impacto, y limitándose a casos donde no existan diligencias que puedan aclarar el delito y la participación de quien lo cometió.

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