lunes, julio 26, 2021
Kenia inicia huelga de hambre

La defensora de derechos humanos anunció que a partir del 17 de mayo de 2021 se declara en huelga de hambre en el Centro Femenil Federal de Alta Seguridad de Morelos.

Por Gabriela Landetta

A través de sus redes sociales, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) dio a conocer que la activista Kenia Inés Hernández Montalván, recluida en el Centro Femenil Federal de Alta Seguridad de Morelos, se declaró en huelga de hambre a partir de este lunes 17 de mayo.

“La decisión la toma ante la sistemática discriminación y racismo con el que está siendo tratada por autoridades gubernamentales y particularmente por CAPUFE quien irracionalmente se empeña en mantener en prisión a Kenia”.

Asimismo, se anunciaron una seria de movilizaciones de diversos colectivos en apoyo a la decisión que ha tomado la activista oriunda de Guerrero.

“La acción se mantendrá paralela a las jornadas de movilización que el Frente Popular de la Montaña de Guerrero, el Colectivo Libertario Zapata Vive y muchas organizaciones más están desplegando en la CDMX para visitar distintas sedes diplomáticas para internacionalizar el caso así como instalar una mesa de diálogo con las autoridades involucradas”.

Ante la posibilidad de sentenciar a Hernández Montalván a cinco años y cinco meses de prisión por el delito de obstrucción a las vías de comunicación, “se solicita la atención de la sociedad civil nacional e internacional, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Onudh Mexico ante esta delicada situación de criminalización a la protesta, específicamente a quienes la ejercen”.

KENIA, CASO GRAVE DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Cabe destacar que en el informe de los defensores de derechos humanos del país, denominado “Semillas de la Dignidad y la Lucha”, en el que se da a conocer la situación de las personas defensoras en México 2019-2020, uno de los casos más graves de criminalización actualmente, es el de coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y dirigente del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, Kenia Hernández, a quien se le han iniciado proceso con pruebas falsas en al menos tres fiscalías estatales. Enfrenta cinco cargos de orden federal y dos de fuero común, “Su persecución política es evidente, en tanto se generan nuevas acusaciones de delitos que buscan mantenerla en prisión”.

El 18 de octubre de 2020, Kenia Inés Hernández Montalván, activista y luchadora social, fue detenida en Puebla. Se le acusó de un supuesto ataque a vías de comunicación, ocurrido un año antes, en el estado de Guerrero. Esa fue la segunda ocasión, en cuatro meses, en ser aprehendida.

En menos de 20 días, la dirigente de la organización “Zapata Vive” estuvo recluida en los penales de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en el de Acapulco, Guerrero, y en el Centro de Readaptación Social de Morelos número 16, de Coaotlán del Río, Morelos, donde actualmente se encuentra privada de su libertad.

“Defensora de los derechos a la tierra, la identidad colectiva y promotora de diferentes formas de resistencia y protesta pacífica. Debido a su labor de defensa de derechos humanos de los pueblos ha sido objeto de constante hostigamiento y criminalización por parte de actores particulares y agentes estatales”, denuncia la Red TDT.

Además, califica de grave el hecho de que  uno de los argumentos usados en su contra es “señalar que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas le había retirado las medidas, es decir, la Fiscalía estatal desestimó su labor como defensora de derechos humanos a través de un oficio, cuando es evidente que el hecho de haber contado o no con medidas de protección otorgadas por el Estado que hoy la criminaliza, no es ni debe ser una condicionante para considerarla persona defensora de derechos humanos”.

EL REPORTE DE “SEMILLAS DE LA DIGNIDAD Y LA LUCHA”

Integrada por 85 organizaciones en 23 estados del país, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) reporta que en ese periodo  fueron asesinadas 45 personas defensoras de derechos humanos.

De  esa cifra, 19 homicidios corresponden a defensores comunitarios,  15 a defensores de derechos económicos, sociales, culturales y ambientas, DESCA; 6 crímenes se cometieron contra defensores de las personas de la comunidad LGTBTTTIQ+, otros se perpetraron contra quienes defendían derechos civiles y políticos, y dos contra comunicadores con enfoque de Derechos Humanos.

“Intimidación, estigmatización, amenazas, acoso, desacreditación y criminalización por su labor, especialmente cuando su trabajo apela o incomoda a actores estatales”, son algunas de las situaciones a las que se enfrentan los defensores destaca el reporte, en el que también se alerta sobre la actuación del Estado mexicano, no solo porque no reacciona ante estas situaciones, sino porque además “pone en entredicho la labor de defensa de derechos humanos, criminalizando y estigmatizando a quienes la desempeñan”.

“En México, desde hace dos años el gobierno federal, concretamente el presidente, ha sido un foco de grave preocupación pues constantemente recurre a este tipo de señalamientos durante sus conferencias matutinas, con lo que deslegitima la labor de las organizaciones y, esencialmente, demuestra un amplio desconocimiento y descrédito de la defensa de los derechos humanos y de las luchas históricas de pueblos y comunidades”, se destaca en el informe.

Se destaca que los tres niveles de gobierno son los principales interesados en desacreditar  la labor de los defensores de derechos, lo cual realizan mediante declaraciones o notas periodísticas en las que acusan a personas y organizaciones de tener “intereses ilegítimos”, o de ser apoyados financieramente por “opositores” al gobierno.

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