jueves, marzo 28, 2024

A un año del encierro de Kenia, colectivos confían en que la nueva gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, pueda intervenir en la solicitud de libertad de la activista.

Han hecho todo lo que está a su alcance para mantener a Kenia encerrada y es a todas luces una presa política que causa incomodidad a los gobiernos, sentencia su abogado José Antonio Lara Duque, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).

Kenia Inés Hernández Montalván cumplió un año en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, en Coatlán del Río, Morelos, específicamente en el pabellón uno, módulo uno “que se traduce en la cárcel dentro de la cárcel porque continúa en aislamiento e incomunicada”.

Es por ello que el colectivo Zapata Vive decidió tomar de manera simbólica la Casa de Representación del Gobierno de Guerrero, ubicado en Polanco en la Ciudad de México, a fin de presionar a las autoridades para obtener la liberación de la activista guerrerense.

Esta acción se convierte prácticamente en el primer reto a resolver de Evelyn Salgado Pineda, quien recientemente tomó protesta como gobernadora de Guerrero, quien bajo las siglas de Morena tiene la obligación de solidarizarse con los movimientos en favor de los derechos humanos y colocar el tema como una de las prioridades de su agenda para la defensa de su “paisana”.

En la solidaridad de la nueva gobernadora, los colectivos de derechos humanos cifran sus esperanzas, luego de que ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, han abierto un ápice de esperanza para tomar el caso de Kenia a pesar de ser considerada una presa política.

Lara Duque dice que es muy clara la intención de Autovías Concesionadas Mexiquenses S.A de C.V, la empresa concesionaria de la autopista Toluca-Zitácuaro de mantener a Kenia privada de la libertad, pues es la que denunció a la activista de ataques a las vías de comunicación, hecho que derivó en dos carpetas de investigación.

“La intención de la empresa es mantener a Kenia encerrada para dar un castigo ejemplar para quienes se atrevan a tomar casetas, pues aunque hemos logrado evidenciar que no se cometió tampoco ningún robo durante la protesta, en el acta levantada, la empresa argumenta que se dejó de percibir el pago de los automovilistas y esa acción les provocó pérdidas”.

El abogado de la activista amuzga explica que le han solicitado a Kenia declararse culpable de todos los delitos que se le imputan, a fin de obtener más rápido su libertad, “pero jamás lo va hacer, porque quedaría con antecedentes penales y el día que quieran la pueden regresar a la cárcel con otro argumento infame y además, sentaría el precedente de poder consignar la protesta ciudadana y la defensa de los derechos humanos y por ello continuará luchando por demostrar su inocencia y obtener su libertad”.

EL ANTECEDENTE

El 18 de octubre de 2020, Kenia Inés Hernández Montalván, activista y luchadora social, fue detenida en Puebla. Se le acusó de un supuesto ataque a vías de comunicación, ocurrido un año antes, en el estado de Guerrero. Esa fue la segunda ocasión, en cuatro meses, en ser aprehendida.

En menos de 20 días, la dirigente de la organización “Zapata Vive” estuvo recluida en los penales de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en el de Acapulco, Guerrero, y en el Centro de Readaptación Social de Morelos número 16, de Coaotlán del Río, Morelos, donde actualmente se encuentra privada de su libertad.

Kenia Inés Hernández Montalván es oriunda del municipio de Xochistlahuaca, Guerrero y en sus actividades están la defensa de los derechos humanos e indígenas. Es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y los cargos que se le han imputado son robo agravado, robo con violencia  y ataques a las vías de comunicación.

Notas Relacionadas