Real Política
Por Rubén Islas
Ante la abrumadora ignorancia política y jurídica de la tecnocracia doctorada y del periodismo de escándalo, bien vale la pena unas clases de Filosofía Política que bien falta les hace. Un derecho sólo llega a ser tal gracias a una instancia sancionadora, la Libertad es el primer derecho que en el transcurso del tiempo histórico fue reivindicado por las personas en su relación con el poder. La validez incondicional del derecho de expresar siempre y ante cualquiera la opinión, la interpretación o el juicio personal, sin que por ello se hayan de temer sanciones, no puede ser objeto de censura y menos de sanción.
Cuando de forma literal o tácita se afirma que la dignidad humana es inviolable, el precepto aduce que quien puede transgredirla o violarla es quien tiene poder no quien no lo tiene, una lógica elemental que es comprensible hasta para un estudiante de secundaria. Por eso las reglas que determinan la protección de los derechos humanos, esto es lo que garantiza que sean efectivos, determinan la existencia de dos sujetos: el fuerte y el débil, el poderoso y el frágil.
Frente al poder de las instituciones del Estado y a sus funcionarios o funcionarias (la burocracia), cualquier ciudadano es débil y por tanto la Constitución lo protege por medio de diversos recursos legales como el Amparo. Así, en el Estado de Derecho la regla madre que norma la actuación de funcionarios públicos y personas, es que los funcionarios y funcionarias sólo pueden hacer aquello que la Constitución y la ley les impone realizar, en tanto que las personas son libres porque pueden hacer todo aquello que no esté prohibido.
No entienden, porque nunca lo aprendieron, que la Libertad es ante todo un concepto trascendente, que va más allá de todo y por ende se trata de un valor que se realiza en el vínculo del individuo con los otros mediante el uso de las palabras. Usar el poder faccioso, la calumnia o la influencia política para censurar a un ciudadano de la República es un acto que no sólo transgrede los derechos que la Constitución nos otorga, sino una traición al sentido de la ciudadanía que es de larga data.
Pasemos de la semántica a la pragmática. El Estado de México dominado por la vieja jerarquía de mujeres y hombres del grupo Atlacomulco (políticos, tecnócratas y burócratas femeninos y masculinos) sometió al periodismo a la cultura del chayote y el embute. Castigando a los auténticos periodistas profesionales y poniendo a su disposición a los malabaristas de columnas narradoras de la más barata grilla inimaginable. El uso de la calumnia y la mentira creó a una horda de mercenarios de la comunicación a las órdenes (monetarias) de las y los poderosos.
Una de las más grandes virtudes de Andrés Manuel López Obrador y de la Presidenta Sheinbaum es la de no evadir el debate, respetar la libertad de expresión y no hacer uso de mercenarios ni de jueces para dirimir un debate. La misma ruta para con la libertad expresión observo en nuestra gobernadora.
Por ello, ir en sentido opuesto en el uso de la prepotencia burocrática y de la falsificación de la realidad, vulnera los principios republicanos y humanistas de nuestro orden constitucional que sustenta la cuarta transformación. “Prohibido prohibir” es la regla, prohibido prohibir la crítica y la libertad de expresión, prohibido prohibir el uso libre del lenguaje, prohibido prohibir la difusión de las ideas mediante la calumnia y la censura.