Más de 140 familias Triquis de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca son afectadas.

La visita oficial de Cecilia Jimenez-Damary, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desplazo forzado de personas, servirá para hacer visible la difícil situación que se vive en el país, así lo consideró el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

José Lara, abogado del colectivo, afirmó que de manera reiterada se le ha insistido al Estado mexicano hacer un mayor esfuerzo para atender a miles de personas en condición de refugiadas o forzadas a desplazarse de sus territorios.

“Miles de personas se encuentran en un sector vulnerable de la población, que –producto de conflictos, persecuciones o eventos que perturbaron el orden público– han salido de sus territorios para garantizar, incluso, la vida”.

Recordó que la difícil situación que se vive en México es respuesta a la falta de atención de esta necesidad de preservar la vida, “ya que datos oficiales revelan que el desplazo forzado afecta a más del uno por ciento de la sociedad –una de cada 97 personas– mientras cada vez menos personas desplazadas pueden retornar a sus hogares de origen”.

Las personas consideradas como “desplazadas” esperan del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador una solución rápida y eficiente entre su difícil situación, grupos que provienen de diversas partes del mundo que intentan llegar a los Estados Unidos, pero sobre todo a núcleos nacionales.

En este sentido, José Víctor Rodríguez -coordinador de comunicación y prensa de dicho colectivo- recordó el largo conflicto que viven más de 140 familias de corte indígena oriundas de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, que fueron expulsadas de su tierra ante un conflicto político que la federación no ha resuelto.

“Son personas que integran el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi) que fueron forzados hace dos años a dejar sus hogares para resguardar sus vidas; llegaron primero a la plancha del Zócalo, luego en Eje Central y, más tarde, a la avenida Juárez.

“Luego el propio gobierno capitalino, el de Claudia Sheinbaum, los reprimió y expulsó de plena calle y ahora deambulan por diferentes puntos de la capital del país como si fueran delincuentes, es decir, el propio gobierno capitalino los recriminalizó”, expuso.

“No se puede esperar que las personas vivan en un estado de incertidumbre, sin la posibilidad de volver a casa, ni la esperanza de construir un futuro en el lugar donde pudieran encontrarse ahora.

“Es urgente una actitud nueva de las autoridades del Estado mexicano y receptiva hacia las personas desplazadas, junto con un impulso decidido para resolver conflictos que duran años y que están en la raíz de un sufrimiento inmenso”, expresó.

Por esta situación y muchos casos de personas vulnerables como las migrantes, indígenas, mujeres o menores de edad, es importante la visita de la representante en materia de desplazo forzado de la ONU, con quien estaremos en comunicación constante. 

El periodista de profesión acotó que, el fenómeno de desplazo forzado se asienta de manera particular en territorios como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Baja California, Oaxaca o Sinaloa, son ya similares —en número— a los casos registrados por conflictos armados en Siria e incluso Ucrania.