La Política Social en la 4T (parte 1)

POR ÁNGEL MUNDO LÓPEZ

Cuando el actual presidente de la República fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, la política social que puso en práctica se concentró preponderantemente en la entrega de transferencias económicas a integrantes de grupos vulnerables bajo una perspectiva cuasi de ciudadanía social, pues, por el simple hecho de vivir en la entidad y presentar una característica específica (ser mayor de 70 años, ser persona con discapacidad, etcétera), las personas se convertían en beneficiarios de los programas.

Desde esta perspectiva se buscaba, por un lado, marcar una diferencia respecto de los programas del gobierno Federal, caracterizados por la focalización y el establecimiento de diversas condicionalidades; asimismo, se pretendía evitar el problema de exclusión (optando por una especie de autoexclusión de las personas: quienes no quisieran recibir los apoyos estaban en libertad de no solicitarlos); por último, intentaban disminuir los onerosos costos administrativos que los mecanismos de focalización y de supervisión del cumplimiento de las condicionalidades implican.

Pese a lo acertado de estos objetivos, es necesario aclarar que las transferencias económicas presentaban ciertas debilidades: los montos eran muy reducidos, los padrones de beneficiarios crecieron de manera paulatina sujetos a las restricciones presupuestales, y poseían un claro componente mercantil al buscar dotar a los beneficiarios de una capacidad de consumo para satisfacer sus necesidades por la vía del mercado.

Durante la campaña del año 2018, así como desde el momento en que asumió la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, ha venido anunciando los proyectos que en materia social busca instrumentar, no obstante, sus declaraciones, además de presentar vaguedades generan suspicacia acerca de la forma en la que se pondrán en práctica. La escasa información que se obtiene es producto de declaraciones hechas durante las conferencias matutinas o en las giras que realiza por el territorio nacional. No obstante, información más concreta como las reglas de operación (RO) de los programas se vienen publicando a cuentagotas, lo que limita considerablemente la posibilidad de identificar el modelo que caracterizará la política social de esta administración.

En las conferencias y en los pocos documentos publicados, además de detectar una estrategia similar a la implantada durante su gestión al frente del gobierno capitalino (entrega de transferencias económicas), se identifica una especie de desdibujamiento institucional que dificulta aún más el análisis, pues, por ejemplo, la Secretaría del Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social, se encuentra encargada de poner en práctica un programa de reforestación, una función que parecería más apropiada para la SAGARPA o la SEMARNAT.

Por tanto, es necesario esperar a que se publiquen el resto de las RO de los programas sociales, así como el Plan Nacional de Desarrollo para llevar a cabo un análisis de todo el conjunto de la estrategia social que marcará lo que se ha denominado como la Cuarta Transformación (4T), no obstante, sí estamos en posibilidad de realizar análisis parciales con los documentos ya disponibles. En este caso toca el turno a las RO de Prospera Programa de Inclusión Social.

Primeramente, es necesario mencionar la trascendencia que adquiere la suficiencia presupuestal tanto para la operación como para la definición de los alcances del programa, ya que el artículo Cuarto Transitorio para el ejercicio fiscal 2019 establece lo siguiente: se harán acreedores a estos beneficios “siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los Lineamientos de ambos programas y en función de la disponibilidad presupuestal”. Esta idea se refrenda aún más en la definición del número de beneficiarios, pues se establece que: “La asignación de los beneficios del programa a las familias se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal que, el programa permita” (apartado 3.3). Es decir, el presupuesto se convierte en la variable independiente del programa, dejando en segundo término la satisfacción de las necesidades o la población objetivo a la que se encuentra dirigido.

Ahora bien, las condicionalidades se mantienen, aunque ahora bajo la figura de “compromisos” de los beneficiarios, los cuales serán: “§ Mantener actualizados los datos… § Participar voluntariamente en las sesiones informativas a las que sean convocados por la Coordinación Nacional, § Evitar que las y los integrantes menores de 15 años participen en actividades laborales… § Destinar los recursos del programa al mejoramiento de la educación… § Apoyar a las y los integrantes de la familia en edad escolar para que asistan en forma regular a clases…” (apartado 3.6.2).

Ahora bien, la selección de los beneficiarios dependerá, además, de dos criterios: que los solicitantes cuenten con un ingreso menor a la Línea de Pobreza por Ingreso (LPI), y que la familia posea al menos un integrante estudiando en la educación inicial o básica (apartado 3.2). Ante esto no queda más que plantear una interrogante, ¿no era esta la misma forma en que operaba Prospera anteriormente? La respuesta a todas luces es sí, con lo cual, parece que serán pocos (o nulos) los cambios en este programa.

La cobertura, por su parte, es definida en este documento por medio de generalidades, tal y como se puede apreciar en el apartado 3.1, en donde se menciona que “El Programa podrá tener cobertura en todos los municipios del país, con base en la disponibilidad presupuestal y de las condiciones que le permitan operar… La estimación de la meta de cobertura del Programa se podrá realizar considerando su presupuesto asignado, la cobertura de familias alcanzada al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior y el cumplimiento de criterios de elegibilidad para el Programa, entre otras estimaciones que defina la Coordinación Nacional”. En añadidura, se establece que la cobertura podrá ser nacional, aunque la selección de las localidades dependerá de “la demanda ciudadana registrada por la Coordinación Nacional”, misma que se identificará por medio de dos pasos: “a) selección de localidades, y b) focalización de familias” (apartado 3.3). Con lo señalado en estos párrafos se puede percibir que se establece una cifra, ni una definición clara de la población a la que se espera impactar.

Por último, la redacción, en general, tampoco ayuda a identificar de manera específica cuáles son los objetivos del programa, puesto que el verbo utilizado denota más una posibilidad que un hecho, tal y como puede apreciarse al inicio del siguiente enunciado: “El programa podrá otorgar las Becas… a cada familia que  (i) cuente con niñas, niños y/o adolescentes menores de 18 años cumplidos al 31 de diciembre del 2019; que estén inscritos en grados escolares comprendidos entre primero de primaria y tercero de secundaria en escuelas de modalidad escolarizada, o (ii) estén registrados en el Padrón de Beneficiarios con una edad reportada por la familia de entre 0 y 15 años al 31 de diciembre de 2019” (apartado 3.4.1, subrayado nuestro).

Como se puede apreciar, el programa no presenta grandes cambios, salvo el nombre que ahora adoptan los apoyos económicos los cuales se denominarán Becas Para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica. Por otro lado, se debe mencionar que las condicionalidades se preservan y el presupuesto adquiere una relevancia inusitada para definir tanto la operación como la cobertura. Se evidencian, además, una serie de vacíos importantes en el diseño que pueden tener una incidencia negativa en la operación, como la falta de definición del tamaño de la cobertura o las metas que se pretenden alcanzar. Por último, el criterio de la demanda introduce un aspecto innovador, aunque pernicioso, pues, tal pareciera que nos encontramos ante un producto que se rige por las leyes del mercado cuando se trata de una estrategia encargada de combatir, justamente, los efectos de éste.

Por tanto, como se mencionaba anteriormente, es menester contar con más información oficial por parte de este gobierno para analizar en su conjunto su política social, no obstante, hasta este momento, tal pareciera que nos encontramos ante una continuidad en la materia, más que en una transformación de la lucha contra la pobreza y la desigualdad que impera en este país.

 

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